La Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados tiene previsto para mañana lunes 28 de noviembre el estudio del proyecto de ley que prevé extender hasta las 19:00 el horario de votación de las próximas internas del 18 de diciembre, que actualmente está establecido hasta las 17:00; medida propuesta tras el incendio en la sede de la Justicia Electoral que perjudicó miles de máquinas de votación.
La iniciativa legislativa ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Senadores y fue una recomendación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ante la necesidad de aumentar la cantidad de electores por mesa y la menor cantidad de máquinas de votación disponibles para estos comicios.
La comisión presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño deberá analizar a las 10:30 el proyecto de ley “que modifica temporalmente el artículo 218 de la ley N° 834/1996, que establece el Código Electoral Paraguayo”. Esta iniciativa legislativa también debe ser estudiada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, y fue un anteproyecto presentado por la Justicia Electoral y que finalmente fue llevado hasta el Congreso por el senador Miguel Fulgencio “Kencho” Rodríguez.
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Instalan mesa de trabajo para analizar proyecto de ley de Registro Único Nacional
La Comisión de Asuntos Constitucionales inició esta semana el estudio del proyecto de Ley que crea el Registro Único Nacional (RUN) en el que participaron representantes de diversos sectores, entre ellos del gremio de escribanos, que expresaron algunas consideraciones. Durante la reunión se acordó remitir sus objeciones a la comisión y establecer una mesa de trabajo que incluya a todas las partes interesadas.
Al respecto, el titular de esta mesa de trabajo, Javier Zacarías Irún informó que todas las consideraciones y objeciones al proyecto que fueron presentadas por el Poder Ejecutivo días atrás, deberán ser presentadas antes del 28 de setiembre. Esto, teniendo en cuenta que esperan culminar la discusión del proyecto y emitir el respectivo dictamen el 9 de octubre próximo.
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Zacarías Irún explicó que el proyecto tiene como objetivo unificar los diversos registros relacionados con la tierra, tales como catastro, geografía y registro público. Mencionó que esta iniciativa busca mejorar la seguridad jurídica para los ciudadanos, simplificar los trámites y evitar la coexistencia de múltiples títulos, es decir la superposición de títulos sobre una misma propiedad, lo cual genera incertidumbre y conflictos legales.
“Queremos terminar con todo esto y darle seguridad al que compra y seguridad al que vende, y por sobre todo saber que los títulos que tenemos son documentos reales, formales y legales. Para ellos, se pretende unificar los registros, tanto de catastro, registros públicos e incluso la parte del Ministerio de Obras Públicas que también tiene incidencia cuando estamos hablando de registros públicos”, comentó.
Para el análisis de este tema, estuvieron presentes el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y otras autoridades invitadas, entre ellas la arquitecta Verónica Martínez, directora de Obras Públicas, y Cristian Sacarello, jefe de la Unidad de Obras.
Asimismo, se contó con la participación del Dr. Javier Valenzuela, director de Asesoría Jurídica, y otros expertos en los ámbitos jurídico e inmobiliario. También estuvieron representantes del gremio de escribanos, como la notaria Kathya Beatriz Ayala Ratti y el notario José María Livieres Guggiari.
Amplias coincidencias
Respecto a las objeciones del gremio de escribanos, el legislador destacó que existe una gran coincidencia en la necesidad de que la Ley sea sancionada y puesta en vigencia, también hay concordancia sobre la actualización de la ley vigente, así como hay coincidencias en que se deben unificar para agilizar los trámites. No obstante, señalaron algunas objeciones como profesionales escribanos.
“Esas objeciones ellos nos van a acercar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y estaremos trabajando en una comisión grande con los que presentaron el proyecto de Ley, llámese Poder Ejecutivo, llámese Poder Judicial, estaremos trabajando con el gremio de escribanos, y vamos a trabajar con cualquier otro ciudadano que puedan traernos propuestas para mejorar el proyecto de ley antes de presentar ante el plenario” acotó.
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Ejecutivo presenta proyecto que apunta a lucha estratégica contra la corrupción
El Poder Ejecutivo presentó este lunes el proyecto de ley del “régimen nacional de integridad, trasparencia y prevención de la corrupción”, que integra a los tres poderes del Estado, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público. Esta iniciativa fue presentada durante una conferencia de prensa realizada por la vocera de Gobierno Paula Carro, el contralor Camilo Benítez y el asesor Jurídico de la Presidencia Roberto Moreno.
Se trata de un proyecto que une esfuerzos de los tres poderes del Estado, la Contraloría y la fiscalía para una estrategia nacional de lucha contra la corrupción. El presidente de la República, Santiago Peña, junto con los presidentes del Congreso, Basilio Núñez, y de la Corte Suprema, Luis María Benítez realizaron la presentación oficial de este proyecto.
“Hoy presentamos un proyecto de ley fundamental para la transparencia y la prevención de la corrupción. Una apuesta a unir esfuerzos de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República para lograr un Paraguay más transparente”, destacó el mandatario.
Este documento “embiste de verdadera autoridad a la Contraloría como órgano extrapoder”, de acuerdo a las explicaciones del asesor jurídico, Roberto Moreno. “Un órgano extrapoder que no depende jerárquicamente ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial es la Contraloría General de la República, y con eso creemos que se está dando un gran salto adelante en el manejo de esta problemática”, indicó.
Señaló además, que “con una ley no se resuelven todos los problemas de la noche a la mañana, no vamos a dejar de tener hechos de corrupción, pero sí se establece una estrategia inteligente para encarar este problema, y sobre todo se le da al jugador adecuado”.
Por su parte, el contralor Camilo Benítez ley es fruto de la cumbre de poderes convocada por el presidente Santiago Peña a días de asumir, para coordinar la lucha contra la corrupción entre todos los estamentos del Estado.
“Asumimos esta responsabilidad desde la Contraloría General de la República, creemos nosotros que es un día histórico para nuestro país en materia de control, tenemos un desafío enorme y ahora vamos a tener una carga enorme, porque en esta ley se establece un procedimiento para sobre las denuncias de corrupción”, explicó el contralor.
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PGN para el 2025 contempla un incremento del 14 %
Este viernes el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, entregó al presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 que contempla gastos por G. 132,9 billones (USD 17.557 millones), un aumento del 14 % en relación al plan de gastos de este año de USD 15.500 millones.
El secretario de Estado precisó que el presupuesto se alinea al plan de convergencia fiscal que para el próximo año indica un monto máximo de déficit del 1,9 % del producto interno bruto (PIB). Los sectores prioritarios son salud, educación, seguridad-justicia y protección social, que recibieron preferencias en las partidas presupuestarias.
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“Estamos teniendo recaudaciones por encima de lo estimado este año y eso abre posibilidades a que tengamos este porcentaje de incremento”, manifestó Fernández Valdovinos en relación al aumento del 14 % que en números son cerca de USD 870 millones más sobre el PGN 2024.
Distribución
De ese incremento, educación se llevará USD 309 millones más; al respecto, dijo que nunca antes el Ministerio de Educación había recibido un aumento de estos valores. Señaló que este número también financia el programa Hambre Cero, por ende, existe respaldo para este proyecto de gobierno con recursos que había en el presupuesto 2024 y lo asignado para el próximo año.
Seguridad que incluye el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia lleva USD 111 millones más. Salud, un sector con muchas necesidades y con recursos limitado, enfatizó el ministro, se lleva USD 103 millones más; sobre esta área, hizo énfasis en que este año les fue otorgado USD 325 millones para uso en medicamentos y que existe deuda cero con el Ministerio de Salud.
El Poder Judicial, entre la Contraloría General de la República (CGR), Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también incluye recursos para el proyecto de ley de Registro Unificado Nacional (RUN) con Registros Públicos, Catastro y Geodesia, tienen asignados USD 52 millones más para el 2025.
El programa de adultos mayores, que forma parte de la red de contención social del MEF, se lleva USD 46 millones más. “Estamos ante uno de los presupuestos generales de gastos más importantes en la historia reciente, porque es el primero que tenemos desde que somos grado de inversión”, dijo el titular del MEF.
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Proyecto de ley de permiso para embarazadas contempla sanciones para empleadores
El proyecto de ley que regula los permisos laborales para consultas y controles de las trabajadoras en estado de gestación volvió a la Cámara de Diputados luego de haber sido aprobada con modificaciones en el Senado. El objeto de la iniciativa es proteger a las embarazadas y garantizar el bienestar de los nonatos.
“Se establecen sanciones correspondientes a jornales diarios para actividades no especificadas en la capital en caso de incumplimiento, tanto por parte de las instituciones estatales como de las empresas privadas. Se asigna como organismo de control el Ministerio de Trabajo en el caso de las mujeres del sector privado y al Viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas para las del sector público”, explicó el senador Derlis Maidana.
Las sanciones por incumplimiento van desde 10 a 50 jornales, es decir entre G. 1.076.270 a G. 5.381.350. Las instituciones encargadas del control deberán tener en cuenta el volumen de la empresa, su capital, entre otros aspectos al momento de aplicar las penalizaciones, puesto que tampoco se quiere desincentivar las ofertas laborales para mujeres.
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“Bajamos un poco las sanciones para no desalentar la contratación de mujeres, el objetivo de la ley es muy loable, tampoco creímos conveniente descartar la legislación porque es responsabilidad del Estado preservar a la mujer en estado de gestación”, explicó a la 650 AM.
El proyecto contempla que se debe otorgar permisos de hasta cuatro horas para que las mujeres puedan ir hasta los centros asistenciales para sus estudios y sus chequeos, de esta forma proteger su embarazo, su integridad y evitar la muerte gestacional. “Las licencias deben ser solicitadas con antelación, excepto en los casos de urgencia.
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