Estas declaraciones ponen en duda todas las informaciones proveídas por el Gobierno a los estamentos de los Estados Unidos.

El abogado Pedro Ove­lar, representante legal de Horacio Car­tes, se refirió a las expresiones del ex ministro de Mario Abdo Benítez, Eduardo Petta, quien en una entrevista cayó en un sincericidio afirmando que desde el Gobierno se orquestó la persecución por fuera de los organismos de Justicia en contra del ex presidente de la República y actual titular de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republi­cana (ANR), Partido Colorado, electo en diciembre pasado con 605.917 votos.

Al respecto, Ovelar mani­festó que estas declaracio­nes ponen en duda todas las informaciones proveídas por el Gobierno a los esta­mentos de los Estados Uni­dos y que derivaron en una escalada de declaraciones a través de la Embajada nor­teamericana en Asunción, coincidiendo con los perio­dos electorales que se desa­rrollan en el país.

“Definitivamente, esto vicia de nulidad todo informe que provenga del Gobierno. Ten­dría que ser revisado amplia­mente, se trata ya de una per­secución política y toda la persecución política es para posicionar al señor Horacio Cartes en delitos que final­mente son delitos políticos los que pretenden instalar estas personas”, indicó en entre­vista para el diario La Nación/Nación Media.

Asimismo, expresó su sor­presa ante estas declaraciones de Eduardo Petta, ex minis­tro de Educación y allegado a Abdo Benítez, y aseguró que con esto se confirma lo que en todo momento se había especulado, que todo se trata de una persecución política a un adversario político. El actual presidente de la Repú­blica pugnó contra Cartes por la presidencia de la ANR en diciembre pasado y obtuvo 457.302 votos, unos 150 mil votos por debajo del líder del movimiento Honor Colorado.

“A mí me sorprendió también la noticia, no tenía conoci­miento de esa circunstancia que con la publicación ahora noto. Se confirma que toda esta escalada de sanciones y consecuencias sobre Horacio Cartes provienen de gente del Gobierno y de instituciones del Gobierno que a su cargo también están las relaciones exteriores y han permeado hacia las instituciones ameri­canas, en este caso el Departa­mento de Estado y el Departa­mento del Tesoro, solamente con la finalidad de perseguir a un adversario político”, apuntó el abogado.

El profesional del derecho cuestionó que, de acuerdo a las declaraciones de Petta, se haya incurrido en una inves­tigación por fuera de los órga­nos competentes, armando un equipo con el único objetivo de perjudicar a Horacio Cartes. “La condición para esta per­secución o investigación que no proviene del órgano natu­ral que tiene que investigar donde se debe denunciar que, es el Ministerio Público, pro­viene de un órgano totalmente desprovisto de esa función, de esa facultad. De acuerdo a las declaraciones de Eduardo Petta, armaron un equipo para perseguir por fuera del Ministerio Público a un adver­sario político”, sentenció.

Con relación al “recluta­miento” de ex fiscales de un sector político específico, el Partido Democrático Progre­sista (PDP) indicó que eviden­temente el único objetivo es contar con personas que se dediquen exclusivamente al trabajo de “investigación” en contra del actual presidente de la ANR. “La finalidad es esa, buscar personas que investi­guen a Horacio Cartes de esos lugares de poder, del poder administrativo”, cuestionó.

Finalmente, Ovelar ratificó que con estas declaraciones se confirma que no se cuentan con las pruebas que supues­tamente confirmen activida­des ilícitas de Cartes en sus empresas, y eso quedaría en evidencia cuando se acceda a las pruebas que fueron crea­das por el propio gobierno de Mario Abdo Benítez.

“La finalidad es trabajar en silencio, alterando toda prueba o toda interpretación sobre cuestiones de las activi­dades del señor Horacio Car­tes o de sus empresas en este caso, con esa finalidad última de lograr sanciones para per­judicarle al enemigo político, y no presentan nada porque definitivamente al ser contras­tado y analizado por otras per­sonas va dar cuenta de que se trata de una tergiversación de hechos que para nada son ilí­citos”, puntualizó.