Son varios los cuestionamientos hacia el proceso de selección de la terna para el cargo de fiscal general del Estado (FGE) que se encuentra en la instancia del Consejo de la Magistratura; sin embargo, el abogado Óscar Tuma mencionó que hablar de un posible fiscal general a la medida es muy peligroso, atendiendo que las reacciones a la larga también podrían ser políticas.
En este sentido, indicó que si se da esta situación, se estaría abriendo una posible salida vía juicio político en un contexto político.
“Yo creo que hablar de ubicar a un fiscal a medida es bastante peligroso porque, si se da esa situación, posteriormente también puede existir una situación política para remover al fiscal en agosto. Entonces, va a ser una victoria pírrica, porque la selección sería política; por lo tanto, la destitución por juicio político también podría ser una reacción política, eso sería destruir la institucionalidad del Ministerio Público”, dijo a La Nación/Nación Media.
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FGE pide no aprobar restitución de fueros
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó ayer martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Cámara Alta de restituir los fueros a los legisladores procesados Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
Rolón había argumentado días atrás que paralizar procesos en marcha es inconstitucional, debido a que no es una figura prevista en la legislación paraguaya. Los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, que deberá expedirse sobre esta acción.
En su argumentación contra la Resolución n.° 504 de la citada cámara adoptada el pasado 4 de abril, sostiene que “la resolución del Senado tiene el inmediato efecto de detener los procesos, con lo cual pone en ascuas el modelo de juzgamiento, que en esquemas de garantías debe culminar en un plazo razonable, otorgándose nuevo blindaje con la restitución de los fueros a cada afectado, aspecto fundamental, inédito e inadmisible dentro de la Constitución Nacional vigente”.
En su descargo hace referencia al artículo 137 de la Supremacía de la Constitución, donde se establece que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”. El documento menciona al artículo 248 de la Carta Magna referente a la independencia del Poder Judicial.
Detalla que el caso de Erico Galeano, la fase investigativa está pendiente de acusación y el plazo que tiene el agente Silvio Corbeta para cumplir con este trámite vence el 24 de mayo. El proceso de Hernán Rivas se encuentra en etapa preparatoria a cargo de la fiscala Patricia Sánchez. Mientras que el caso de Rafael Filizzola está en proceso de casación.
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El FGE avaló trabajo realizado por el equipo de agentes fiscales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en una extensa entrevista para el programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó el proceso de investigación que se realizó en el caso de la filtración de datos de inteligencia, en el cual fue imputado el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros ocho excolaboradores de su gobierno.
El fiscal general avaló el trabajo realizado por el equipo de agentes fiscales que inició las investigaciones y aseguró que pese a la infidencia que se pudo haber cometido por parte de uno de los fiscales, Aldo Cantero, no contamina el proceso de investigación.
“Los antecedentes dicen que a consecuencia de una denuncia se abrió un equipo de trabajo encabezado como coordinadora por una fiscala adjunta, tres fiscales más, más técnicos, peritos, expertos que acompañaron 7 meses una tarea, aun admitiendo la posibilidad de una infidencia de un miembro del equipo, evidentemente no altera el producto que presentaron”, aseguró el fiscal general.
Rolón explicó que la Fiscalía tiene una estructura, el fiscal general del Estado es la cabeza visible, el último eslabón; antes están los adjuntos, quienes controlan en forma directa la labor de los agentes fiscales que es el agente que debe investigar los hechos y ellos tienen autonomía, la investigación es independiente para cada persona. “Pero en ese caso se formaron equipos de trabajo precisamente por la dimensión social que puede tener el acontecimiento”, indicó.
Agregó que la Fiscalía tiene por único interés conservar las reglas constitucionales y el cumplimiento estricto de las leyes. “Tenemos el privilegio histórico de que el país nos formó para que apliquemos las reglas del derecho y estamos en lo mismo, así es que las garantías para las partes van a observarse en la ley, no tenemos compromisos políticos, ni aliados, ni contrarios, simplemente pedimos a la gente que confíe en las instituciones”, aseveró.
CSJ blindó a Fiscalía para no ser sometida por el Congreso
El Ministerio Público no está obligado a remitir ningún informe al Congreso Nacional sobre las investigaciones que realiza a políticos, empresarios y otros.
Esta disposición lo revela un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo y Sentencia 1102 de fecha 20 de diciembre de 2019, donde se admitió una acción de inconstitucionalidad promovida en el año 2015 por el entonces fiscal general Javier Díaz Verón, quien recurrió a la máxima instancia judicial cuestionando el artículo 2, inc. c) de la Ley n.º 5453/15, “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, de pedido de informes”.
Con la presente determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía no está obligada a remitir ningún informe al Congreso sobre la imputación que soporta por filtración de información en la Seprelad donde está imputado el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla.
De acuerdo a la resolución judicial de la sala constitucional exime de remitir informes de carácter jurisdiccional, es decir, informar sobre las causas que investiga al Congreso. Los ministros que firmaron el presente fallo judicial fueron Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia. Los altos magistrados luego de un análisis declararon inconstitucional e inaplicable el Artículo 2, inc. c) de la Ley n.º 5453/15, “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, del pedido de informes”.
El Ministerio Público presentó la acción de inconstitucionalidad en 2015, contra la mencionada ley, debido a que viola varios artículos constitucionales tales como del Poder Público, de la libertad y seguridad de las personas, de la supremacía de la Constitución, a más de los artículos referentes al Ministerio Público.
Específicamente, dice que el citado artículo incluye al Ministerio Público como organismo sujeto a la obligación de contestar pedidos de informes requeridos por el Congreso Nacional, porque no lo exceptúa de la actividad jurisdiccional. Según la acción, la Fiscalía es un órgano extrapoder, sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura, conforme fallos de la propia Corte.
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Tratan desafuero de Abdo
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, encabezada por Lilian Samaniego, emitió ayer martes dos dictámenes con relación al pedido de desafuero del exmandatario Mario Abdo Benítez. Ambas posiciones serán analizadas hoy por la plenaria de la Cámara Alta para definir si el líder del movimiento Añetete, devenido a Fuerza Republicana, será sometido a un proceso penal, teniendo en cuenta su condición de senador vitalicio.
A favor del desafuero votaron los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Derlis Maidana, Carlos Núñez Agüero, Javier Zacarías Irún, Lizarella Valiente y Édgar López. Mientras que por el rechazo votaron Líder Amarilla, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lilian Samaniego, Mario Varela, Sergio Rojas y Eduardo Nakayama.
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Ante rival peligroso para salir de la crisis
Ante un rival de peso como Sportivo Luqueño, Cerro Porteño intentará dejar atrás la sequía de triunfos en un momento poco propicio en cuanto a resultados. Sin técnico principal, el cuadro azulgrana confiará sus chances en Jorge Achucarro, un hijo de la casa como técnico interino para intentar reencauzar el rumbo del equipo y sumar los tres puntos en disputa, en espera de la confirmación de su nuevo entrenador.
Para el Azulgrana es más que una obligación llegar al triunfo, porque su posición en la tabla así lo demanda. Séptimo, con 11 puntos, está a 7 del puntero Libertad, que tiene un partido pendiente y casi con la mitad del torneo Apertura disputado, por lo que un eventual traspié prácticamente lo condenará a la penosa realidad de sumar otra frustración a nivel local.
El onceno azulgrana tendrá novedades y con una duda. El sector derecho de la defensa se lo disputarán Enzo Giménez y el juvenil Víctor Cabañas, mientras que en el mediocampo Fabrizio Peralta y Alexis Fariña cederán sus lugares. Los que recuperarán sus puestos son Robert Piris da Motta y Federico Carrizo, quien jugará como enganche.
LUQUEÑO, POR OTRO GOLPE
Contrario a lo que sucede con su rival, el que llega con el pecho inflado es Sportivo Luqueño, tercero en la tabla con 15 puntos y que cambió por victorias sus dos últimos compromisos, ambos ante Guaraní. Uno por Copa Sudamericana y el otro por el Apertura, con similares marcadores de 1-0, por lo que Julio Cáceres mantendrá su equipo base para intentar dar otro golpe en Sajonia.
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FGE designa a tres fiscales en causa por persecución política en el gobierno de Abdo
El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, designó a los agentes fiscales Luis Said, Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para integrar el equipo de trabajo que proseguirá con la causa por presunta persecución política en el gobierno anterior, en que fueron imputados el exmandatario Mario Abdo Benítez y ocho de sus colaboradores en instituciones clave. La imputación había estado a cargo de los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y la fiscal adjunta Patricia Rivarola, que estuvo a cargo de la coordinación de la primera etapa investigativa.
La designación de los fiscales se dio por medio de la resolución número 868, firmado por el fiscal general Emiliano Rolón. Los agentes intervendrán en las siguientes etapas procesales en el caso en que a Abdo y sus exministros se le atribuyen los delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Además de Abdo, el 11 de marzo pasado fueron imputados: Carlos Arregui (exministro de Seprelad), Arnaldo Giuzzio (exministro de Senad y Ministerio del Interior), René Fernández (exministro de Seprelad y Secretaría Nacional Anticorrupción-Senac), Carmen Pereira (exviceministra de Seprelad), Mauricio Espínola (exsecretario privado adjunto de la Presidencia de la República), Daniel Farías Kronawetter (exdirector de Relaciones Internacionales y Cooperación de Senac, y exasesor de Giuzzio en el Ministerio del Interior), Guillermo Preda Galeano (exdirector general de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad) y Francisco Pereira Cohene (exdirector de Análisis Financiero de Seprelad).
La imputación de la Fiscalía incluye un detallado relato de cómo Mario Abdo y miembros de su gabinete habrían ejecutado un plan de persecución en contra del expresidente de la República, Horacio Cartes y otras personas. “Durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”, se manifiesta en la descripción de los hechos.
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