El ministro de Econo­mía y Finanzas, Car­los Fernández Valdo­vinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado ini­cialmente.

El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gas­tos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquili­dad”, comentó.

El ministro estuvo en comu­nicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por Canal GEN/970, y también señaló que la recaudación permitirá tener recursos para gastar en los sectores prioritarios como salud, edu­cación, seguridad y transfe­rencias sociales.

Sobre la optimización del gasto público, acotó que accio­nes como haber fusionado el Ministerio de Hacienda con la Secretaría Técnica de Pla­nificación y la Secretaría de la Función Pública permitie­ron eliminar más de 80 car­gos gerenciales que se tenían.

“El ahorro que se tiene en el rubro de salarios es de alre­dedor de 9 millones de dóla­res. Creemos que vamos en la dirección correcta a través de las fusiones de las entidades”, manifestó.

Valdovinos remarcó que otra cuestión es la nueva Ley de Compras Públicas, que será implementada entre el MEF, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y el Banco Central del Paraguay (BCP).

“Entre todos vamos a ser los encargados de la implemen­tación que hará las compras públicas mucho más rápidas, eficientes, transparentes y baratas”, agregó.

Expresó que estos son pasos graduales con los que se avanza en la direc­ción correcta y que per­mitirán que con los recur­sos que se dispongan tengamos más bienes.

Acerca de la creación de empleos, dijo que el Estado tiene que generar las condi­ciones adecuadas para que el sector privado pueda inver­tir. “De a poco está dando resultados todo lo que se está haciendo para demos­trar al Paraguay como ese país que es previsible y tiene un esquema tributario com­petitivo”, puntualizó.

La empresa china matriz de TikTok, ByteDance, dijo que no tenía intención alguna de vender la popular red social después de la aprobación de una ley en el Congreso de Estados Unidos que amenaza con prohibirla si no corta sus lazos con la potencia asiática. Los legisladores estadounidenses establecieron un límite de nueve meses para la venta de la plataforma, alegando que esta puede ser usada por el gobierno de China con fines de espionaje y propaganda.

La página web especializada The Information publicó que ByteDance estudiaba escenario para vender TikTok sin el poderoso y secreto algoritmo que recomienda sus videos a los más de mil millones de usuarios en el mundo. Pero el gigante tecnológico chino lo negó. “Las informaciones de medios extranjeros sobre ByteDance explorando la venta de TikTok no son verdad”, afirmó la empresa el jueves por la noche en su cuenta de Toutiao, una red social del grupo.

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“ByteDance no tiene ningún plan de vender TikTok”, agregó. Hace años que esta popular plataforma es motivo de controversia política y diplomática. El anterior presidente estadounidense Donald Trump ya intentó sin éxito su prohibición. La empresa ha negado reiteradas veces cualquier vínculo con el gobierno chino y ha asegurado que nunca ha compartido ni compartirá datos privados de los usuarios estadounidenses con Pekín.

También ha subrayado su inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares en el “Project Texas”, para que los datos de los usuarios estadounidenses queden almacenados dentro del país. Pero los críticos afirman que los datos solo son parte del problema y reclaman que el algoritmo (el secreto de su éxito) también quede desvinculado de ByteDance. El CEO de la plataforma, Shou Zi Chew, avanzó que la empresa llevará la ley a los tribunales, pero algunos analistas creen que los motivos de seguridad nacional pueden pesar más ante la Corte Suprema que la libertad de expresión.

Una venta forzada de la plataforma, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares, presentaría grandes complicaciones. Empresas con recursos suficientes para encararla, como los gigantes tecnológicos estadounidenses Meta o Google, probablemente no podrían hacerlo por las normas de competencia y antimonopolio.

Para muchos inversores, el rasgo más valioso de TikTok es el algoritmo de recomendación de videos. Pero su venta necesita ser aprobada por Pekín, que declaró estos algoritmos como tecnología protegida después del intento de Trump de prohibir TikTok en 2020.

Hasta ahora, las autoridades chinas se mostraron firmemente contrarias a una venta forzada de la plataforma y advirtieron que tomarán todas las medidas necesarias para proteger sus empresas. Aunque TikTok se ha convertido en un fenómeno global, solo representa una pequeña parte de los ingresos de ByteDance, según analistas e inversores.

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El grupo ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años y se ha convertido en una de las empresas más valiosas del mundo. Sus inversores internacionales, que incluyen firmas estadounidenses como General Atlantic y SIG y la japonesa SoftBank, han depositado en ella miles de millones de dólares.

“TikTok EE. UU. es una parte muy pequeña del negocio global. Es una parte ilusionante de la historia, seguro, pero (...) en relación con el tamaño total, es una parte muy pequeña”, dijo un inversor del grupo, Mitchell Green de la estadounidense Lead Edge Capital, a la cadena CNBC. “Si la expulsan de Estados Unidos, no venderemos”, afirmó.

Fuente: AFP.

El fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración por siete posibles hechos punibles en el marco de la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas.

La decisión fue dada conocer en el transcurso de este viernes mediante la Resolución n.° 986 firmado por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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Segovia reemplazará en el proceso investigativo a su colega de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Said. Hay que señalar que la imputación inicial contra el líder del movimiento Fuerza Republicana y su gavilla estuvo a cargo de los agentes Aldo Cantero y Giovani Grisetti, quienes terminaron siendo apartados de la causa.

Además de Abdo están imputados: Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, Francisco Pereira y el diputado Mauricio Espínola. Los supuestos delitos cometidos atribuidos a los mismos son: revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

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En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fis­cal Silvio Corbeta, de la Uni­dad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrup­ción, acusó y pidió juicio oral y público para el exminis­tro de la Secretaría Emer­gencia Nacional (SEN) Joa­quín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agra­vado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exau­toridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue pre­sentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estiga­rribia, que fijará la audien­cia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

Las investigaciones de la Fis­calía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licita­ciones e inflaban los precios para posteriormente repar­tirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concre­tar pagos por un valor apro­ximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.