El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIGAgate, que salpicó al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También menciona el caso “Cabeza Branca” como uno de los logros en el combate al narcotráfico. Llamativamente, en ambos casos el banco Atlas, del grupo Zuccolillo, tuvo directa participación.

  • Por Jorge Torres Romero

El banco Atlas, cuyo pre­sidente es Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, quien es accionista del banco y directora del diario Abc Color, brindó protección y encubrió los negocios de Leoz y también operó a favor del reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, quien, a través de un prestanombre, obtuvo de la entidad bancaria un prés­tamo de US$ 6,5 millones para una empresa vinculada.

En efecto, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamé­rica (Gafilat) dio a conocer ayer su Informe de Evalua­ción Mutua del Paraguay en el que resalta que, si bien en los últimos años se aprecian mejoras en las medidas orien­tadas al fortalecimiento de su sistema de persecución penal del lavado de activos, así como en las labores investigativas de las autoridades de orden público (AOP), las capacidades de estas aún presentan opor­tunidades de mejora. “En par­ticular, el desarrollo proactivo de las investigaciones finan­cieras paralelas es un desa­fío relevante que debe iniciar a implementarse con priori­dad”, afirma el reporte.

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En un capítulo aparte, el informe de Gafilat también hace referencia a la detención en el Brasil de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

En el punto 233, el reporte señala que el país solamente proveyó información de 28 causas penales por el delito de lavado de activos que habían culminado con sentencia condenatoria a 45 personas. Este número fue considerado insuficiente para el organismo internacional.

En el punto 231 refiere que se hizo lugar por sentencias a pedidos de extradición de otros países, como por ejem­plo el emblemático caso de lavado de activos vinculado a corrupción en la Confedera­ción Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Recuerda que Nicolás Leoz Almirón fue acusado por los Estados Unidos de América el 20 de mayo del 2015 por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación delictuosa de crimen organi­zado, asociación delictuosa de fraude electrónico, fraude electrónico, asociación delic­tuosa para el lavado de dinero y lavado de dinero, en su carác­ter de presidente de la Conme­bol (Confederación Sudameri­cana de Fútbol) y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado).

En otro punto, el 697, sobre este mismo caso hace referen­cia a la asistencia legal mutua (ALM) por el tipo de infor­mación solicitada para poder dar trámite a los mismos y el tiempo en que se atendió: en este caso, se solicitó incauta­ción de documentos, allana­mientos, testificales, autenti­cación de documentos, entre otros. El pedido se finiquitó por etapas en un plazo de 5 meses y destaca que “la Fisca­lía de Paraguay fue la primera institución pública en acceder a la sede de la Conmebol”.

Observaciones de Gafilat que mencionan los casos emblemáticos de lavado de dinero que salpican al banco Atlas.

Cabe mencionar que, en su momento, la Unidad Especia­lizada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terro­rismo del Ministerio Público allanó también las oficinas de la Superintendencia de Ban­cos ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

El ex dirigente deportivo entregó al banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura inter­nacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideico­miso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero, que involucraba al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.

CASO “CABEZA BRANCA”

En un capítulo aparte, el informe de Gafilat también hace referencia a la detención en el Brasil de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, en fecha 1 de julio del 2017, y que motivó la apertura de una investigación en Paraguay por hechos relacionados con el tráfico de drogas.

“El Ministerio Público desde ese momento solicitó la cola­boración de la Senad y la Poli­cía Federal brasileña, quienes brindaron colaboración cons­tante en varias etapas. En la primera, brindaron informa­ción espontánea de los proce­dimientos del Brasil, que fue fundamental para la identifi­cación de los prestanombres de Luiz Carlos da Rocha y de la identificación de más de 100 inmuebles en la República del Paraguay, en su mayoría esta­blecimientos ganaderos, varias empresas de fachada y una cantidad considerable de vehícu­los”, señala el informe.

En otro punto, el 697, sobre este mismo caso hace referencia a la asistencia legal mutua (ALM) por el tipo de información solicitada.

Agrega más adelante que, en virtud de que la investiga­ción se encuentra en miras a la audiencia preliminar, aún no se poseen bienes comi­sados; sin embargo, hay bie­nes incautados (8 estancias, 1.401 cabezas de ganado) y bienes sujetos a comiso (84 inmuebles y 57 vehículos). El valor económico de los establecimientos ganaderos (28.405 hectáreas) entrega­dos a Senabico asciende a US$ 56.731.623, concluye.

Precisamente, uno de los tes­taferros de “Cabeza Branca” identificados por la Policía Federal brasileña es Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero y cliente del banco Atlas, quien figuraba como presidente de la firma Bio­bras y accedió a una línea de crédito, ofreciendo la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria. En el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Sena­bico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición el nar­cotraficante brasileño.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico soli­citó suspender el remate e ini­ció un litigio que sigue pen­diente de resolución.

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