La senadora Blanca Ovelar manifestó que es necesario analizar la situación de las listas desbloqueadas, ya que le parece que personas que no reúnen los sufragios necesarios se encuentran en puestos privilegiados. Las expresiones de la legisladora fueron en un balance de las internas partidarias del 18 de diciembre en que sectores de la oposición validaron candidaturas mediante listas cerradas, así como en acuerdos que desplazaron a candidatos con miles de votos.
“Con este mismo sistema hay personas con menos de 200 votos que encabezan las listas, eso no entiendo”, dijo Ovelar durante una entrevista con la 1020 AM. La legisladora aseguró que la cantidad de votos es un punto clave para la validación de las candidaturas, ya que es la elección popular la que debe primar y verse reflejada en las urnas porque finalmente los políticos deben servir al pueblo.
ES HORA DE REVISAR NUESTRA LEY
Durante el diálogo, la legisladora fue consultada respecto a su opinión sobre el sistema electoral actual y qué le parece que debe reforzarse en el caso de que hicieran falta cambios y su respuesta fue: “Es hora de revisar nuestro sistema democrático y la ley. Hay que pensar y aprender de lo que ya cambiaron otros países”.
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El pueblo mexicano donde los cárteles buscan votos con balas
“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.
“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.
El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.
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Régimen de terror
Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.
El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.
Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.
No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.
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“¡Ay donde no gane!”
Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.
El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.
Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.
Aunque me maten
La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.
“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.
Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.
Fuente: AFP.
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Detienen a tres personas por hurto y recuperan aparatos celulares
La Policía Nacional detuvo a tres personas luego de una persecución, debido a que las mismas habrían hurtado dos aparatos celulares. Los detenidos fueron identificados como Patricio Samuel Silva Morel, de 20 años, Ruth Mabel Figueroa, de 18 años y Fernando Darío Benítez Bogado, de 24 años.
Durante el procedimiento fueron recuperados dos aparatos celulares, producto del ilícito. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría 16ª de Asunción. Los aprehendidos y los objetos recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Ahora, el Ministerio Público tendrá que convocar a los detenidos para la audiencia indagatoria, donde los mismos tendrán derecho a declarar y defenderse. En caso que no lo hagan se dejará constancia y el fiscal del caso podría avanzar en el presente caso presentando la imputación, si se tienen los elementos de sospecha correspondientes.
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En caso de presentarse la imputación, se tendrá que pedir una medida cautelar que podría ser la prisión preventiva de los aprehendidos. Luego los mismos deberán acudir al Poder Judicial donde se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una penitenciaría de nuestro país.
Si el juez de turno decide decretar la prisión preventiva, la defensa de los imputados podrá apelar el fallo judicial y en caso de producirse eso será un tribunal de apelación el que tendrá que decidir si se ratifica la resolución de primera instancia.
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Está a solo dos votos de lograr destrabarse
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores han presentado, hasta el momento, dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
La Sala Penal está integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia debe expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
Luis María Benítez Riera ha emitido su voto y faltaría la decisión de los demás magistrados para finalmente destrabar la causa. Ahora, el expediente se encuentra en el gabinete del ministro Diesel y por último deberá pronunciarse Ramírez Candia.
No se descarta la posibilidad de que ambos magistrados ya se expidan sobre el caso en el transcurso de este lunes. Si esto se concreta en la fecha, ya se destrabaría parcialmente la causa contra el exmandatario y su gavilla por la filtración de información de inteligencia.
El abogado Felino Amarilla, representante del extitular de Seprelad Carlos Arregui, uno de los imputados en la causa que pesa contra Abdo, fue quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, lo cual está pendiente de resolución.
El Ministerio Público había imputado al expresidente, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.