La auditoría hecha en el 2011 a pedido del Poder Ejecutivo durante la administración de Efraín Alegre en el Ministerio de Obras Públicas detectó varias irregularidades en el pago de jornales y honorarios profesionales en la institución pública y en los legajos de los funcionarios, que suman alrededor de 4,5 millones de dólares, lo cual hace sospechar de la existencia de planilleros en la época del liberal.

• Por Jorge Torres Romero

Conforme al informe final de carácter reservado, en el MOPC existían legajos de pago de jornales incompletos. Durante la auditoría especial fueron visualizados legajos de jornales por un monto total de G. 2.228.650.807 en el 2010, y G. 954.337.937 entre enero y junio del 2021, ascendiendo a un total de G. 3.182.988.744, que no presentaron el total de la documentación exigida por la Contraloría General de la República.

En el material confidencial se citan los casos de funcio­narios que percibían sala­rios comprendidos entre G. 1 millón y G. 1 millón y medio, pero que no tenían la docu­mentación exigida tales como certificado de disponibili­dad presupuestaria, orden de transferencias bancarias, factura, contrato de presta­ción de servicios, entre otras.

También durante el trabajo de auditoría se hallaron legajos de pago de jornales sin factura por G. 556.390.000, además de planillas de liquidación de salarios sin firmas de los responsables y de los funcio­narios remunerados; y com­probantes de retención de IVA-renta sin firma del jefe de ejecución.

Entre las inconsistencias detalladas por los auditores se evidencia el incumplimiento de una disposición legal refe­rente al objeto de gasto de jornal del trabajador. En ese sentido, se expone el cobro de salario de un funciona­rio de G. 3.500.000, cuando la disposición legal estable­cía dos salarios mínimos (en ese entonces equivalente a G. 1.408.864 x 2, es decir G. 2.817.724) para las activida­des diversas no especificadas.

A la larga lista de “perlitas” halladas en el MOPC, se sumaron los casos de fun­cionarios que tenían legajos incompletos, sin respaldo documentario de sus títulos ni certificados de nacimiento, antecedente policial, judicial, ni tampoco contrato. En el informe se citan 10 casos, que juntos suman G. 17.500.000 en salario mensual.

Así también, fueron hallados legajos de pagos de honora­rios profesionales incomple­tos por un monto total de G. 1.312.486.218. Las falencias citadas fueron la falta de orden de transferencias bancarias, constancias de no ser funcio­nario público, factura, contra­tos, fotocopia de RUC, declara­ción de impuestos, entre otros.

Durante la gestión de Efraín Alegre en el ministerio hubo diferencias entre la planilla de liquidación de salarios y reso­lución de autorización de con­trato. En solo dos casos citados en el informe, la diferencia en un mes fue de casi G. 7 millones.

Según la auditoría, fueron detectados casos de funcio­narios sin títulos universita­rios, pese a que esta formación era requisito legal para la con­tratación de los trabajadores del ministerio bajo el gasto de honorarios profesionales.

Otro punto grave fue la exis­tencia de una funcionaria que cobraba un salario mensual de G. 8.113.636 cuyos datos no fueron encontrados en la ins­titución por parte de la Direc­ción de Recursos Humanos.

Además, en algunos legajos faltan los informes de los tra­bajos realizados por funciona­rios con salarios que iban de los 5 millones a incluso los 14 millones de guaraníes al mes. Totalizando G. 52.492.976 en honorarios mensuales de siete funcionarios sin justificación de trabajos efectuados en la institución.

Fue detectada, asimismo, la falta de una planilla de asis­tencia de funcionarios. Se citan en el informe el caso de cinco trabajadores que ganaban entre 6 millones y 14 millones, totalizando la suma de G. 59.164.849 mensuales.

Se hallaron legajos de perso­nal contratado incompletos, tales como la falta de antece­dentes personales, fotocopias de cédulas, entre otros. Allí se citan 11 casos, los cuales suman más de G. 100 millones en concepto de salario al mes.

Durante el período de Efraín se encontraron masivos con­venios modificatorios con­tractuales por G. 26.000 millones. De 124 contratos que se tomaron como muestra, 80 de ellos sufrieron cambios con respecto a los contratos ori­ginales, lo cual afecta el pre­supuesto de la institución, ya que obligaba a pedir reprogra­maciones o ampliaciones. Esto revela la falta de eficiencia en la planificación del ente esta­tal, según los intervinientes.

Como recomendación final, los auditores instaron al presi­dente Lugo que eleve el informe a Asesoría Jurídica de la Presi­dencia y a Procuraduría para investigar y deslindar respon­sabilidades, pero el documento secreto fue cajoneado.