Un lapidario informe elaborado por la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) durante la gestión de Fernando Lugo revela que Efraín Alegre manejó el MOPC como un “boliche”. La auditoría nunca fue revelada y debió ser remitida a la Procuraduría General de la República. El documento señala un perjuicio por valor de US$ 37 millones cometido por Efraín Alegre al frente del MOPC. Se descubrieron casos de planillerismo, obras paradas, rapiña de combustibles, maquinarias, licitaciones amañadas y otras perlitas. Lugo echó a Alegre del MOPC tras enterarse de la feroz tragada de dinero que se venía realizando.
Un fulminante informe confidencial de una auditoría hecha por el propio Poder Ejecutivo revela la supuesta tremenda tragada de dinero en el Ministerio de Obras Públicas durante la administración de Efraín Alegre. Pese a que se detectaron irregularidades de carácter económico, financiero y patrimonial que ameritaban una urgente intervención para deslindar responsabilidades, este informe fue cajoneado y nunca se remitió a los organismos de control y fiscalización, como la Asesoría Jurídica de la Presidencia y la Procuraduría General de la República, tal como recomendaron los auditores.
Ante las aparentes sospechas que existían sobre los turbios manejos del entonces ministro Efraín Alegre al frente del Ministerio de Obras Públicas, fue encomendada una fiscalización de carácter confidencial que finalizó el 30 de noviembre del 2011, pero que fue cajoneada por el Poder Ejecutivo.
Recién ahora sale a luz el resultado de la Auditoría de Revisión Especial del Ejercicio Fiscal 2010 y el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2011, que abarcó la administración de Efraín Alegre, quien estuvo en la institución desde el 15 de agosto del 2008 al 5 de junio del 2011, cuando fue rajado por el entonces presidente Fernando Lugo.
Desde desprolijidades en las compras públicas, dudosos legajos de funcionarios, hasta obras millonarias varadas, son algunas de las irregularidades que fueron detectadas en el trabajo de los auditores al cual accedió el equipo de “La caja negra”. El monto total del perjuicio que se habría ocasionado en la era del liberal superaría los 37 millones de dólares.
Según la conclusión final del informe secreto, la recomendación hecha por el equipo fiscalizador constaba de dos puntos principales. El primero iba dirigido al ministro de Obras Públicas, recomendando que coordine las medidas correctivas presentadas en el documento. El segundo instaba al Presidente de la República a impulsar una investigación del origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo a deslindar las responsabilidades, y además aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, la decisión final fue archivar este informe de carácter confidencial que estaba limitado al Presidente y el ministro de Obras, y nunca se derivó a las instancias correspondientes para su investigación.