Para el abogado constitucionalista Marcelo Duarte, el tratamiento del libelo acusatorio para entablar un juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por lo general debería tener un componente más elevado en la parte de tecnicismo jurídico.
El profesional del derecho lamentó la falta de objetividad y el debate poco serio que se dio en todos estos días en la Cámara de Diputados. “Algunos parlamentarios deberían recordar que son representantes del pueblo y cuidar el lenguaje, el juicio político no es un espectáculo público, es algo serio, reservado para funcionarios con cargos elevados del Estado. Si eso hubiese sido un juicio penal ordinario, si hubiesen habido estos escándalos, se hubiese levantado la sesión”, puntualizó.
“Aquí la cuestión se levanta a partir de una manifestación pública del gobierno americano a través de su embajada, eso es lo que dispara esta cuestión y es ahí donde se genera de sobremanera el componente político en el tema”, dijo durante el programa “A punto”, emitido por el canal GEN/Nación Media.
Sobre la designación que hizo el gobierno americano, de denegar el acceso a ese país al ex mandatario Horacio Cartes, dijo que la realiza con algún propósito político en vista de que estamos en año electoral, de cara a las elecciones internas de los partidos.
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Nuevo vice apunta a mejorar servicio de transporte público
El Viceministerio de Transporte cuenta con nueva autoridad, Emiliano Fernández, quien asumió al cargo el pasado 22 abril y afirmó que al tomar las riendas de la institución se enfocará en soluciones que tengan un impacto directo en la ciudadanía en el corto plazo, como la frecuencia nocturna e integración de tarifas, así como también apuntará a cambiar el modelo que produce dolor a los usuarios del transporte público, según manifestó.
“Mi obsesión es poder generar ya un alivio a la gente y en menos de un año poder tener medidas que impacten en la ciudadanía, como la integración de tarifas, que ya existe en otros países, es decir, pagar solo una vez el pasaje, también la frecuencia nocturna, esas son acciones que podemos hacer mientras diseñamos la reforma”, expresó Fernández.
El viceministro estuvo como invitado en “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media. En este espacio, señaló que alrededor de 600.000 personas forman parte del universo que utiliza el transporte público en Asunción y en el área metropolitana e indicó que existen falencias en todos los ámbitos que hacen que tomar el bus sea un calvario para la ciudadanía, lo que ha generado una frustración acumulada.
“Esta política pública llamada transporte público, que es obligación del Estado, está fallando a la gente y no está fallando en un solo punto. Cada componente del sistema de transporte público que involucra a la flota, la frecuencia, los itinerarios, subsidios, tarifa técnica, calidad de los transportes, en todo este recorrido, todo falla, hay una falla sistémica, todos los componentes del sistema público está fallando”, aseveró.
NUEVA POLÍTICA
Fernández ya se ha reunido con organizaciones civiles como Colectivo y Opama, con los empresarios, con los representantes del billetaje electrónico y con otros actores más que forman parte del sistema. Ante ellos ya fue expuesta la visión de trabajo y la intención de cambiar en definitiva el sistema de transporte y que sea el Estado el que tenga pleno control sobre el mismo.
“Vamos a generar una política nueva de transporte público, vamos a generar espacios, vamos cumplir la ley y cuando tengamos el nuevo modelo de transporte público serán las nuevas reglas de juego del Estado; el que se sube, se sube, y el que no, tiene el campo del sector privado abierto con muchas cosas para hacer”, sentenció.
El viceministro aseguró que parte del trabajo a realizar será la visita in situ a las paradas de ómnibus, de modo de contrastar si es real lo que se manifiesta en los papeles, así también conocer la realidad de las empresas y la razón por la cual no se cumple con la frecuencia y con la calidad de los buses.
Asimismo, las normas que regulan al transporte público también deben ser evaluadas, dado que las legislaciones ya datan de varias décadas y las sanciones no tienen ningún impacto que obligue al empresario a mejorar su servicio. “Hoy la normativa es obsoleta”, cuestionó.
“Vamos a generar una política nueva de transporte público, vamos a generar espacios, vamos a cumplir la ley y cuando tengamos el nuevo modelo de transporte público serán las nuevas reglas de juego del Estado” - Emiliano Fernández, viceministro de Transporte
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Roa: fiscal acusa y pide juicio oral
En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
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Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
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Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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Se suspendió el juicio oral de exfiscal acusada por extorsión
Se suspendió el inicio del juicio oral para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros procesados por extorsión, persecución de inocentes y otros. La defensa de la exrepresentante del Ministerio Público planteó una reposición solicitando que la causa sea acumulada junto con la de otro procesado.
Con la presentación que se hizo de parte de la de la defensa de Girala se pretende acumular esta causa con la del abogado Marcos Aurelio Velazco, quien fue acusado en febrero del corriente año por la presunta comisión de los hechos de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal.
En febrero del año 2023 el Fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscal Ana Girala luego de haber recibido una denuncia de que tanto ella como otros miembros de la unidad habían solicitado la suma de G. 25 millones para beneficiar a un procesado por homicidio doloso con una salida alternativa al juicio oral y público al momento de la realización de la audiencia preliminar.
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El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para poder lograr una sentencia condenatoria durante el desarrollo de un juicio oral y público.
En su momento Girala estuvo privada de su libertad, pero luego fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Posteriormente presentó su renuncia al cargo de agente fiscal, renuncia que fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
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