Tras la promulgación de la polémica ley que autoriza al Instituto de Previsión Social (IPS) a celebrar préstamos a largo plazo para el pago de las deu­das a proveedores, arries­gando los fondos jubilato­rios, los diferentes gremios de trabajadores y asociaciones de jubilados y pensionados llevan adelante un análisis en detalle de las implican­cias que podría acarrear esta legislación que entró en vigencia esta semana.

El ex gerente de Presta­ciones Económicas de la previsional, Pedro Halley, advirtió en comunicación con el diario La Nación/Nación Media que, tras realizar un estudio a fondo de la Ley 7037/2022, al cual pasó a llamar “Ley del cheque en blanco a la mafia del IPS”, se obser­van efectos que son peo­res de lo que se imaginaba. En ese sentido, comenzó señalando que cuando se analizaba en el Congreso esta normativa introdu­cida por el diputado ofi­cialista Arnaldo Sama­niego, no fue especificado un monto máximo del cré­dito que se pueda solicitar.

“Como la ley no habla del monto a endeudarse, el IPS podrá endeudarse sin límite, es decir, por US$ 242 millo­nes, o por US$ 408 millones, que es el monto total adeu­dado; o bien, por US$ 2.200 millones, que es el total de las reservas del IPS. Además, esta ley vigente no se limita a autorizar una operación de endeudamiento, por lo que el IPS podrá realizar varias ope­raciones sucesivas. Así lo reco­noce la misma resolución que hoy sacó el Consejo de Admi­nistración”, comentó Halley.

Asimismo, indicó que en la modalidad elegida de Fidei­comiso, el capital fideicomi­tido (US$ 242 millones, o US$ 408 millones, o toda la reserva), con sus garantías, pasan a ser propiedad del banco fiduciario. Es decir que el IPS transferirá la propie­dad de esa reserva por entre 5 y 20 años. “El banco fiducia­rio puede ser de otro Estado o un organismo internacio­nal (BID, FMI). O sea, el IPS podrá sacar del país parte o toda su reserva técnica (fon­dos jubilatorios). Cuidado con eso”, advirtió Halley.