En el mes de octubre del 2021, el Paraguay lloraba a sus 16.233 fallecidos a causa de la pandemia por el covid-19 de acuerdo a un informe emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A un año de la peor etapa de la pandemia, la cifra totaliza de 19.595, según el informe sobre el avance del letal virus en el país, presentado el pasado mes por las autoridades sanitarias.
La administración del jefe de Estado y aspirante a la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Mario Abdo Benítez, es catalogada como un gobierno criminal marcado por diversos hechos de corrupción e inoperancia en el marco de una catástrofe global sanitaria que continúa generando dolor en varias familias que siguen llorando a sus ausentes.
En solo 2 años de la gestión de Abdo Benítez, el país perdió un 3,5% de su población. Comparativamente, equivale a la mitad de los 30.000 paraguayos fallecidos durante la Guerra del Chaco, que abarcó 3 años de contienda con Bolivia, hace 90 años. De acuerdo a las estadísticas oficiales, en 32 meses de pandemia por el covid-19, la negligencia del Gobierno supuso que las cifras se disparen para un total de 460.815 casos confirmados, 47.658 hospitalizados, de los cuales 7.299 personas ingresaron a la unidad de terapia intensiva (UTI), mientras que otros 40.359 pacientes se ubicaron en salas comunes.
El conflicto sanitario que motivó al Poder Ejecutivo a decretar una cuarenta estricta, prohibiendo a la gente salir a las calles, terminó por revelar la corruptela instalada en el Gobierno ante un mandatario complaciente, carente de liderazgo para destituir a sus colaboradores que buscaron sacar tajadas de los 1.600 millones de dólares que fueron concebidos por el Congreso Nacional.
MODUS OPERANDI
En varios de los casos, el modus operandi consistía en establecer una serie de irregularidades como, por ejemplo, pliegos direccionados, falta de invitación a firmas interesadas en participar de las licitaciones, millonarios contratos con empresas amigas y las sobrefacturaciones en la adquisición de los insumos y equipos médicos.
Entre los casos que tomaron estado público figura la fallida compra de los insumos chinos por parte de la cartera sanitaria que involucró a la firma Imedic, perteneciente a Justo Ferreira y su hija Patricia. Al respecto, el proceso judicial sigue pendiente y se prevé recién la realización de un juicio oral en febrero del 2023.
El clan familiar se encuentra fuertemente ligado a los hermanos parlamentarios Lilian y Arnaldo Samaniego, referentes del abdismo.