El diputado colorado Basilio “Bachi” Núñez anunció que presentará un proyecto de declaración que solicite al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dejar sin efecto el convenio realizado con la ONG Alma Cívica, la cual sería observadora electoral el próximo 30 de abril.
El legislador argumentó que al ser “Alma Cívica” una organización ligada directamente con la candidata a vicepresidenta de la República por la Concertación, Soledad Núñez, no habrá parcialidad en la conformación de las mesas. “No fungirán como observadores, serán funcionales a Soledad Núñez que era su presidenta y a Efraín Alegre. Estar atentos a que la Concertación quiere hacer fraude”, expresó el legislador desde su cuenta de Twitter.
Al mismo tiempo, “Bachi” Núñez cuestiona que parte de la ley de la observación electoral nacional indica que solo las personas jurídicas pueden ser acreditadas como observadores. “Ni se te ocurra presentarte como un ciudadano de bien preocupado por la democracia del país”, dijo y acotó: “Primera trampita”.
Asimismo, hizo un llamado a sus colegas diputados y demás legisladores a tomar conciencia sobre este convenio, más aún por las expresiones de Efraín Alegre, candidato a la Presidencia de la República por la Concertación, quien alegó no tener confianza en el TSJE sobre los resultados de las elecciones.
“Por acá vienen los fraudulentos que hasta quieren preanunciar resultados antes que el TSJE. Son aliados de Efraín Alegre, que nunca reconoce cuando pierde. Ahora va un paso más adelante contra las instituciones”, alertó y acotó: “La observación independiente se centra en el apego al marco legal y la protección de los intereses de los ciudadanos, de eso carece Alma Cívica y el TSJE debería salvaguardar la transparencia”.
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Prostitución: 15,5 % de atendidos por ONG española proceden de Paraguay
La Asociación In Género calcula que entre 25.000 y 30.000 personas ejercen la prostitución en toda España, según los primeros resultados que arrojan su estudio iniciado en 2022 en siete comunidades autónomas, que ha estimado que existen alrededor de 800 clubes de alterne, 2.500 pisos por el territorio y 50 puntos de prostitución en calle.
Con estos datos, que están sujetos a variaciones porque el estudio basado en entrevistas con las personas que ejercen la prostitución todavía no ha concluido, se pretende facilitar “cifras reales para poder plantear soluciones efectivas” a los problemas a los que se enfrentan, como la clandestinidad.
“Difícilmente se pueden plantear soluciones a sus problemas si no se trabajan con datos reales”, ha destacado el coordinador nacional de In Género, Miguel Ángel del Olmo, este lunes en el Ateneo de Madrid durante la presentación del informe, el cual presenta también las cifras de atención e intervenciones en 2023 por parte de la asociación.
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In Género atendió el año pasado a 6.055 personas que ejercían la prostitución, de las cuales 914 podrían ser posibles víctimas de explotación sexual, y se llevó a cabo más de 21.798 intervenciones en las provincias de Albacete, Alicante, Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Comunidad de Madrid, Murcia, Segovia y Toledo.
Respecto al género de las personas atendidas el año pasado por la asociación, 5.273 fueron a mujeres cis, 583 a mujeres transexuales, 186 hombres cis y 13 a hombres trans. De ellos, el 18 % tenían entre 43 y 79 años, siendo la media de 35. Las personas que más se atendieron fueron en la franja de edad de los 28 años. El 24,1 % llevaban más de 10 años en España; el 11,2 % entre 6 y 10 años; el 14,1 % entre 4 y 5 años; el 28 % entre 1 y 3 años y el 22,6 %, habían llegado al país hacía menos de un año.
En cuanto al país de procedencia de las personas atendidas, el 29,1 % eran de Colombia; el 15,5 % de Paraguay (938 personas); el 13,4 % de República Dominicana; el 7,8 % de Venezuela; el 7 % de Rumanía; el 6 % de Brasil; el 4,5 % de España; el 3,3 % de Ecuador; el 2,5 % de Perú; 1,9 % de Cuba y el tanto por ciento restante entre más de treinta nacionalidades.
El 78,2 % de las personas intervenidas no tenían la nacionalidad española y el 74,2 % estaban empadronados. La Comunidad de Madrid fue donde más personas se atendieron durante 2023, un total de 1.745 a mujeres cis, 285 mujeres trans, 101 hombres cis y 7 hombres trans.
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Ley contra la trata
In Género denuncia que la persecución y criminalización de la prostitución en España esté provocando un aumento de los casos de violencia y explotación sexual y que la normativa actual esté “empujando a las personas que ejercen la prostitución hacia la clandestinidad, donde sus derechos son violados con mayor impunidad”. Según del Olmo, “perseguir y criminalizar la prostitución no está siendo la solución, al contrario, está generando más inseguridad y más violaciones de los derechos de las personas que la ejercen”.
Critican el anteproyecto de Ley contra la trata por considerarla “insuficiente” para garantizar los derechos y prevenir la violencia. Consideran también que la iniciativa socialista sobre la tercera locativa, que pretende penar a aquellos que ceden bienes inmuebles para el ejercicio de la prostitución y el no poder negociar con los clientes tiene “unas consecuencias gravísimas”, por lo que han afirmado que no saben qué se pretende con esta ley.
In Género propone que la Ley contra la trata destine recursos en mejorar la autonomía de las personas, que no tengan que pasar por centros residenciales. “Los recursos que están articulando, no funcionan”, ha señalado del Olmo. La asociación ha arremetido también contra la prohibición de la publicidad de la prostitución ya que considera que hace perder autonomía a las personas que ejercen por no poder gestionar sus anuncios y, por consiguiente, se someten a “una posible futura exportación laboral”.
“Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una ley que refleje las necesidades y realidades de las personas en esta situación, promoviendo medidas efectivas para su protección, empoderamiento y acceso a la justicia y restitución”, ha dicho la coordinadora de Acción Social en In Género, Belén Jiménez. La Asociación In Género es una Asociación sin ánimo de lucro que nació para dar respuesta a las necesidades que tienen las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata en España. En 2005 se constituyó la Asociación iniciando acciones socio-sanitarias con el colectivo.
Fuente: Europa Press.
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El efecto Penner
- Por Felipe Goroso S.
La renuncia del senador Orlando Penner a su partido trajo aparejada una serie de elementos que emiten una cantidad de mensajes que pueden no ser explícitos, pero son bastante claros para quien quiera entenderlos, obviamente.
En abierta violación de artículos constitucionales, sus excorreligionarios le cuestionaban el sentido de su voto en distintos temas de la Cámara Alta, desde proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo hasta los candidatos a la Mesa Directiva del Senado. Orlando Penner ya hizo toda la conscripción política, puede decirse que ya está de vuelta, fue diputado, gobernador y ahora senador. Es uno de los que más conoce al Chaco, lo que precisa y cómo funciona el ecosistema político que se dirime en gran parte por el peso económico, gremial e institucional que tienen tanto la comunidad, la iglesia y las poderosas cooperativas menonitas.
El Chaco aporta una cantidad enorme de recursos a la economía paraguaya. Rubros como la ganadería, el agro, la industria láctea hacen de esta una zona riquísima. Y todo esto se ha logrado en gran parte por el trabajo y el compromiso de los menonitas con la zona, mientras tanto por décadas han visto postergado tener caminos de todo tiempo, una ruta transchaco en buen estado y, obviamente, con gran parte de la región sin agua potable. Penner está trabajando en una iniciativa legislativa que plantea un modelo de gestión entre el sector privado y el público para llevar el vital líquido a las familias chaqueñas. De hecho, llegó al Senado con esa promesa electoral a la cual, según dicen, el partido nunca dio el apoyo. La misma se está discutiendo ahora en ámbitos del Poder Ejecutivo, sectores cooperativos y obviamente en las comisiones del Senado.
Algunos medios presentan y enmarcan la renuncia de Penner con la etiqueta de transfuguismo; para ello recurren al tono negativo, dramático y caricaturesco. Olvidan mencionar otros casos idénticos como el de Eduardo Nakayama. Pero más allá del sesgo como tratan el tema lo obvio es que se quedan en lo estético, en las inmediaciones sin ir a la profundidad del asunto. No sabemos si es por desconocimiento (tengo dudas al respecto) o por conveniencia.
En realidad, lo de Penner es un gesto de rebeldía, del hartazgo que se genera cuando en un mismo escenario se encuentran por un lado la intención de cumplir con las promesas electorales y transformarlas en beneficios concretos para los votantes, consecuencia de estar permanentemente en territorio y, por el otro, pensar o creer que la política se hace desde el escritorio, en una oficina con aire acondicionado central, con poca costumbre a recibir cuestionamientos y con rapidez para apuntar a los demás. Es, en el fondo, uno de los principales problemas que tiene la oposición a resolver en el corto plazo al menos si quiere enfrentar los desafíos electorales que se vienen: hay una masa, un porcentaje del electorado que está ansioso por ser representado. Eso sí, con causas, demandas y preocupaciones concretas. Para eso hay que dialogar, consensuar, remangarse, laburar, sudar, meterse al barro con tal de obtener resultados. Esa gente está expectante, si la oposición no cae en la cuenta de esto y realiza un profundo proceso de autocrítica, luego no debería de quejarse si encuentra la respuesta a esas expectativas en el Partido Colorado. Si les cuesta creerme, basta mirar los resultados de las últimas elecciones generales tanto para el Ejecutivo como en las listas congresuales.
Orlando Penner ya hizo toda la conscripción política, puede decirse que ya está de vuelta, fue diputado, gobernador y ahora senador.
Algunos medios presentan y enmarcan la renuncia de Penner con la etiqueta de transfuguismo; para ello recurren al tono negativo, dramático y caricaturesco.
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Dictaminarán sobre el control a las ONG
El senador Gustavo Leite dijo que en el transcurso de los próximos días será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“El gran ajuste que tenemos que hacer es hacer una ley que controle las platas que usan las oenegés cuando intervienen en políticas públicas. Esto ya se encuentra bastante avanzado, ya existe una propuesta presentada e irá a comisiones en estos días. No es posible que nosotros hayamos recibido 17 millones de euros de la Unión Europea para mejorar la educación, para que ayuden al Ministerio de Educación y Ciencias, pero si le preguntamos a cualquier paraguayo, la educación no mejoró ¿En qué usaron la plata?”, sostuvo.
La propuesta presentada a fines del pasado año por varios senadores del movimiento Honor Colorado estipula la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Las comisiones que tendrán a su cargo los dictámenes son de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.
“Estas oenegés tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, a quién le contrataron, por cuánto, para qué, con qué resultados, facturas, hay demasiadas susceptibilidades. Las oenegés son sin lugar a dudas el remedo de un quinto poder que se está fortaleciendo demasiado en el mundo y que no rinden cuentas a nadie”, indicó en una entrevista con la 1020.
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Comisiones asesoras del Senado se aprestan a dictaminar sobre el control a las ONGs
El senador Gustavo Leite dijo que, en el transcurso de los próximos días, será remitido a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Alta, el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
“El gran ajuste que tenemos que hacer es hacer una ley que controle las platas que usan las ONGs cuando intervienen en políticas públicas. Esto ya se encuentra bastante avanzado, ya existe una propuesta presentada e irá a Comisiones en estos días. No es posible que nosotros hayamos recibido 17 millones de euros de la Unión Europea para mejorar la educación, para que ayuden al Ministerio de Educación y Ciencias, pero si le preguntamos a cualquier paraguayo la educación no mejoró ¿En qué usaron la plata?”, sostuvo.
La propuesta presentada a fines del pasado año por varios senadores del movimiento Honor Colorado estipula la obligatoriedad de su inscripción en un registro nacional, así como del detalle de las actividades y operaciones que realicen y de los documentos que deben llevar. Las comisiones que tendrán a su cargo los dictámenes son de Asuntos Constitucionales y la de Legislación.
“Estas ONGs tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, a quién le contrataron, por cuánto, para qué, con qué resultados, facturas, hay demasiadas susceptibilidades. Las ONGs son sin lugar a dudas el remedo de un quinto poder que se está fortaleciendo demasiado en el mundo y que no rinden cuentas a nadie”, indicó en una entrevista con la 1020 AM.
Asimismo, Leite acotó: “deben rendir cuentas de la plata que reciben, sea de gobiernos extranjeros del extranjero o del Estado paraguayo cuando se involucran en políticas públicas. ¿Por qué los entes que más hablar sobre la necesidad de transparencia no quieren rendir cuentas?”.
En la iniciativa también se establecen normas de transparencias, rendición de cuentas y supervisión las que no solo alcanzan a las organizaciones sin fines de lucro, sino también a terceros. La propuesta señala que en el capítulo del régimen sancionatorio quedan fijadas las sanciones por la transgresión de la ley, tanto por personas físicas como jurídicas y otros entes u organismos, así como se prevé el procedimiento a seguir.
“Las ONGs que participaron de los 17 millones de euros nos quisieron decir que no pueden darnos los datos detallados por acuerdo de confidencialidad con la Unión Europea. Cuando se usa plata para el mejoramiento de nuestra educación, de nuestro pueblos originarios o de la salud, tienen que rendirse cuentas detalladamente y a la ciudadanía”, refirió el legislador.
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