El equipo de transición del gobierno electo, integrado por José Alderete y Lea Giménez, solicitó al Ejecutivo la suspen­sión de los procesos de contra­tación pública plurianuales, así como los concursos, reca­tegorizaciones y adendas en los contratos. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, contestó a través de su Gabinete Civil que no inte­rrumpirá nada.

“Nosotros estamos abiertos a revisar las licitaciones pun­tuales, lo que no podemos es permitir o incidir en que el Estado deje de funcionar regu­larmente. Las licitaciones se ciñen a un cronograma pla­nificado con meses de antela­ción y deben cumplirse en ese ejercicio fiscal. Suspender esos procesos podría ocasionar un perjuicio al Estado y a la ciuda­danía”, argumentó en conver­sación con la 730 AM Hernán Huttemann.

El jefe de Gabinete Civil enfa­tizó que Abdo Benítez es quien tiene la lapicera hasta el 15 de agosto, y es él quien asume las responsabilidades, indicó. Huttemann detalló que de las 1.815 licitaciones que son parte de presupuestos plurianuales, el grueso está compuesto por compra de medicamentos e insumos, medicamentos del IPS al Ministerio de Salud, abastecimiento de combus­tible de Petropar, manteni­miento del sistema de distri­bución eléctrica del país, entre otros.

“Es parte del proceso de plani­ficación que llevó meses. No se puede partir de la premisa de que tenemos que parar esto. Se tienen que ver cuáles son las licitaciones que se creen que tienen inconvenientes y plantearlo formalmente en el equipo de transición”, agregó.

Uno de los concursos más cuestionados y sonados es el realizado por la Itaipú Binacional para llenar 220 vacan­cias, de las que hay indicios de direccionamiento y de requi­sitos hechos a la medida, así como blanqueos de contra­taciones de personas que ya están dentro de la institución.

En su momento la exminis­tra de Hacienda Lea Giménez, también criticó las licitacio­nes plurianuales que pretende convocar el Gobierno, que ascienden a USD 1.300 millo­nes. Señaló que este tipo de acciones dejan maniatada a la próxima administración, por lo que espera que estas deci­siones se reviertan.

“Cuando un gobierno está de salida ya no puede tomar decisiones para los próximos tres años, hay que esperar por una cuestión básica de crite­rio y de gestión pública, hay una responsabilidad del admi­nistrador y la máxima auto­ridad, que es el presidente de la República”, había indicado Giménez.