El abogado de Efraín Alegre alegó primeramente que la causa denunciada ante la Fiscalía ya prescribió, luego que su defendido ya fue sobreseído. Sin embargo, en forma irresponsable y con intenciones de confundir a la opinión pública mostró un caso de una denuncia ciudadana que nada tiene que ver con la Auditoría del Poder Ejecutivo (era Lugo) que constató tragada de US$ 37 millones, también ignoró el informe de Contraloría (2009) que evidencia desfalco de US$ 72 millones. Inicialmente, el candidato de la Concertación había negado la existencia de las auditorías, luego su abogado Guillermo Duarte Cacavelos lanzó varias mentiras.

• Por Jorge Torres Romero.

Mientras Efraín Alegre alega que la acusación de tragada durante su admi­nistración en el MOPC es parte de una ficción, su pro­pia defensa reconoce que los hechos sindicados ya pres­cribieron, al transcurrir varios años de los informes de auditorías. Sin embargo, esta prescripción no anula la existencia de la situación certificada en dos informes de auditorías: una corres­pondiente a la Presidencia de la República y otra a la Contraloría.

La otra mentira del abogado Guillermo Duarte Cacave­los se basó en que supues­tamente su cliente ya fue investigado y sobreseído, pero mostró un escrito rela­cionado a una denuncia ciu­dadana que nada tiene que ver con las denuncias referi­das en la Auditoría del Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República.

Bajo la premisa de la pres­cripción, el abogado Duarte Cacavelos lleva adelante la “defensa” del candidato pre­sidencial Efraín Alegre en el marco de la causa abierta en la Fiscalía a raíz de la denun­cia hecha por el senador colo­rado Martín Arévalo contra personas innominadas por la supuesta tragada en el MOPC durante la adminis­tración del liberal.

A través de sus redes socia­les, Duarte Cacavelos esgri­mió que este proceso se rea­liza de manera irregular, ya que no se pueden investigar los hechos prescritos, al estar indagándose hechos que ocu­rrieron en el 2011.

Un aspecto que llamó la aten­ción es que la defensa se cen­tra en el vencimiento del plazo y no así en negar las supuestas irregularidades cometidas durante la ges­tión pública de su cliente, ya que el hecho de que haya prescrito no significa nece­sariamente que el delito no haya sucedido. En contra­partida a esa posición en el plano jurídico, el político insiste mediáticamente en que la supuesta malversa­ción de fondos en el MOPC es una ficción promovida por el cartismo en su contra, lo cual termina contrastando con la línea de defensa asu­mida por su abogado.

También dicha posición se contrapone al testimonio dado por el propio jefe del equipo de auditores, Héc­tor Godoy, quien es director general de Control Interno de la Auditoría del Poder Eje­cutivo. Este perito confirmó la veracidad del documento que expone irregularidades por valor de US$ 37 millo­nes, los cuales se distribu­yen entre casos de planille­rismo, obras paradas, rapiña de combustibles, maquina­rias, licitaciones amañadas, entre otras “perlitas”.

La Fiscalía, a cargo de la agente Marlene González, ya tiene en sus manos este informe de auditoría de la Presidencia que estuvo cajo­neado por años. La intervi­niente ya anunció que desde esta semana comparecerán a prestar declaraciones testifi­cales los auditores que certi­ficaron la aparente rapiña del dirigente liberal.

Por otra parte, el denun­ciante Martín Arévalo acu­dió el jueves pasado al Minis­terio Público para ampliar su denuncia con base en otra audi­toría realizada por la Contra­loría del ejercicio fiscal 2009, encomendada por el enton­ces contralor liberal Augusto Airaldi, ocasión en la que se detectó un perjuicio de US$ 72 millones, por pagos efec­tuados de más al no compro­bar el avance real de las obras, falencias en los registros con­tables, bienes públicos sin títu­los de propiedad, falta de con­trol para registrar los ingresos de la institución, entre otros hechos de corrupción.

Sumando ambas audito­rías financieras practicadas a la gestión de Efraín Ale­gre durante su paso como ministro de Obras Públicas, se habla de un aparente feroz agujero de US$ 109 millones en solo dos años y medio de administración.