Aníbal Saucedo Rodas
Hay personas que enloquecen por el poder. Y hay otras que deliran, se enferman sin el poder. Pero más que el deseo de dirigir, presidir o gobernar, les obsesiona los privilegios espurios, las prebendas y regalías, el dinero desviado por los andariveles de la corrupción, en fin, el engorde rápido de sus alcancías. Como los mandatos tienen su fecha de expiración, se apresuran a consumar deleznables propósitos. Atropellan las formalidades, violentan los procesos de compra, evaden licitaciones por la vía de las “urgencias”, disfrazan de “aportes institucionales” millones de guaraníes que se otorgan indiscriminadamente, evadiendo todo control. Según todos los indicios, esta modalidad abrió las compuertas del diablo como una nueva forma de alevosa corrupción. Ni qué decir de las presuntas “adendas” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que las nuevas autoridades que asuman el próximo 15 de agosto del 2023 deberán examinar y auditar escrupulosamente. Ni a martillazos van a cuadrar algunos balances.
El discrecional y autoritario manejo de la EBY puede resumirse en los 7.319.903.160 guaraníes (un millón de dólares y piquito) que el director de la entidad, Nicanor Duarte Frutos, y la coordinadora general de Acción Social, Noelia Núñez de Figueredo, entregaron a un autoproclamado “dirigente social” del departamento Central, Cándido Alcides Valenzuela Mora, con un pesado prontuario que incluye estafa, invasión de propiedad privada, medidas cautelares y prohibición de salir del país. Nadie controló el destino de los kits de alimentos. Ni si se dio la cantidad pactada. Las empresas proveedoras solo estaban obligadas a trasportar hasta el lugar indicado por las organizaciones que recibirían los víveres. “Apenas están estirando la cola del animal que se refugia bajo la tierra”, me advirtió divertida nuestra “Deep throat” de la EBY, desde su anonimus “Hacke mate”. Y continuó: “Si te fijas en las resoluciones de ayer, las seis entregas se distribuyeron entre Jet del Este, Samalu SA y ManMax. En los últimos meses esas empresas son las que acaparan los contratos directos de Yacyretá”. E, igual que en la víspera, empezó con los detalles.
En realidad, se corrigió a sí misma, durante el 2020, tiempo de pandemia, la debilidad de Nicanor Duarte Frutos se llamaba “Tentación Gourmet”. Proveyó aporte institucional, a través del Consejo Nacional de Defensa (Codena), para “alimentar a connacionales que estaban en cuarentena obligatoria en varios albergues”. La primera resolución es del 29 de mayo del 2020, la 1484. Siguieron, sucesivamente, con carácter de exclusividad, las resoluciones 1502/1503/1514/1537/1540/1552/1564/1577/1578/1594/1617/1618/1646/1649/1662/1685/1723/1724/1725/1733/1772 y 1773, del 16 de noviembre del 2020. “Para no aburrir a los lectores, te pasaré los montos en la próxima entrega”, me subrayó. “Pueden quemar intencionalmente la entidad, si quieren, yo tengo en mi poder todos los documentos”, me advirtió.
Pero hay más. ManMax Distribuidora empezó con una modesta contratación directa de 82.950.000 guaraníes para “proveer al Despacho de la Primera Dama 5.000 pan dulces y 5.000 juguetes (muñecas y autitos)”, mediante la resolución 2322 del 17 de diciembre del 2021. A partir del 22 de mayo del 2022, ManMax Distribuidora se transforma en M y M, con el mismo dueño, Jorge Pastor Martínez Peña. Ahí empezó a transitar su carretera al éxito, mediante las resoluciones 1484/15032/1503/1514/1537/1552/1564/1557/15/78/1594/1617/1618/1646/1649/1662/1685/1695/1723/17254/1725/1772/1772, esta última del 13 de octubre del 2022. Ahora tomó la posta Samalu SA.
“Una cosa extraña, me informa, de acuerdo con mis investigaciones, Samalu SA no figura en contrataciones públicas, pero los cheques son cobrados por una tal Myrian Gladys Ferreira González, con CI 543.801. Quien, a su vez, sería prima del director de Comunicación Social de Yacyretá, Aristides da Rosa”. Y ahí me dejó con ganas de saber más al respecto.
Con razón que el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, contrató a un conocido constitucionalista para no trasparentar los gastos sociales de la entidad. Pero, también, lo hizo para “consultar” sobre otros casos, con honorarios que iban de 5.000 a 9.000 dólares. Para mí, muy lamentable, tratándose de un profesional que habla constantemente de cambiar totalmente la estructura jurídica del Paraguay, desde el Ministerio Público hasta la Corte Suprema de Justicia. Debería empezar sugiriendo a favor de la transparencia de los recursos públicos. En fin. Sobre el tema, volveremos más adelante.
En las próximas ediciones iremos sumando cuánto ganó cada una de estas empresas con las contrataciones directas. Ni hablemos de las “reparaciones” de la sede de la Vicepresidencia de la República, del avión, del yate y de la casa presidencial ubicada en Ayolas. Se vienen meses de grandes atractivos. Les prometo que no será un verano aburrida.