Llama la atención el silencio de las organizaciones no gubernamentales (ONG), las civiles y de los movimientos y partidos de la oposición, que históricamente se mostraron muy críticos ante al gobierno de turno, pero en esta oportunidad no realizan ningún pronunciamiento sobre los casos de corrupción y el uso del dinero público y otros recursos del Estado para la campaña electoral del oficialismo.
La directora ejecutiva de Semillas para la Democracia, Marta Ferrara, fue consultada sobre este punto por Universo 970 AM/Nación Media, quien indicó que en esta oportunidad no están realizando el abordaje sobre el uso de los recursos públicos, sino que están trabajando en el monitoreo del financiamiento político.
Ferrara reconoció que los anuncios que viene realizando el gobierno de Mario Abdo, como el pago adicional dentro del programa Tekoporã, así como el des-embolso de un bono de G. 1.500.000 para los docentes, están enmarcados dentro del sistema prebendario que sigue instalado en el país.
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CBI indaga el financiamiento político promovido por ONGs
El senador Dionisio Amarilla, quien preside la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, inició la primera reunión que se enfoca en evaluar a las organizaciones no gubernamentales (oenegés) y el financiamiento político.
Amarilla explicó que el objetivo es ver si sus fondos han permeado a alguna candidatura en las últimas elecciones, así como conocer el origen de los mismos.
La reunión fue convocada de forma reservada y la primera institución llamada fue la del Ministerio Público, que está siendo representada por la fiscala adjunta Matilde Moreno. En la jornada también estaba prevista la participación de las autoridades de la Seprelad, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.
Al respecto, el parlamentario comentó –previo inicio de la sesión– que los miembros de esta mesa de trabajo no cuentan con indicios para acusar a alguna oenegé en particular, pero sí hay ciertos datos que están llamando la atención. Es por eso que han decidido iniciar el trabajo con este enfoque, atendiendo a que están comenzando a recibir las primeras informaciones que son datos relevantes que deben ser analizados.
Aclaró que si la Comisión Conjunta, que es de carácter temporal, tuviese alguna sospecha en particular, tal vez ya hubieran focalizado la investigación hacia alguna oenegé en particular. Al respecto, indicó que tienen conocimiento que existe en el país unas 13.000 oenegés.
“Estamos recabando información, hay datos relevantes que más adelante pueden generar cierta preocupación, teniendo en cuenta que hay ciertos requerimientos como formalizar sus documentaciones. Los primeros reportes nos indican que esa no es la particularidad de las asociaciones y fundaciones”, acotó.
Del mismo modo, el senador Amarilla señaló que si esta comisión conjunta fuese una comisión “garrote”, como ciertos medios de prensa buscan instalar, indicó que iniciarían acusando directamente y esa no es la función de esta mesa de trabajo.
“Se está recabando información, se están desmenuzando todas las aristas posibles y posteriormente se producirá un relato o documento oficial que será sometido primeramente a consideración de los integrantes de la comisión y posteriormente a los respectivos plenos y serán estas instancias las que determinen el siguiente paso a seguir, por supuesto con recomendaciones de los que integramos la comisión”, explicó.
EJES DE TRABAJO
Respecto a los ejes que se determinaron como línea de trabajo, el senador Amarilla señaló que en una segunda etapa estarán analizando el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas.
El legislador indicó que en este ámbito se estarán analizando todos los casos, no solo el reciente que involucra al diputado Eulalio Gomes, sino también los casos que tomaron notoriedad pública, como el caso del dinero de la Conmebol, el caso del presunto narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y el de los bancos Zeta y Atlas.
“Con el correr del tiempo, veremos si nos da para analizar cada caso, porque esta comisión es temporal y es cortísima. Esta es una tarea adicional, no paga horas extras, y estaremos haciendo el trabajo conforme al tiempo que dispongamos”, indicó.
OTROS PUNTOS DE LA PRIMERA SESIÓN
El senador Gustavo Leite informó que el plenario de la CBI aceptó incluir el caso de Lalo Gomes y será analizado en su momento. Nota mediante, se enviarán pedidos de informes a la Fiscalía para que remita detalles de los casos de lavado de dinero como la situación del proceso y algunos datos estadísticos.
Resaltó que la titular de Seprelad remarcó la necesidad de contar con una ley que permita el control del dinero que reciben las oenegés, el origen de los mismos y el destino que reciben.
Leite indicó que el camino se está haciendo con la ley sobre transparencia de los fondos de las oenegés y que ya cuenta con media sanción en el Senado. Cristian Ruiz Diaz, director de financiamiento político de la Justicia Electoral, confirmó que ha habido una oenegé que ha intentado controlar parte del proceso electoral teniendo como parte de su plantel directivo a un candidato, situación que no corresponde.
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Rendiciones de cuentas de las ONG están a disposición de la ciudadanía
Las rendiciones de cuentas de la Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben fondos públicos se encuentran a disposición de la ciudadanía en la página web de la Cámara de Senadores. Esta publicación se da en el marco de un plan piloto impulsado por la Comisión de Cuentas y Control de la Administración financiera del Estado, presidida por el senador Dionisio Amarilla.
“Hemos trasladado al director de Cuentas, Rolando Duarte, la preocupación sobre la recepción de carpetas y biblioratos relacionados con las rendiciones de cuentas de las ONG. Gracias al arduo trabajo de los técnicos de la comisión, a partir de hoy esas rendiciones ya se exhiben públicamente”, anunciaba el legislador en la semana.
El senador destacó que la Cámara Alta es la primera institución del país en publicar las rendiciones de cuentas de estas organizaciones, en el marco de la transparencia y el acceso a la información financiera que involucra recursos del Tesoro Público.
Aclaró que, además del Senado, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas también reciben los mismos documentos, mientras tanto el Senado es la primera institución en publicarlos.
“Este es un trabajo extenso y arduo que hemos realizado en conjunto con la Dirección General de Informática, la Dirección de Comunicaciones y los técnicos de Cuentas y Control. Ahora, cualquier ciudadano puede acceder de manera rápida y precisa a la información, incluyendo los escaneados de las rendiciones hasta el nivel específico de facturas”, explicó por su parte el director de la comisión de Cuentas, Rolando Duarte.
El proceso de carga de la información está en su fase inicial, inició con aproximadamente 25 ONG que ya se encuentran registradas en la plataforma digital, y se espera que en los próximos días se llegue a la totalidad de la carga de los meses anteriores, con 2.000 rendiciones correspondientes al año 2023.
“El 95% de las ONG están presentando sus informes, y las excepciones se deben a transferencias gestionadas por el Ministerio de Economía”, refirió el director de Cuentas.
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Control a ONG se realizará cuando incida en políticas públicas, explica senador
Al término de la sesión extraordinaria en la Cámara Alta, el senador Derlis Maidana realizó un resumen de las modificaciones planteadas al proyecto de Ley que establece los controles y transparencia a las organizaciones sin fines de lucro. Indicó que el control se realizará siempre y cuando tengan incidencia en la gobernanza pública, aclarando de esta forma que no se trata de todos los fondos privados que reciban las ONG.
Maidana, que preside la comisión de Legislación, explicó que las comisiones vecinales ya están regidas por los controles ya establecidos en la legislación. “Nosotros creemos que con esta ley va a mejorar el control para las organizaciones no gubernamentales, porque aquí están los voceros de varias organizaciones y reconocieron que muchas hicieron mal su trabajo y que ellos no se oponen a la transparencia”, acotó.
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Maidana mencionó que el control se realizará en aquellas organizaciones que tengan incidencia en las políticas públicas, por ejemplo, una ONG que trabaja con el Ministerio de Educación en campañas que busquen prevenir el aborto, o las que estén a favor del aborto. “Todas esas organizaciones que reciban fondos públicos o privados y que tengan incidencias en la política pública son las que deberán rendir cuentas”, acotó.
Afirmó que para tal efecto, mediante esta ley se crea el Registro Nacional de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, ya que durante el análisis de este tema se hablaron de varias cifras y que no se tiene a ciencia cierta una cantidad exacta de las ONG que operan en el país.
Respecto a la Asociación Paraguay de Fútbol (APF), el senador Maidana indicó que reciben dinero de la FIFA y la Conmebol, y a su vez distribuye esos recursos a los clubes de primera división y de la Intermedia, pero ellos se conducen bajo un régimen de control, pero directamente no están incidiendo en políticas públicas. No obstante, indicó que los clubes deportivos son controlados por Seprelad y otros.
El senador Maidana indicó que las líneas políticas de las ONG son conocidas, algunas son más de derecha, otras más progresistas. “Con esta ley no se busca acallar, ni limitar el derecho de organización de la sociedad civil, ni la libertad de expresión. Simplemente lo que se pretende es mayor control y transparencia. así como los partidos políticos, los funcionarios públicos en general y otras instituciones”, acotó.
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Oenegés pegan el grito al cielo contra proyecto para transparentar sus fondos
- Unidad de Investigación
- Nación Media
- investigación@nacionmedia.com
Este lunes 8 de julio, a las 14:00hs, el Senado dará inicio al estudio del proyecto de ley que regula el financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Este proyecto ha generado controversias incluso antes de su presentación oficial, especialmente entre sectores vinculados a personas relacionadas con redes de oenegés que manejan considerables fondos, como los excandidatos de la Concertación Bruno Defelippe y Soledad Núñez.
El proyecto de ley abarca una amplia gama de organizaciones, incluidas asociaciones inscritas con capacidad restringida, asociaciones de bien común, de utilidad pública, fundaciones, organismos no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, agencias especializadas, organismos internacionales reconocidos por la República y cualquier persona jurídica o estructura que reciba o administre fondos públicos o privados, nacionales o internacionales. Específicamente, se focaliza en aquellas entidades que gestionen fondos en relación directa con actividades públicas. Todas estas organizaciones deberán registrarse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas.
El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.
UNA RED MILLONARIA
El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.
Lo que empezó como voluntariado evolucionó rápidamente hacia un próspero esquema de negocios, aprovechando proyectos públicos en áreas como el emprendimiento, la tecnología, la innovación y la contratación de personal docente. Bajo la fachada de promover la “gobernanza” y la “democracia”, la pareja consolidó su base política, siempre respaldada por oenegés.
El centro de esta expansión de las oenegés que operan alrededor de proyectos públicos es Koga Impact Lab, fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga, se han desprendido múltiples entidades como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), que presionan por préstamos y promueven iniciativas polémicas como las bicisendas en Asunción, entre otras.
La red de organizaciones derivadas de Koga como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directamente a su círculo cercano.
UN NUEVO ROSTRO
El último proyecto de Bruno Defelippe, esposo de Soledad Núñez, se centra en el muy publicitado Museo de Ciencias, una iniciativa de la ONG MUCI, de la cual él es parte.
En noviembre de 2023, la Municipalidad de Asunción, con la aprobación de la Junta Municipal, adjudicó la venta directa de un terreno de 5 hectáreas a MUCI, presidida por David Wallace Peery. Defelippe también figura en los documentos de constitución y en las constancias de beneficiarios finales presentadas ante la Abogacía del Tesoro hasta el 18 de junio de 2024. Aunque el valor fiscal de la venta no se ha especificado, se sabe que el valor real de mercado del terreno es de aproximadamente G. 50.000 millones, equivalentes a unos USD 6,6 millones al cambio actual.
El pago ya se ha realizado a la Municipalidad de Asunción y se espera la aprobación de un convenio entre la municipalidad y MUCI. Este convenio ofrecerá beneficios limitados, como la entrada gratuita al museo dos días al mes para todos los paraguayos, una vez que se inaugure el museo. No se han establecido condiciones específicas sobre el uso o enajenación del terreno después de los 5 años estipulados por la Ordenanza número 33/95 de “Tierras Municipales”.
Este generoso aporte de la Municipalidad de Asunción, combinado con el típico convenio de cooperación institucional en el que participa Bruno Defelippe, posiciona el proyecto del Museo de Ciencias como una importante plataforma para Soledad Núñez, quien actualmente aspira a ser intendente de la capital del país.
RIESGOS DE LAVADO
El riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es otra preocupación que aborda el proyecto de ley. La Resolución 453/11 de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) ya había incluido a las OSFL entre sus sujetos obligados.
Un informe de la Seprelad destaca el riesgo elevado de lavado de dinero y el uso indebido de las OSFL para la comisión de delitos vinculados a la corrupción. El informe menciona que muchas OSFL, principalmente las clasificadas como “caridad/asistencia”, “servicios sociales”, “desarrollo social y económico”, “deportivo” y “comités”, han sido utilizadas para fines ilícitos.