El Tribunal Superior de Justicia Electoral informó a través del director de Financiamiento Político, Cristian Ruiz Díaz, que el pasado 17 de febrero finalizó el periodo para presentar la exclusión de candidatos dentro de los diferentes partidos políticos y/o alianzas de cara a las elecciones del próximo 30 de abril.
En ese orden, Ruiz Díaz recordó que para ejecutar una exclusión deben darse tres causales, que son: la renuncia propia del candidato, la inhabilidad (debe reunir las tipificaciones dadas en los artículos 197 y 198 de la Constitución Nacional) o la muerte del mismo.
El director de Financiamiento Político fue consultado sobre el tema en la 650 AM por la reciente expulsión del candidato a diputado por Asunción Diego Oliver, de la Alianza Encuentro Nacional. Al respecto, Ruiz Díaz confirmó que Oliver sigue formando parte del software de votación en el TSJE y que de contar con los votos suficientes, ocupará una banca en Diputados, independientemente a la decisión de la alianza.
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Pérdida de investidura: “Tenemos sobrados argumentos jurídicos”
El senador Derlis Maidana sostuvo que existen argumentos jurídicos para llevar adelante el pedido de pérdida de investidura de la senadora Kattya González por supuesto tráfico de influencia en el ejercicio de sus funciones.
El legislador indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media que existen irregularidades con tres funcionarios que cumplen funciones en su despacho, y estos casos están claramente apuntados en el libelo acusatorio.
“Este procedimiento está amparado en las leyes, en el artículo 201 de la Constitución Nacional, y tenemos sobrados argumentos jurídicos, si bien una pérdida de investidura tiene condimentos políticos, porqué negarlo, estamos en un poder del Estado eminentemente político como es el Congreso de la Nación, pero con argumentos jurídicos”, señaló.
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Uno de los casos es el de la funcionaria Soledad Blanco, quien figura en una planilla que se encontraba cumpliendo funciones en el despacho de la legisladora del Partido Encuentro Nacional (PEN); sin embargo, se encontraba fuera del país.
“Comenzando por el caso de Soledad Blanco, que entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre estaba fuera del país, pero se firmó la planilla de que ella supuestamente seguía cumpliendo funciones en el Parlamento Nacional. Eso configura en un delito tipificado en el Código Penal que es la producción de documentos de contenido falso, el artículo 250 del Código Penal”, explicó Maidana.
Caso Torales
También citó el caso de José Luis Torales, funcionario comisionado de la Contraloría General de la República que cumplía funciones en la dirección de bancada partidaria de González, e incluso ocupó la presidencia del PEN en su momento.
“Tenemos también el caso de José Luis Torales Servín que hay una disposición de la Contraloría General de la República que él no puede hacer política partidaria, no solamente fue candidato a diputado, sino también se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional y director de la bancada del Encuentro Nacional en Cámara de Senadores”, expresó el senador.
En este caso, también se puede comprobar que existió un tráfico de influencias de acuerdo al parlamentario. “Si venía a una Comisión de Legislación, constitucionales, que hacía trabajos objetivos, proyectos de leyes, era magnífico. Ahí también queda demostrado de que se usó indebidamente influencias para favorecer a este señor José Luis Torales Servín”, apuntó.
Policía activo
El tercer caso, que también fue incluido en el libelo acusatorio, es el de un suboficial de la Policía Nacional que también cumplía funciones en el despacho de González. “También tenemos el caso del suboficial Portillo que, siendo suboficial del cuadro activo de la Policía Nacional, en política activa, se desempeñaba en el gabinete mismo de la colega en cuestión, así también es otra causal más”, sentenció.
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Luchar contra el hambre en 30 segundos
Para la mayoría, los 30 segundos de la luz roja del semáforo son una molestia y generan impaciencia. Pero para otros, son la diferencia entre un día de hambre o uno de un plato de comida. Enfrentar la exclusión diariamente sin caer en la delincuencia, en una ciudad en la que predomina la indiferencia hacia los más pobres, la criminalización de los vendedores ambulantes y el miedo permanente a ser asaltados, es vivir entre la resignación, la resistencia y la esperanza.
Día de por medio, en la zona del Mercado 4, la miro caminar con pasos inseguros entre los colectivos, los autos y las motos. Bajo el sol, con pañoleta en la cabeza sujeta con un moño, ella sonríe y habla suave a los conductores. Les ofrece caramelos de dulce de leche, miel y café. La presentación de sus productos es impecable. Cada paquetito de 5 por G.2.500 ¿Quién no quiere un caramelo a media mañana? Muchas personas de la zona, comerciantes, obreros y estudiantes de centros educativos cercanos, son sus clientes fieles.
¿Qué puedo decir? Sencillamente se la quiere. Pero, esta no debería ser su realidad. Su vida corre peligro cada minuto que pasa en la calle. Con 63 años cumplidos en julio último, Felicita Giménez, después de tomar un poco de cocido, sale cada mañana de su casa ubicada en la Chacarita.
De acuerdo a datos que figuran en el sitio oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) ella forma parte de las 1 millón 817 mil personas cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica y que debe vivir con menos de G. 11.540 al día.
Felicita es de Arroyos y Esteros. Su familia migró hacia Asunción cuando era muy pequeña. Tres de sus hermanos ya fallecieron en Buenos Aires y ella es la única mujer. Tiene 4 nietos y su hija Eduvigis, la acompaña a vender. Desde que le robaron su carrito de frutas y verduras tuvo que dedicarse a esta actividad.
En 30 segundos, Felicita debe tener la habilidad suficiente para convencer a la mayor cantidad posible de conductores de comprarle sus caramelos. La edad le juega en contra, aunque la fuerza de voluntad y el sueño de poner un quiosco o una pequeña frutería en su casa levantan su moral y suprimen cualquier indicio de deserción.
En Paraguay, existe el Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad Social con 290.631 beneficiarios que reciben unos G. 630.000 mensuales. Si bien es una ayuda, el monto no alcanza para cubrir las necesidades básicas de un mes, y mucho menos los gastos de medicinas y buena alimentación.
Felicita, al igual que cientos de mujeres y hombres de edad avanzada, ha perdido numerosos derechos a lo largo de sus vida. El derecho a la educación, que perdió siendo aún una niña; el derecho a la salud, pues no cuenta con seguro social y en los hospitales nada es gratis y el derecho a ser protegida de toda injusticia y desigualdad que son una realidad de discriminación social contra ella y todas las personas en situación de pobreza.
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Piden excluir a funcionarios públicos para elecciones de representantes ante CM
El Colegio de Abogados del Paraguay solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se mantenga la postura ya asumida por la máxima instancia judicial de excluir del padrón de electores a todos los funcionarios públicos para las próximas elecciones de representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM).
Desde el gremio refieren que los funcionarios públicos con título de abogado no pueden ejercer la profesión por inhabilidad, por lo que no deben integrar el padrón para las futuras elecciones, ya que su incorporación, como en años anteriores, viola los artículos 254 y 262 de la Constitución Nacional.
“El Consejo de la Magistratura está compuesto por (…) dos abogados de la matrícula nombrado por sus pares en elección directa (…) Art. 262. Es decir, la Constitución otorga representación a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión. En sentido contrario, impide al abogado no habilitado no solo la representación, sino la legitimidad activa y pasiva para participar en la elección”, seña parte del documento emitido a la CSJ.
Además, recuerda que en el año 2020 la Corte Suprema de Justicia dispuso la exclusión de los funcionarios públicos del padrón para elección de dos representantes del gremio de abogado ante el Consejo de la Magistratura.
Retroceso
Ante esa situación, el Colegio de Abogados del Paraguay considera que cambiar de postura para las próximas elecciones de abogados a ser convocados por la Corte Suprema de Justicia implicaría un grave retroceso en el proceso de transparencia, legitimidad y sobre todo la independencia del sistema de justicia.
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La pandemia sacó a la luz las discriminaciones a los adultos mayores, señala estudio
El COVID-19 dejó en evidencia las discriminaciones hacia las personas mayores, que durante la pandemia estuvieron encerradas en residencias y excluidas de los dispositivos digitales, según un estudio de una red de universidades.
De Canadá a China, pasando por Europa o África subsahariana, la crisis sanitaria “ha servido de indicador” de las formas de discriminación que ya existían, según el sociólogo búlgaro Radoslav Gruev, uno de los coordinadores de este trabajo de investigación comparativa entre varias universidades dentro del proyecto RIDPA (Investigación internacional sobre los derechos de las personas mayores en situación de pandemia), del que forman parte las chilenas Rosita Kornfeld y Camila Quinteros.
Estas situaciones se han observado tanto en las economías con una población en proceso de envejecimiento como en países en pleno crecimiento demográfico. En la mayoría de casos, tenían “buenas intenciones, proteger a los mayores”, admite Gruev.
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En Chile, la cuarentena obligatoria fue impuesta a las personas de más de 80 años, una visión sesgada por “la edad y discriminatoria”. En Grecia, el acceso a la sanidad se vio “empañada por la selección de pacientes en función de la edad”. En Quebec, las autoridades “infantilizaron” a las personas mayores; y en Bulgaria, tenían horarios diferentes del resto de la población para ir a comprar.
En casi todas partes, los residentes en centros de mayores quedaron privados de todo contacto con sus familiares. Y pocos pudieron utilizar las herramientas digitales, que apenas conocían. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los 44 sociólogos, politólogos y gerontólogos de 18 países.
Incluso en las sociedades de África subsahariana, consideradas especialmente respetuosas con los ancianos, las personas mayores quedaron marginalizadas durante la pandemia, destaca Georges Rouamba, antropólogo de la Universidad de Uagadugú.
“Exclusión digital”
Ante el COVID, los médicos pensaron salvar sobre todo a “los más jóvenes, considerados más útiles en la sociedad”, insiste Rouamba. Entre las poblaciones africanas, todavía muy jóvenes, “la larga longevidad se ve como sospechosa”, y algunas mujeres de edad muy avanzada son acusadas de “brujería”, añade el científico.
“Es una forma indirecta de deshacerse (de ellos), ya que no hay los recursos para cuidarlos”, insiste. Más vulnerables al virus, muchas personas mayores en África se empobrecieron con la pandemia, observa la economista Muriel Sajoux, especialista en Senegal y Marruecos.
La crisis sanitaria, explica, ha mostrado la necesidad de reforzar los sistemas de protección social hacia los ancianos, muchos de los cuales deben trabajar hasta edades avanzadas por no existir un sistema de pensiones sólido en economías todavía muy informales. En Taiwán, las personas mayores sufrieron un aumento de “violencia doméstica”, indica Justine Rochot, socióloga instalada en Taipéi especializada en el envejecimiento de la población en China.
Según ella, hubo “cohabitaciones intergeneracionales” difíciles y los hijos a menudo impedían que los ancianos salieran por miedo a que se contagiaran. En China, las autoridades presumen de “haber puesto el derecho a la vida, y por lo tanto el de las personas mayores, en el centro de la estrategia política” durante la pandemia, pero los ancianos, por ejemplo, no fueron prioritarios para acceder a las vacunas, señala la experta.
También quedaron bloqueados por el uso mayoritario digital durante la pandemia, ya que los desplazamientos en China estaban vinculados a una aplicación de seguimiento. Una “exclusión digital” que existía desde hacía tiempo, pero que con la crisis sanitaria se ha hecho flagrante y suscitará un debate sobre la cuestión, dice Rochot.
Fuente: AFP.