Amigos del poder quedarían impunes de escandalosos casos de corrupción. El presidente de la República busca una Fiscalía a la medida para quedarse tranquilo tras dejar el poder. Carlos Arregui, quien confirmó su postulación al cargo, es uno de los elegidos del Presidente para la operación blanqueo en el Ministerio Público.

• Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora.

Un sinfín de emble­máticos casos de corrupción de la actual administración del Estado podría quedar en la nada teniendo a un desig­nado en la Fiscalía General del Estado “a la medida”.

La persona que sea designada como fiscal general del Estado nacerá con las manos atadas, a merced del oficialismo, al ser una directa imposición del presidente de la Repú­blica, Mario Abdo Benítez. Con esta definición en el Ministerio Público, nume­rosos casos de corrupción que se cometieron durante los últimos años podrían ir al oparei.

Fueron varios los actos entreguistas cometidos por el gobierno de Mario Abdo Benítez, siendo el más escan­daloso el acuerdo secreto de Itaipú firmado en mayo del 2019, que contemplaba que Paraguay debía comprar más energía segura, a mayor costo, comprometiendo la adquisición de excedentes a menor costo.

Otro acuerdo entreguista fue el de Petropar y la firma Texos Oil, que implicaba el pago de 7 millones de dólares a favor de la empresa argentina. En este caso, aparecieron Ser­gio Coscia, Denis Lichi y Juan Ernesto Villamayor como las figuras detrás del pacto, pero solo el primero fue apartado del cargo.

Durante la pandemia se registraron sonados hechos de corrupción: como el de los tapabocas de oro adqui­ridos por la Dinac, las bote­llas de agua tónica “antico­vid” compradas por Petropar durante la gestión de Patri­cia Samudio, la megaescan­dalosa compra de Salud de los insumos chinos al clan Ferreira, la fallida compra de las vacunas con el meca­nismo Covax, la tardanza en la inmunización de la pobla­ción que pudo evitar miles de muertes si se hacía a tiempo, el uso de los 1.600 millones de dólares a discreción por el Ejecutivo en el marco del combate a la pandemia, entre otros.

Otros emblemáticos casos de corrupción se dieron en el IPS (con las licitaciones direccionadas, incumpli­miento de contratos para la limpieza de sus sedes, la falta de medicamentos y la negli­gencia médica), en el Indert (con las coimas para regulari­zación de tierras), en el MOPC (con la cuestionada pasarela de ñandutí, las sobrefactura­ciones y los contratos de con­sultores vips en la adminis­tración de Arnoldo Wiens).

Ante el récord de envío de cocaína al extranjero durante la actual adminis­tración, no pueden dejarse de citar los vínculos narcos del gobierno de Marito, con Arnaldo Giuzzio a la cabeza, seguido del actual precandi­dato presidencial Arnoldo Wiens. A ambos políticos se los ligó con el presunto narco detenido en el Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, y ade­más estuvieron envueltos en una “oscura” reunión con el narcotraficante Ezequiel de Souza.

Otra importante figura del entorno presidencial que habría estado implicada en casos de corrupción es Juan Ernesto Villamayor, como el escándalo internacional de PDVSA por un intento de arreglo de la deuda con Paraguay; el pedido de sus ex secretarios de una coima de US$ 2 millones para impedir que Darío Messer sea extra­ditado al Brasil; y la cancela­ción de la visa por orden de Estados Unidos.

Así también, el ex minis­tro de Urbanismo Dany Durand evitó la apertura y un manejo transparente del Fondo Nacional de Vivien­das (Fonavis) e incluso llegó a instar a escrachar a los dipu­tados que pretendían modi­ficar ese fondo.

Los casos más recientes del Gobierno fueron la rebaja de la tarifa de Itaipú para bene­ficiar a Brasil, y la venta de combustible más barato a los bolivianos, dejando de lado a los ciudadanos paraguayos.

Esta semana saltó otro acuerdo entreguista rela­cionado al arrendamiento del espectro de Vox-Copaco en favor de una empresa extranjera por valor de US$ 10 millones durante 20 años. Este acuerdo fue manejado en forma secreta y viola la Ley de Telecomunicaciones.

No existen las garantías que estos emblemáticos hechos de corrupción, solo por citar algunos, sean investigados por la Fiscalía en marzo del año que viene cuando entre en funciones la nueva autori­dad afín al presidente Mario Abdo Benítez.