El pasado miércoles venció el plazo para que el Ministerio de Justicia responda una solici­tud de información tramitada a través del portal de Acceso a la Información Pública sobre la cantidad de nuevos con­tratados y nombrados por la cartera estatal, desde febrero a setiembre del 2022.

En el mencionado pedido de informe también se solicita especificar para qué depen­dencias fueron contratadas, así como las resoluciones y dictámenes que determinan la efectivización de las nuevas incorporaciones.

El pedido se realiza con la finalidad de transparentar la gestión actual, teniendo en cuenta el gran auge de nue­vos funcionarios en la insti­tución, dentro del contexto donde el titular de la cartera, Édgar Olmedo, se encuentra en plena campaña política como precandidato a dipu­tado por el departamento de Caaguazú.

Otro de los casos que el Minis­terio de Justicia debe de transparentar son los contra­tos firmados este año con ins­titutos privados de formación y capacitación laboral para talleres destinados a funcio­narios de la institución.

Es importante recordar que la cartera estatal fundó el año pasado el Instituto Téc­nico Superior Penitenciario, una academia penitenciaria y centro de formación que cuenta con reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencias.

Sin embargo, según fuentes, el mes pasado supuestamente se utilizaron recursos públi­cos para la realización de un taller sobre Relaciones Públi­cas y Humanas en el que parti­ciparon funcionarios de Coro­nel Oviedo.

Desde la redacción de La Nación Investiga buscamos respuesta acerca del motivo por el cual el Ministerio de Justicia no cumplió en res­ponder al pedido tramitado como indica el artículo 16 de la Ley 5282, que garantiza el Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Trans­parencia Gubernamental, y donde se indica que toda soli­citud deberá ser respondida dentro del plazo de quince días hábiles, contados a par­tir del día siguiente de la pre­sentación. Explicaron que el Departamento de Talentos Humanos solicitó la prórroga para entregar la información sobre las nuevas altas de fun­cionarios de la institución.

Por Decreto Nº 1796 de fecha 19 de junio del 2014 el Ministerio de Justicia es la autoridad que tiene la función de coordinar las políticas, programas y proyec­tos de acceso a la información. Además, la Dirección de Acceso a la Información, dependiente del propio ministro de Justicia, es la que tiene el rol de autori­dad de aplicación de la ley. Sin embargo, a pesar de esta pre­rrogativa, el mismo Ministe­rio de Justicia no contesta las solicitudes en tiempo y forma.