La Auditoría Gene­ral del Poder Ejecu­tivo (AGPE) expuso la descomunal “tragada” de dinero por parte de Efraín Alegre durante su gestión como ministro de Obras Públicas (MOPC) desde el 2010 hasta junio del 2011, cuando fue destituido por el ex presidente Fernando Lugo, debido al desangre a la car­tera del Estado, cuyo perjui­cio está estimado por valor de US$ 37 millones.

“Asumimos un ministerio con muchas irregularida­des, el informe de audito­ría es real”, expresó para La Nación/Nación Media Ceci­lio Pérez Bordón, quien fue designado al frente del MOPC luego del raje de Efraín. Ade­más, indicó que, tras su asunción, se hizo eco de los informes remitidos por la auditoría, desglosando así un perjuicio, no solo una entidad del Estado desangrada, sino también en diversas anoma­lías en torno a licitaciones y supuestas construcciones de obras.

“Se trata de un documento real, de auditoría general de cambio de ministro, donde confirmamos muchos deta­lles irregulares”, remarcó Pérez y agregó que trató de arreglar un ministerio com­pletamente desordenado. Cuando el ex ministro asumió la cartera del Estado, rescindió diversos contratos amañados y con respecto a la llamada “ruta de la mentira”, Pérez debió hacer un nuevo llamado a licitación.

“Hasta ahora no entiendo por qué las autoridades no rea­lizaron las investigaciones correspondientes”, enfatizó sobre el lapidario informe sobre la administración de Alegre, que fue cajoneado durante una década. Resaltó que las pruebas recaudadas por su gestión en el MOPC fueron derivadas a la Pre­sidencia de la República e incluso a la Procuraduría General de la República, dejando entrever el desorden heredado del presidenciable de la Concertación.

Señalan que este informe ya debía haber salido a luz allá por el 2013, cuando Alegre se candidató la primera vez.

La abogada y dirigente liberal Carolina Ferreira lamentó que el candidato a jefe de Estado por la Con­certación, Efraín Alegre, no haya sido sometido a una investigación a raíz del cajoneamiento de una audi­toría que revela un perjui­cio de US$ 37 millones en su pasada gestión como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Esto puede ser cuestionable desde el punto de vista moral, pero para que una persona sea determinada como res­ponsable tiene que haber una investigación penal, un juicio y una condena. Es una lástima que esta audito­ría no haya salido allá por el año 2013 cuando fue la pri­mera vez que Efraín se can­didató para la Presidencia y no a esta altura”, indicó a La Nación/Nación Media.

El informe realizado en el gobierno del ex mandatario Fernando Lugo fue cajoneado por diez años y nunca fue remitido a los organismos de control y fiscalización. En él se destapan casos de planille­rismo, obras paradas, rapiña de combustibles, maquina­rias, licitaciones amañadas y otras perlitas. “Esto, para mí, es muy grave; porque quiere decir que se está dejando pasar las cosas, hay compli­cidad. La oposición misma no está exigiendo ni cumpliendo su rol de opositor”, acotó.

Ex fiscal explicó que existen muchos informes de Contraloría emitidos, cajoneados y aparecen años después.

El ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre explicó que exis­ten muchos informes de Contraloría emitidos, que son cajoneados y apare­cen años después, donde se revelan casos como los de Efraín Alegre, quien durante su gestión en el gobierno de Fernando Lugo perjudicó al Minis­terio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por un valor de US$ 37 millones, según lo reve­lado por la Auditoría Gene­ral del Poder Ejecutivo, una década después.

Latorre expuso a la 650 AM que este documento es del 2011 y ya pasaron más de 10 años de los hechos mencio­nados; por ende, la acción queda prescripta y no hay marco legal para accio­nar. No obstante, sostuvo: “Mata la acción penal, pero deja suficientes valores o criterios para evaluar de qué se trata y cuál fue la gestión de un determi­nado funcionario durante el tiempo que ocupó un cargo público”, explicó.