La fiscal Stella Mary Cano afirmó que son “totalmente falsos” los datos que están siendo divulgados por un medio de comunicación sobre su participación en un supuesto montaje que había derivado en la destitución del entonces intendente de Asunción Mario Ferreiro, absuelto en una causa hace unas semanas. Aseguró que las conversaciones de Whatsapp publicadas no formaron parte del expediente judicial, por lo que dijo que la información falsa está siendo proveída por un tercero.
“No forman parte (esos mensajes) del expediente. Inclusive hoy me preguntaron por qué no habría declarado antes ante la prensa, y dije, porque yo sí soy una persona de derecho. Yo necesito fundarme en cuestiones jurídicas y en este caso me fundo en el acta del tribunal”, señaló Cano a la 970 AM.
Explicó que en el acta obrante está asentado que la investigación se basó en lo que el testigo autorizó que se produzca. “El resto no forma parte del expediente, eso es categórico. Lo que afirma el medio de prensa es falso, ellos no pudieron haber obtenido esto del expediente judicial. Alguien les proveyó”, acotó.
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Información de cumplimiento en el historial crediticio impulsa inclusión
Equifax Paraguay registra más de 2 millones de personas que cuentan con un historial de crédito de cumplimiento en el sistema financiero. La incorporación de información de cumplimiento de los clientes sigue representando el factor más importante que genera un salto en la inclusión financiera en el país y en el acceso a productos financieros.
Hernán Pariso, director de Equifax Paraguay SA, en un encuentro con medios de comunicación, señaló que la inclusión de datos de cumplimiento en el historial crediticio de las personas es obligatoria. La última modificación de la Ley n.° 6534 de Protección de Datos Personales, sancionada en 2020, establece que todos los usuarios de información crediticia deben reportar el comportamiento de pago positivo y negativo de los consumidores. Explicó que la información de cumplimiento es la forma en la que el usuario se comporta mensualmente en sus actividades crediticias pasando de informar solo la “foto” de la morosidad, sino más bien el nivel de pago que se tiene, dando un mejor panorama sobre el comportamiento de las personas activas financieramente.
EVALUACIÓN INTEGRAL
La información de cumplimiento incluye pago puntual de facturas, servicios, préstamos, créditos comerciales, entre otros, que proporcionan una imagen más completa de la salud financiera de los usuarios. A su vez, todo esto permite a las entidades evaluar de manera más integral la capacidad crediticia que tienen los consumidores, o si tuvieron alguna dificultad con algún compromiso, además de posibilitar que se puedan ofrecer mejores oportunidades de acceso a crédito, de acuerdo a cada comportamiento financiero. “Es muy importante comprender que el buró de créditos hoy es aliado de los usuarios y de los consumidores, porque cuenta la historia crediticia de manera segura, fidedigna y objetiva a las entidades donde van a solicitar un crédito”, comentó Pariso.
“EQUILIBRIO EN LA ECUACIÓN”
Esto se considera debido a que, si no existiese información, cada persona debería llevar certificados, copias y numerosos trámites para conseguir un crédito, por lo que dificultará el proceso de concesión de créditos. Pariso indicó que, desde la modificación de la ley, se logró un equilibrio en la ecuación dado que se cuentan con ambas informaciones: positivas y negativas de pagos, siendo este incluso un derecho para los consumidores. “Pude estar pagando bien y me atrasé un mes por algunos motivos, después volví a pagar, ese historial de crédito es importante”, afirmó.
La evolución del buró de créditos no solo representa un cambio positivo para los consumidores en general, sino también deriva en la economía al permitir que un mayor número de personas puedan acceder a créditos para emprender negocios, adquirir viviendas y realizar inversiones.
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Emiliano Rolón designa a nuevo fiscal para investigar a Abdo Benítez y su gavilla
El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.
La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.
Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Roa: fiscal acusa y pide juicio oral
En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral y público para el exministro de la SEN
En el transcurso de la mañana de este jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado, Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
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Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios, para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. Simulaban el proceso de licitación y las adjudicaciones se realizaban a empresas de terceras personas; no obstante, el dinero de la secretaría era depositado en la cuenta de la empresa Tapyracuai de Koube, y este para justificar el endoso del cheque emitía las facturas de crédito por servicios prestados a las firmas ganadoras de licitaciones.
De acuerdo a la acusación, entre enero del año 2018 a diciembre del año 2021 Roa, mientras se desempeñaba en el cargo de ministro de Emergencia, recibió beneficios económicos indebidos de parte de Koube, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita.
A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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