En uno de los capítulos de las 245 páginas de la auditoría del Poder Ejecutivo ordenada por Fernando Lugo a la gestión de Efraín Alegre en el MOPC se menciona el nulo control sobre el consumo y distribución de combustible. En cuanto al mantenimiento y reparación de las máquinas de la institución, se señala que no se contaba con un plan anual de mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos, como tampoco tenía estudios técnicos para su adquisición. Solo en dos rubros se generaron enormes pérdidas para la institución.

• Por Jorge Torres Romero

El equipo auditor que investigó la adminis­tración de Efraín Ale­gre en el Ministerio de Obras Públicas detectó varias irre­gularidades en el área de bienes y suministro, con las compras que efectuaba la ins­titución pública y que ascien­den a un monto que ronda los 20 millones de dólares.

Entre las situaciones obser­vadas figura el escaso con­trol sobre el consumo y dis­tribución de combustible. En ese sentido el informe refiere que en el 2010 se adquirieron combustibles por G. 30.656.992.574, y entre enero y junio del 2011 por G. 26.986.268.800. Los intervinientes considera­ron que hubo mínimos con­troles en cuanto a los regis­tros sobre el consumo y la utilización de combusti­bles, ya que los vehículos y maquinaria en la mayoría de los casos poseían desperfec­tos como la cuenta de kilo­metraje y horómetros sin funcionar, lo cual impedía medir con exactitud la can­tidad utilizada.

Otro punto encontrado fue la boca de expendio de com­bustibles sin las condiciones mínimas requeridas, aten­diendo a que se encontraban deterioradas, sin matafuego, carteles y alcantarillados perimetrales que eviten la pérdida de combustible, lo cual ocasionaba riesgos de accidentes como incendios y daños ambientales.

En uno de los casos los auditores detectaron que el totali­zador de la máquina expende­dora de combustibles en San Ignacio, Misiones no funcio­naba y que la medición del tanque se realizaba a través de una regla de madera. Misma situación se dio en Desmo­chado, Ñeembucú, Edelira, Itapúa, Caaguazú, Ñumí, Guairá, entre otras localida­des del país.

Los intervinientes pilla­ron además la existencia de filtro de combustible sin funcionamiento en Pozo Colorado, lo cual podría repercutir en alteraciones en las partes mecánicas de los vehículos y maquinaria, y además ocasionar gastos para el ministerio por man­tenimientos y reparación.

Según el informe confiden­cial, tampoco funcionaban los totalizadores de expendio de combustible en San Ignacio, Desmochado, Edelira, Caba­ñas, Ñumí, San Juan de Nepo­muceno, entre otros.

Además, los intervinientes dejaron constancia de que el sistema de medición de com­bustible no era confiable, ya que detectaron reglas de medición de combustibles que no se adecuaban a la capacidad y características de los tan­ques de reservorios.

Así también visualizaron un incumplimiento de una reso­lución del MOPC, referente a la recepción de cemento asfáltico de dos empresas proveedoras (Aldia SA y Compasa SA) por la suma total de G. 7.868.344.547, porque se habían recibido sin la participación de la audito­ría interna.

Otra irregularidad detec­tada guarda relación con los bienes de uso del ente estatal que no contaban con título de propiedad. En ese sentido, de acuerdo al informe reservado, de 102 máquinas y 28 camio­netas utilitarias adquiri­das en el 2010, cuyo valor de adquisición asciende a G. 68.139.742.134, solo 6 máquinas y 21 camione­tas contaban con el título de propiedad pese a que había pasado un año de sus adquisiciones.

En cuanto al mantenimiento y reparación de la maquina­ria de la institución, el docu­mento revela que la Direc­ción de Bienes y Servicios del MOPC no contaba con un plan anual de mantenimiento y reparación de vehículos, maquinaria y equipos, como tampoco tenía estudios téc­nicos para la adquisición de los rodados.

Durante la auditoría se descubrió además que no existía documentación res­paldatoria de las reparacio­nes y mantenimientos que se hicieron entre el 2010 y 2011, durante la gestión de Efraín en el MOPC, y que costaron G. 7.078.376.887. Según una nota interna del MOPC, se dejó constancia de que las gestiones fue­ron realizadas a través de la supervisión técnica y en coordinación directa con el ministro.

Tampoco había un informe sobre los aspectos técnicos y económicos para la adqui­sición de maquinaria y otros materiales durante el 2010 y parte del 2011, que com­prende la administración de Alegre.

Otras perlitas detectadas fueron la existencia de vehí­culos con cuentakilómetros averiados en las oficinas dis­tritales, lo cual imposibili­taba el control efectivo del consumo del hidrocarburo y el mantenimiento a reali­zarse al rodado. A modo de ejemplo se anexaron en el documento fotografías de vehículos de gran porte con desperfectos en Itauguá y Amambay.

Los auditores recomenda­ron al entonces presidente Fernando Lugo que eleve el informe a Asesoría Jurí­dica de la Presidencia y a Procuraduría para investi­gar y deslindar responsabi­lidades, pero el documento secreto fue cajoneado.

La destitución de Efraín Alegre, hasta entonces ministro de Obras Públicas (MOPC), en junio del 2011, cuyo “agujero negro” en dicha institución se describe en la serie de notas que iniciamos en la víspera, no solo provocó un problema de desprestigio por corrupción al gobierno de Fernando Lugo, sino que –junto con el despido de Rafael Filizzola (Interior)– provocarían el inicio de un contexto conspiraticio al interior del PLRA –en una primera etapa- que un año después, exactamente, provocaría la caída de Lugo del poder, ya aliados con la ANR.

Con frecuencia se cita como un episodio relevante de “la traición” de Efraín Alegre contra Fernando Lugo, el voto a voz de cuello “¡por la condena!” en el juicio polí­tico contra el ex obispo; sin embargo, ese fue solo el final de un proceso que se había iniciado un año antes cuando informado sobre diversas irregularidades en la ges­tión de Alegre, el presidente resuelve destituirlo.

Políticamente, la salida con­junta de Alegre y Filizzola se explicó igualmente como un desacuerdo de Lugo con la pre­matura acción proselitista y el uso de bienes del Estado para tales fines, de ambas figuras caídas del gabinete.

El dato irrefutable es que ambos, Alegre y Filizzola, se refugiaron a partir de enton­ces en las carpas de la conspi­ración contra Fernando Lugo que, en una primera etapa compromete a la dirigencia del PLRA, alrededor del pro­pio vicepresidente Federico Franco y más tarde, ya en el segundo semestre de ese mismo año, empezarán los contactos con referentes del Partido Colorado que termi­narán manejando los tiem­pos dentro de lo funcional que pudiera ser el juicio polí­tico para la vuelta al poder de este sector.

Por lo tanto, la conspiración de Alegre y Filizzola contra el ex presidente Fernando Lugo, no solo desembocó en la caída de esta primera experiencia de gobierno no colorado de la transición, sino además, fue el elemento altamente faci­litador para el retorno a la ANR a las riendas del poder en Paraguay.

Un rotundo hecho de corrup­ción denunciado desde la pro­pia auditoría de la Presidencia de la República, cuyo resul­tado publicamos en estos días (37 millones de dólares de “agujero” en el MOPC) unos tres meses después de la salida de Alegre, agravó el contexto y pese a que el informe fue “cajoneado” en la Presidencia, el riesgo de una denuncia ante Contraloría o Fiscalía, habría sido también otro hecho deto­nante de un aceleramiento del plan de conspiración.

El resto de la historia es cono­cida, el contubernio entre sec­tores liberales, la conspiración con los colorados y el juicio polí­tico contra Fernando Lugo en junio del 2012. La gestión de un año del gobierno liberal plagada de denuncias de corrupción lo que supuso una alfombra roja (nunca mejor expresada) para el regreso de la ANR al poder.