Jorge Torres Romero

La auditoría confidencial de la gestión de Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas expone descomunales tragadas de dinero con grandes obras, algunas de ellas que pasaron desapercibidas y otras muy cuestionadas como la llamada “ruta de la mentira”. Entre licitaciones postergadas, obras abandonadas, con atrasos e inconclusas suman más de 13 millones de dólares en perjuicio.

El trabajo de auditoría hecho a pedido del entonces presidente Fernando Lugo detectó en el 2011 que 36 licitaciones fueron protestadas durante el ejercicio fiscal 2010 y el periodo comprendido de enero a junio del 2011. Se cita allí la adjudicación del servicio de mantenimiento y reparación de vehículos por G. 443.250.000 al taller mecánico El Esfuerzo, cuyo contrato iba del 26 de octubre del 2010 al 26 de enero del 2012, pero que se terminó anulando.

Durante la realización de la auditoría de revisión especial los intervinientes observaron que ciertas obras adjudicadas por el MOPC, cuyo monto asciende a G. 27.493.341.247 estaban totalmente abandonadas. Algunas que son citadas en el informe son:

El puente en Luque-San Bernardino, por el cual se pagó en marzo del 2011 la suma de G. 386 millones, de los G. 887 millones adjudicados. El contrato se firmó en setiembre del 2009 y debía estar listo en diciembre del 2011; pero al verificar en setiembre del 2011, ninguna persona estaba trabajando en el sitio.

Otro puente sobre la ruta Luque-Samber fue adjudicado a inicios del 2010, se hizo un pago del 51% equivalente a G. 274 millones de los G. 541 millones adjudicados y estaba previsto que se termine en febrero del 2011. Sin embargo, en setiembre del 2011 se constató que la obra estaba abandonada. Un mes después, mediante un informe, la Dirección de Planificación Vial informó que los trabajos concluyeron.

Un tercer puente sobre ese tramo también estaba con retraso. Por esta obra se pagó el 96% del monto adjudicado (G. 1.125 millones), debía estar finiquitada en octubre del 2010; pero al verificar en setiembre del 2011, ningún obrero estaba trabajando en ese lugar.

Lo mismo fue detectado en un cuarto puente de esa misma conexión, por el cual se pagó G. 906 millones de los G. 1.713 millones adjudicados, pero se encontraba con 252 días de atraso.

Otro puente entre Itauguá-Ypacaraí fue adjudicado por G. 417 millones y se pagó un adelanto de G. 83 millones, pero la obra también fue abandonada.

En Caaguazú fue adjudicada una pavimentación tipo empedrado por G. 22.907 millones en diciembre del 2009 con un plazo de 1.000 días; pero al verificarse en octubre del 2011, los fiscalizadores concluyeron que la obra fue abandonada por la empresa responsable.

Para estos casos, la recomendación dada por los auditores fue la de ejecutar las penalizaciones y de suma urgencia enviar los antecedentes a Asuntos Jurídicos para su dictamen y, además, a Contrataciones Públicas.

Por otro lado, durante la auditoría confidencial se detectaron, además, obras inconclusas del MOPC durante la era de Efraín Alegre por montos que ascienden a la suma de G. 35.675.367.833 aproximadamente.

Entre las obras inconclusas de ese entonces figura el empedrado del tramo Areguá-Isla Valle-Yukyry, adjudicado por G. 1.274 millones, pero con 147 días de atraso.

El desagüe pluvial del tramo 4 Mojones-Villa Elisa-Avenida Cacique Lambaré debía estar listo en julio del 2011; pero al verificarse en setiembre de ese año, aún no estaba concluida la obra por la cual se pagó el anticipo de G. 3.787 millones de los G. 7.303 millones adjudicados.

Lo mismo ocurrió con un empedrado en el tramo Acceso Sur-Potrerito, que tenía 208 días de atraso al momento de verificarse, pese a haberse dado un adelanto de G. 36 millones de los G. 906 millones adjudicados.

La construcción de la ciclovía del Parque Ñu Guasu también aparece en la lista de las obras inconclusas durante la gestión de Alegre. Se firmó el contrato en julio del 2010 por la suma de G. 1.380 millones, debía estar terminada en abril del 2011 y se pagó a junio del 2011 la suma de G. 990 millones; sin embargo, la obra tuvo importantes retrasos, conforme a la fiscalización realizada.

Un empedrado en Edelira costó G. 4.784 millones, fue adjudicado en mayo del 2010 y debía estar listo un año después, pero tampoco en esta obra se respetaron los plazos previstos en el contrato.

En Obligado, Itapúa, un empedrado adjudicado en 2010 por G. 1.469 millones presentó un atraso de 133 días al momento de ser verificado en octubre del 2011.

Otra muestra de la desidia que existía en el MOPC durante el paso de Alegre por la institución es la pavimentación asfáltica en Encarnación para un acceso a un puerto privado que también presentaba retrasos en su conclusión. Al inspeccionarse esta obra se había pagado el 20% del valor total que ascendía a G. 8.960 millones.

En julio del 2009, un pavimento en Caazapá fue adjudicado por G. 7.247 millones, se pagó G. 4.874 millones y debía estar listo dos años después, pero pese al plazo dado, la obra seguía sin finalizarse al momento de la fiscalización.

EL CASO DE LA RUTA DE LA MENTIRA

El caso más escabroso que figura en el informe es la rehabilitación y pavimentación asfáltica del tramo Caaguazú-Yhú-Vaquería, cuyo monto adjudicado fue de G. 69.713 millones y se desconoce la fecha exacta de la firma del contrato. Según el informe confidencial, durante la verificación in situ los intervinientes detectaron que la obra estaba paralizada pese a que la contratista Cotafel había recepcionado pagos hasta marzo del 2011 por G. 32.042.670.919, equivalente al 46% del valor total. Es decir, se llegó a pagar un millonario anticipo de US$ 7,5 millones por hacer absolutamente nada.

Tras la destitución de Alegre como ministro del MOPC, su reemplazante, Cecilio Pérez Bordón, decidió rescindir el contrato en setiembre del 2011, lo cual le valió a esta obra el mote de la Ruta de la Mentira de Efraín.

En ese entonces, la recomendación hecha al MOPC era hacer efectivo el cobro de la póliza de garantía y/o solicitar a la empresa el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual.

Años después, este tramo en cuestión fue nuevamente licitado y concluido durante la gestión de Horacio Cartes, cuya inauguración se dio en marzo del 2015 como “La ruta de la verdad y la esperanza”.

Al ser un caso muy sonado mediaticamente, Alegre fue denunciado por lesión de confianza, estafa y tráfico de influencias, pero la investigación no avanzó y quedó impune. Mientras que los demás hechos detectados por los auditores de la Presidencia fueron cajoneados, pese a la recomendación de elevar los resultados a Asesoría Jurídica de la Presidencia y a Procuraduría para investigar y deslindar responsabilidades ante los graves indicios de hechos punibles contra el patrimonio público.