Luego de la audiencia de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), quedó clar la existencia de un modus operandi en varios bancos, en los que personas sin capacidad de pago accedían a créditos millonarios, afirmó el senador Gustavo Leite, quien también cuestionó la falta de resolución de estos casos por parte de la Fiscalía, pese a que ya transcurrieron 7 años.

“Se compraban propiedades, estancias casi siempre con dinero proveniente del narcotráfico de Brasil. Más tarde, iban personas a los bancos y pedían una línea de crédito. Por ejemplo, le daban USD 3,3 millones, pero le firmaron pagarés por USD 6,5 millones. Este es el primer tema que llama la atención.Con la plata sucia en garantía que es la estancia, consiguieron créditos y pagaron de vuelta con plata sucia del giro, pero lavan ese dinero y usan esa para otras actividades, ese es el modus operandi que quedó claro ayer”, expuso.

Este mecanismo para obtener créditos fue revelado por los agentes fiscales y por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), indicó el legislador en comunicación con “Así son las cosas”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, siendo esta última institución la que se interpuso ante el Poder Judicial para evitar que los bancos remataran las propiedades que estaban ligadas a Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

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“Si algo ocurrió en el 2017 y tiene una irregularidad marcada, debería tener un cierre o no hubo delito o es complicidad. Desde hace siete años dicen que están recabando información, que todavía falta y me parece que la ciudadanía quiere que se cierren estos casos para bien o para mal lo antes posible, sino se estira demasiado algo que es muy notorio. Es evidente que en el otorgamiento de esos créditos ha habido algún eslabón de la cadena que no controló ni verificó algo que normalmente los bancos deben hacer”, sostuvo.

Leite indicó que la CBI aún no pudo determinar si es que en algún momento los bancos reportaron estas actividades como sospechosas; no obstante, la Senabico dejó al descubierto que ese mismo modus operandi se produjo en siete ocasiones, es decir, siete estancias valiosas fueron la garantía de personas con poca capacidad financiera para acceder a créditos. “Casualmente cuando cayó Cabeza Branca se dejaron de pagar los créditos y casualmente los tomadores de créditos son todos capangas de Cabeza Branca”, sentenció.

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Concluida una audiencia más de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Antilavado y Delitos Conexos, el senador Gustavo Leite, vocero de la mesa de trabajo, informó como resumen de la audiencia pública que quedó claro que se deben mejorar los controles para evitar que el lavado de dinero ilícito se filtre con facilidad en el sistema financiero.

Al respecto, informaron que desde el 2017 a la fecha no se tiene una resolución clara de la investigación fiscal de los hechos notorios que ocurrieron en que personas que no reunían condiciones financieras para acceder a créditos millonarios sin embargo accedían sin ningún control.

Este jueves asistieron diversas autoridades del Estado y del Ministerio Público y en la oportunidad, abordaron las irregularidades en la concesión de créditos millonarios a personas sin capacidad de pago y la falta de celeridad en la resolución de casos judiciales relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, como el caso del narcotraficante “Cabeza Branca”.

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Leite expresó su preocupación por el uso de propiedades valiosas como garantía en créditos otorgados a testaferros. Asimismo, destacó la necesidad de que la Superintendencia de Bancos y las entidades financieras ajusten sus controles. El senador también hizo hincapié en los retrasos en la construcción del Hospital de Cáncer del IPS, cuya obra estaba prevista en un fideicomiso constituido en 2018.

“Si hay cuadernos fiscales donde constan que el modus operandi del narcotráfico es comprar propiedades valiosas en Paraguay, mandar a algún garante a sacar créditos hipotecarios y que esas propiedades sean las garantías hipotecarias de esos créditos de personas que no tienen ninguna chance de acceder a esos montos de créditos, es un modo operandi que preocupa y que va necesitar acciones correctivas y creo que la Superintendencia de Bancos y la Seprelad son las que deben ajustar los controles”, precisó.

Asimismo, indicó que otra novedad que saltó durante la reunión es que aquellos bancos que han otorgados esos créditos a personas que notoriamente no tenían las calificaciones para esos montos, buscaron ejecutar esas garantías hipotecarias sobre las propiedades que ya están en manos del Estado a través de Senabico; y esa institución ha hecho de todo para evitar que se le saque al Estado el comiso de esos bienes.

“Claro que estamos preocupados, pero somos muy respetuosos, y lo único que pedimos a la gente que vino hoy, que le den un poco más de celeridad. Si una causa fiscal se abrió en el 2017, para este 2024, debería estar resuelta para la liberación o para la imputación. Porque la gente merece ese tipo de resoluciones por parte del Ministerio Público”, acotó.

El senador Dionisio Amarilla anunció que para la próxima reunión será invitados a participar autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el titular de Asoban, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y dos instituciones más, a fin de seguir recabando datos concernientes al propósito de la comisión.

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El contralor Camilo Benítez fue convocado por la Comisión Bicameral de Investigación Antilavado para responder que la institución no realizó control alguno sobre la fiscalización al fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), ni sobre la compra de bonos de un banco de plaza, que dicha comisión está investigando.

No obstante, al término de la reunión explicó que si la CBI realiza algún pedido especial, la CGR podría iniciar una auditoría sobre estos casos, la cual podría durar entre 45 a 60 días, siempre y cuando la institución facilite las informaciones requeridas.

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La CBI está indagando el operativo de fideicomiso del IPS a un banco de plaza que involucró unos G. 828.000 millones para un total de cuatro obras puntuales, entre las que no se observan edificios para hospitales públicos, ni tampoco se devolvió el dinero.

“Nosotros nunca hemos realizado ninguna actividad de control sobre dicho fideicomiso. Lo que sí hacíamos referencia, por más que no nos habían consultado, son las verificaciones de los depósitos de ahorros, que sí hicimos auditoría y del cual forma parte del informe del año 2019-2020. Además, nos consultaron si se hicieron fiscalizaciones sobre los bonos que ahora tomó conocimiento público, y la respuesta es que no”, explicó.

Agregó que las conclusiones a las que llegaron durante el debate en la CBI es que si la Contraloría podría hacer estas verificaciones tanto en el caso del fideicomiso, como también sobre la colocación del dinero del IPS en bonos en un banco de plaza, y que ahora mismo está siendo parte de las noticias de la prensa.

“La respuesta a esto fue que sí, sobre todo si hay un pedido especial de la comisión, nosotros podríamos analizar. La sugerencia de una auditoría por un periodo de 10 años, fue de mi parte. De tal modo se pueda verificar los criterios que han tenido en la Previsional para hacer estos depósitos, sería interesante hacerlo de los últimos 10 años, para entender cuál es el standar o criterio que toma el IPS para que opte por una entidad u otra, o bien opte por una inversión de mayor o menor riesgo”, mencionó.

Benítez indicó que la Contraloría podría hacer una fiscalización especial para evaluar todos los extremos. Acotó que la CGR también realiza estas fiscalizaciones de oficio en un 90 %, ya que forma parte de una estrategia institucional, que le llamamos PGA (Plan General de Auditoría). No obstante, explicó que el PGA que ya está vigente, no contempla esta actividad de control.

“Podríamos hacerlas de oficio, pero no está dentro del PGA como prioridad institucional la verificación de esto. Nosotros salimos el año pasado con una auditoría muy emblemática del IPS; creemos que no es prudente auditar todos los años la misma entidad. Ahora si hay un pedido institucional oficial del Congreso, claramente vamos a hacer el trabajo que nos solicitan”, comentó.

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El Banco Mundial (BM) compartió este jueves su último informe sobre Paraguay, esta vez con relación a la reducción de la pobreza, que según sus indicadores lo hizo en un 26,7 % durante las últimas dos décadas. El boletín indica que la disminución fue de 51,4 % al 24, 7%.

Se trata del reporte de Pobreza y Equidad para Paraguay: “Estrategias para Potenciar el Crecimiento Inclusivo y la Reducción de la Pobreza”, que engloba además que la clase media experimentó un aumento del 24,8 % de la población en 2003 al 41,6% en 2022.

“Paraguay ha tenido logros importantes en mejorar las condiciones de vida de su gente. La pobreza moderada disminuyó de 51,4% en 2003 a 24,7% en 2022, mientras que la pobreza extrema cayó al 5,6%”, expresa Eliana Rubiano-Matulevich, Economista Senior del Banco Mundial para Paraguay y Perú.

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Señaló además que el crecimiento económico de Paraguay fue el principal motor detrás de este proceso, representando dos tercios de la reducción de la pobreza durante el período indicado, que analizó la situación actual de la pobreza y desigualdad, con lo que se pudo identificar áreas claves para acelerar la reducción.

El informe saca a relucir la importancia de políticas públicas enfocadas en mejorar el acceso y la creación de empleos de calidad, potenciar el capital humano, y fortalecer la resiliencia del país ante choques climáticos para impulsar un crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Con relación al aumento de la población de la clase media, mientras que el ritmo de reducción de la pobreza disminuyó desde 2014, señala que fue debido a desafíos globales recientes como la pandemia, sequías y presiones inflacionarias internacionales que afectaron a la economía.

Tales situaciones develan la importancia de fortalecer la resiliencia climática del país, se explica. Asimismo, la urbanización de la pobreza y las disparidades en educación y empleo también contribuyeron a esta desaceleración, destacando la necesidad de políticas inclusivas y dirigidas para abordar estas desigualdades.

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A su vez, el Representante Residente del Banco Mundial en Paraguay, Harold Bedoya, destacó que; “Paraguay está en un punto de inflexión en su trayectoria de desarrollo. Con las políticas adecuadas y un compromiso continuo con el crecimiento inclusivo, el país tiene el potencial de no solo erradicar la pobreza extrema, sino también de construir una sociedad más equitativa y resiliente”, sostuvo.

Agregó que el informe proporciona una hoja de ruta para lograrlo, basada en evidencia rigurosa y adaptada al contexto único de Paraguay, como una especie de recomendaciones encabezadas por inversión en capital humano, generación de empleos de calidad, fortalecimiento del sistema fiscal y aumento de la resiliencia climática.