Jorge Torres Romero, Nación Media
Los dos informes de auditorías financieras practicadas a la gestión de Efraín Alegre durante su paso como ministro de Obras Públicas (2008-2011) detectaron un feroz agujero de US$ 109 millones en dos años y medio de gestión. Este monto no es un invento de nuestro de medio, es lo que surge de la sumatoria de montos consignados en una Auditoría General de la Presidencia, ordenada por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, y la segunda auditoría ordenada por la Contraloría General de la República, a cargo en ese entonces del liberal Augusto Airaldi.
No es una fábula. Tampoco es ciencia ficción como pretendió instalar el candidato de la Concertación, Efraín Alegre, para evitar responder sobre las documentaciones que fueron reveladas por nuestro diario. Son inconsistencias por valor de US$ 109 millones que Alegre nunca pudo justificar ante la ciudadanía y como represalia por haber ventilado estos documentos hoy pide la censura.
Mientras sigamos en democracia y amparados en las garantías constitucionales del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión vamos a seguir mostrando a nuestros lectores el contenido de los informes elaborados por dos instituciones del Estado sobre la gestión de Alegre en el MOPC.
El nuevo informe de auditoría financiera revelado corresponde al ejercicio fiscal año 2009, encomendada por el entonces contralor general de la República, Augusto Airaldi, del Partido Liberal, halló también diversas irregularidades en un año de gestión de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas, tales como pagos efectuados de más al no comprobar el avance real de las obras, falencias en los registros contables, bienes públicos sin títulos de propiedad, falta de control para registrar los ingresos de la institución, entre otras “perlitas”, por valor total al cambio actual de US$ 72.718.856.
La Contraloría General de la República dispuso el 4 de febrero del 2010 la realización de una auditoría financiera al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. El equipo auditor designado analizó el Balance General y Cuadro de Gestión Económica del MOPC, del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2009, cuando Efraín Alegre se desempeñaba como ministro, Andrés Rivarola como viceministro de Obras, Juan Félix Bogado Tatter se encargaba de la Administración y Finanzas, Eduardo Petta era el director de la Caminera y Mercedes Canese estaba en el Viceministerio de Minas y Energía.
LOS AUDITORES encontraron diversas irregularidades durante su trabajo en diferentes áreas. Desde la falta de registros contables sobre varios débitos bancarios, existencia de fondos de dudoso cobro, diferencias entre los registros del Balance de Sumas y Saldos y los formularios exigidos en el Manual de Patrimonio, vehículos por valor de G. 1.878.958.077 y maquinarias de construcción por G. 4.976.485.939, que figuraban en el inventario de bienes del MOPC, pero que no contaban con títulos de propiedad; realizaron pagos por certificados de obras en fechas que no corresponden, por errores en los documentos presentados por las contratistas, ya que consignaron fechas anteriores a la adjudicación, no se registró en el Balance General de los Ingresos Devengados a Percibir en concepto de canon por Explotación Minera y de Piedras e Hidrocarburos por US$ 398.703, el equipo auditor dejó constancia en su informe de que no recibió documentaciones correspondientes a la Policía Caminera; tales como comprobantes de ingresos por G. 93.791.000 en concepto de recaudación por multas y Notas de Depósito Fiscal por G. 21.268.000. En cuanto a las obras se encontró la certificación de mayores cantidades de trabajos que los efectivamente ejecutados. También al verificar los trabajos de mejoramiento de la cabecera lado paraguayo del Puente de la Amistad, los intervinientes detectaron en esta obra rubros que fueron certificados y pagados por demás, cuya cuantificación arroja el monto de G. 156.810.725, y por último, los auditores pillaron que el MOPC pagó al consorcio adjudicado para la construcción del puente sobre el río Jejuí la suma de G. 128.106.404, pero dicho desembolso se consignó como deuda flotante.
Solo en estas falencias principales, de los 39 puntos que fueron plasmados por el órgano contralor en el documento de 128 páginas, se exponen irregularidades por valor de G. 517.273 millones, lo cual da más de 72 millones de dólares al cambio actual.
Este informe público, que lleva la firma de un contralor liberal, se suma a la auditoría de carácter confidencial ordenada por la presidencia de Fernando Lugo, donde se detectaron graves irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritan una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización.
LA AUDITORÍA DE LUGO
Un fulminante informe confidencial de una auditoría hecha por el propio Poder Ejecutivo revela la supuesta tremenda tragada de dinero en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Efraín Alegre. Pese a que se detectaron irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritaban una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización, como la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, tal como recomendaron los auditores.
Ante las aparentes sospechas que existían sobre los turbios manejos del entonces ministro Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas, fue encomendada una fiscalización de carácter confidencial que finalizó el 30 de noviembre del 2011, pero que fue cajoneada por el Poder Ejecutivo.
Recién ahora sale a luz el resultado de la Auditoría de Revisión Especial del Ejercicio Fiscal 2010 por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011, que abarcó la administración de Efraín Alegre, quien estuvo en la institución desde el 15 de agosto del 2008 al 5 de junio del 2011, cuando fue rajado por el entonces presidente Fernando Lugo.
Desde desprolijidades en las compras públicas, dudosos legajos de funcionarios, hasta obras millonarias varadas, son algunas de las irregularidades que fueron detectadas en el trabajo de los auditores al cual accedió el equipo de “La caja negra”. El monto total del perjuicio que se habría ocasionado en la era del liberal superaría los 37 millones de dólares.
Según la conclusión final del informe secreto, la recomendación hecha por el equipo fiscalizador constaba de dos puntos principales. El primero iba dirigido al ministro de Obras Públicas, recomendando que coordine las medidas correctivas presentadas en el documento. El segundo instaba al Presidente de la República a impulsar una investigación del origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo de deslindar las responsabilidades, y además aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, la decisión final fue archivar este informe de carácter confidencial que estaba limitado al presidente y el ministro de Obras, y nunca se derivó a las instancias correspondientes para su investigación.