La muerte del líder el EPP, lejos de constituir una victoria del Gobierno, solo sirvió para demostrar una manifiesta fragilidad.

El pasado 23 de octubre, a través de una confe­rencia de prensa, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con­firmó la identidad de dos de los tres abatidos del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Para­guayo (EPP) en el enfren­tamiento con agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). El sistema de identi­ficación de la Policía Nacio­nal confirmó que Osvaldo Villalba, considerado como cabecilla de la agrupación criminal, y Luciano Argüe­llo Larrea resultaron muer­tos tras el enfrentamiento.

Mientras tanto, el coman­dante de la FTC, capitán de navío Óscar Chamorro, dio los pormenores del ope­rativo denominado Zeus e informó que el mismo fue llevado adelante a partir de informaciones de inteligen­cia que manejaban los agen­tes sobre la presencia de personas con característi­cas del grupo criminal en la zona de Cerro Guazú, el que tiene una extensión de unas 11.000 hectáreas.

“Para nosotros es la opera­ción más importante que se llevó adelante contra una estructura terrorista en nuestro país y nada más y nada menos que al líder máximo de esta organiza­ción, él es quien llevaba toda la dirección operacional con base a todo lo que tenían pla­nificado”, expresó y agregó que Osvaldo Villalba ingresó al EPP siendo menor de edad (hace 23 años), llevado por su hermana Carmen Villalba (actualmente en prisión), participando del secuestro de Cecilia Cubas y práctica­mente todas las demás actua­ciones del grupo criminal”, afirmó Chamorro.

Los cuerpos de los tres miembros del EPP abatidos y el de los dos indígenas asesinados por los terroristas durante un enfrentamiento entre el grupo criminal y los integrantes de la FTC, en la zona de Cerro Guazú, Amambay, al día siguiente fueron traídos hasta Asun­ción para ser sometidos al proceso de autopsia.

Nuevamente Abdo solicitó a los miembros del grupo cri­minal que se entreguen y se pongan a disposición de la Justicia de modo a evitar futuros enfrentamientos.

La familia Denis quedó expectante a cualquier infor­mación que pudiera conducir a la localización del ex vice­presidente de la República Óscar Denis, secuestrado por el EPP el 9 de setiembre del 2020; luego que el cabecilla del grupo criminal Osvaldo Villalba fuera abatido por la FTC en zona de Cerro Guazú (Amambay).

El martes 25 de octubre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por Decreto N° 8064 designó a Édgar Taboada como nuevo ministro de Justicia en reem­plazo del criticado ex funcio­nario de Estado y precandi­dato al cargo de diputado por el departamento de Caa­guazú, Édgar Olmedo.

La gestión de Olmedo estuvo marcada por fuertes cuestio­namientos tras los constan­tes hechos de amotinamien­tos en las penitenciarías, el incremento del poderío de los grupos criminales como el Primer Comando Capi­tal (PPC) en las cárceles del país y por haber dedicado la mayor parte de su tiempo a realizar campaña proseli­tista a favor del movimiento Fuerza Republicana.

El ahora ex ministro pasó a ser representante del Eje­cutivo ante el Consejo de la Magistratura tras la renuncia de Mónica Seifart. “Taboada se desempeñó como vicemi­nistro de Justicia, es una per­sona que conoce a la perfec­ción el ministerio”, aseguró Olmedo a los medios.

El féretro del abatido líder del EPP, Osvaldo Villalba, ingresó por unos minutos al penal de mujeres del Buen Pastor para permitir que su hermana Carmen Villalba, quien cumple condena por secuestro, pueda despedirse de él. La decisión fue tomada tras la presión que ejerció la criminal, al amenazar con un motín en caso de que no le permitan despedir a su hermano.

Inicialmente las autorida­des del Ministerio de Justi­cia se negaron a la petición, posteriormente decidie­ron doblegarse y acceder al pedido de este grupo que tiene en su poder a tres secuestrados y además carga con la muerte de varias personas. Esto generó una indignación generalizada debido al poder que sigue ejerciendo los Villalba sobre las autoridades.

Luego el féretro fue retirado y trasladado hasta el Cemen­terio de la Recoleta, ingre­sando por el portón N° 2 para ser depositado en el panteón de la familia de la abogada de Carmen Villalba. El sepelio se hizo a puerta cerrada del cementerio, lo que también generó una mayor indigna­ción en la ciudadanía debido a que se cerraron los porto­nes de acceso, pese a que seguía el horario de visita.

Expertos consultados creen que el ex ministro de Jus­ticia, Édgar Taboada, no habría tomado la decisión en forma autónoma de per­mitir el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba hasta la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Afirman que el presi­dente, Mario Abdo Benítez, pudo haber dado la autoriza­ción, teniendo en cuenta su simpatía con sectores liga­dos al grupo criminal.

Esta situación generó una crisis al interior del Gobierno nacional al punto que Abdo se vio presionado y desti­tuyó a su flamante ministro de Justicia Édgar Taboada, apenas 8 horas después de haberlo nombrado con toda la pomposidad del caso y lo mismo sucedió con la coor­dinadora de Establecimien­tos Penitenciarios de Muje­res Ana Dina Coronel.

La funcionaria destituida destapó la olla del escán­dalo que se generó tras el ingreso del féretro del aba­tido ex comandante del EPP Osvaldo Villalba al interior de la penitenciaría de muje­res Casa del Buen Pastor.

Ana Dina Coronel realizó un lapidario comentario seña­lando datos sobre la ubica­ción del supuesto cuerpo sin vida del ex vicepresi­dente de la República Óscar Denis, víctima de secuestro del grupo terrorista.

Mencionó que desde hacía aproximadamente cinco meses, las autoridades ya esta­ban enteradas de que posible­mente el cuerpo de Denis esta­ría enterrado en las tierras de una comunidad indígena llamada Mbokaja’i, hacia la zona de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

En un plan desesperado por desviar la atención de la responsabilidad de Édgar Olmedo, protegido “de oro” del presidente Mario Abdo Benítez, ahora con un leal incondicional al frente del Ministerio de Justicia, Daniel Benítez Romero, expusieron a una interna de la peniten­ciaría de Concepción como supuesta fuente de informa­ción sobre la posible ubicación de los secuestrados. El abo­gado defensor de la interna expuesta por el Gobierno, explicó que nadie se comu­nicó ni solicitó permiso para que su representada pueda brindar declaraciones a los medios de prensa.

Los propios opositores alia­dos al oficialismo calificaron como una gran irresponsa­bilidad política del Ejecutivo el haber avalado la omisión de un informe de relevancia sobre el supuesto paradero del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el grupo criminal y pidieron que Édgar Olmedo y Daniel Benítez sean destituidos de sus respectivos cargos.