La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) se pronunciaron ante la deuda del Estado que les afecta sobremanera. A través de un comunicado denuncian que las empresas constructoras podrían ser castigadas por el sistema financiero, provocando así ser devaluadas en su calificación.
Tanto la Capaco como la Cavialpa solicitan al Estado medidas transitorias para evitar la devaluación de sus calificaciones crediticias. Tras una entrevista con el candidato a senador Dionisio Amarilla, quien se mostró molesto por dicha situación, manifestó: “La inacción del BCP está llevando a la economía paraguaya a una de las debacles de mayor profundidad en los últimos tiempos”.
Explicando la situación, Dionisio Amarilla dijo: “Las constructoras utilizan como mecanismo de fondeo obtener recursos para dar curso a sus obras que contrató. Mediante el vínculo con el Estado, utilizan el descuento de facturas”. Además dijo que dentro del descuento de facturas participa el MOPC, que es la institución que se encarga de autorizar dicho préstamo para la empresa.
Dionisio Amarilla continuó explicando: “Hay una regulación del BCP que estipula que cuando uno tiene deuda impaga de 60 días pierde su calidad de categoría uno. Superando los 150 días de atraso, ya tiene otra calificación”. Así también mencionó que el único que puede hacer la modificación es el BCP, teniendo en cuenta que por derivación del incumplimiento del Estado, las empresas entraron en una categoría en la que no debían haber entrado.
“Su directorio tiene que reunirse y decir que las empresas constructoras que no pueden pagar sus deudas por culpa del Estado, podrán refinanciar sus deudas, amortizando el 5% o 10% y el resto podrá pagar más adelante. No se les pide cosa de otro mundo”, enfatizó Amarilla.
“Esa inacción del equipo económico ante el BCP es lo que se reclama, y está generando un efecto dañino en la economía”, puntualizó el candidato a senador Dionisio Amarilla, quien finalizó la entrevista con La Nación/Nación Media diciendo que hay una falta de conducción en la política económica porque “viven en una burbuja”; además, dijo que como efecto colateral de la situación, las vialeras están empezando a despedir personal, despidiendo choferes, y no están pagando a las estaciones de servicio.
El comunicado divulgado días anteriores por las empresas constructoras señala que la deuda que el año pasado acumuló el Estado con las empresas constructoras contratistas de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ronda poco más de 400 millones de dólares.