Según la teoría del bienestar, la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. En un sistema con leyes y normas e incentivos se busca ofrecer calidad de vida y prosperidad a todas las personas. Un estado que está interesado en el creci­miento de sus habitantes cen­traliza las necesidades básicas y busca solucionarlas.

Bajo ese concepto, el econo­mista Cayo Cáceres explicó a La Nación/Nación Media cuál es la relevancia y trans­versalidad de que las políticas públicas económicas de un país estén definidas concre­tamente para que sean ejecu­tadas y que el efecto derrame pueda llegar a todos los nive­les inferiores de la economía, a través de una macro soste­nible y fuerte. “Tenemos a las grandes, a las medianas y las pequeñas empresas, tanto en la parte industrial, primaria y de servicios. Esas son tres rea­lidades totalmente diferentes. Lo que la teoría del bienestar nos dice es que cuando crece la economía en su totalidad, en su conjunto, desde el punto de vista de los grandes agregados macroeconómicos, se puede generar un derrame hacia los niveles inferiores”, indicó a LN.

Seguido, ejemplificó este hecho con lo que sucede en el sector agrícola, donde el motor de la economía local encuentra su mayor concen­tración, pero que requiere de un empuje estatal para que las bases se potencien. Señaló que el derrame de los efectos del agronegocio prácticamente no existe hacia los peque­ños productores y que es una deuda del Gobierno comenzar a proyectar mayor acompaña­miento a este segmento productivo.

“En el interior del país existen 250.000 fincas que no tienen la posibilidad de acce­der a una asistencia técnica permanente, porque no exis­ten políticas que califiquen para ellos desde el Ministerio de Agricultura. Ese es el gran desafío que tenemos. Defi­nir las medidas de las políti­cas económicas de acuerdo a los sectores que queremos impactar”, afirmó. Resaltó que una medida pública no puede ser la misma para el desarro­llo agrícola a gran escala que para pequeños productores.

Se suspendió el inicio del juicio oral y público para varios acusados por el incendio de Colorado Róga, hecho registrado en el 2021. La audiencia oral se pospuso por pedido de la fiscal Elena Fiore, quien asumió recién el caso y pidió un tiempo para preparar la estrategia del Ministerio Público.

En el proceso penal están acusados Arnaldo Martínez, Pedro Areco, Enrique Agüero y Vivian Genes. Los mencionados están acusados por producción de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo, como consecuencia de las protestas que derivaron en el incendio de la sede colorada el 17 de marzo del 2021, en medio de las protestas ciudadanas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Ante la suspensión del juicio, se volvió a fijar para el próximo miércoles 3 de abril a las 8:30. El tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Olga Ruiz, Víctor Fernández y Víctor Alfieri.

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La quema de Colorado Róga había acontecido el 17 de marzo del 2021 tras el rechazo del juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez. La sede incendiada está ubicada sobre las calles Tacuary y 25 de Mayo, en la ciudad de Asunción.

Es de mencionar que los hechos ocurrieron en el día 11 de las protestas en contra de las autoridades del Gobierno nacional, en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Fue uno de los días con mayor descontrol y violencia por parte de este grupo.

El incendio de la sede partidaria afectó a estudiantes residentes de Colorado Róga, causando destrozos a sus pertenencias. Los manifestantes ingresaron a la ANR hasta que la policía antidisturbios se encargó finalmente de dispersarlos.

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El senador Basilio Núñez manifestó en conferencia de prensa en el Senado que desde la ban­cada de Honor Colorado pro­pondrán el estudio y debate del proyecto de ley “Hambre cero en las escuelas” para la última quincena de abril. Esto con el objetivo de contar con el aporte y la postura de cada uno de los sectores para posterior­mente contar con el dictamen de cada una de las comisiones que se encargarán de su res­pectivo análisis.

“Acá ya fue tratado en algu­nas comisiones en receso, así como también por sectores de la oposición, disidencia y Mesa Directiva. Además, fue­ron convocados los ministros, entonces algo ya se ha deba­tido; por eso mismo vamos a tomarnos el tiempo, escuchar también a los secretarios de Estado, ver lo que aprobaron los diputados”, indicó Núñez, agregando que si bien se escu­chará a los diferentes secto­res, desde su punto de vista la propuesta del Ejecutivo es la más viable.

No descartó la posibilidad de convocar otras audiencias públicas para seguir profun­dizando y socializando entre los propios senadores los alcances del proyecto plan­teado. Al respecto, garan­tizó que todo lo que pueda ser beneficioso se plantearía para modificar, pero remarcó que existe un consenso casi esta­blecido para avanzar con la propuesta de Diputados.

“Hay un artículo que es bastante claro sobre el Arancel Cero. No se va a tocar, en el sentido de que el Gobierno garantiza fondos para el Aran­cel Cero y en el Senado noso­tros vamos a garantizar tam­bién este programa; cuando era diputado, fui uno de los defensores de esa ley, enton­ces mal haría en votar en con­tra”, subrayó el senador sobre el programa establecido para los universitarios del país.

Puntualizó que, si bien sigue pendiente mantener conver­saciones con el ministro de Economía y Finanzas, Car­los Fernández Valdovinos, es categórica la garantía otor­gada al financiamiento del programa de Arancel Cero. Con la aprobación del plan de “Hambre cero”, la ley univer­sitaria pasará a fondearse con Fuente 10 del Tesoro.

El dictamen por la aprobación con modificaciones del proyecto de ley “que uni­versaliza equitativamente la alimentación escolar, modifica y amplía la Ley n.º 5210/2014, De alimentación escolar y control sanitario, y sus posteriores modifica­ciones”, conocida también como “Hambre cero”, fue emitido por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

La comisión presidida por la diputada Cristina Villalba se reunió con el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, a fin de abordar los aspectos y alcances de esta iniciativa.

Tras esta reunión, la comi­sión asesora emitió su dic­tamen, con la salvedad de establecer que los fondos del Arancel Cero no serán afectados y se establecerán los recursos del Tesoro para su financiación.

“Lo que agregamos dentro del financiamiento de la gratuidad son los créditos presupuestarios necesarios para garantizar el cumpli­miento del Arancel Cero, que será respaldado con fuente de financiamiento 10 (Recursos del Tesoro); con esto le damos la garantía a todos los estudiantes de la República de que vamos a velar porque siga vigente este Arancel Cero”, indicó la diputada Cristina Villalba.

La misma sostuvo que esta modificación, incluida en la comisión, tiene por obje­tivo garantizar el presu­puesto para mantener el Arancel Cero que afecta a las universidades y a los centros de formación téc­nica. Así también, resaltó la importancia de este pro­yecto de ley para el alcance universal de la alimenta­ción escolar.

“Hemos dictaminado a favor de la aprobación de este proyecto de ley por­que creemos que es funda­mental cuidar la alimenta­ción de los niños de toda la República; este proyecto va a beneficiar a más de 1.200.000 niños; la histo­ria nos va a dar la razón por­que nuestros niños bien ali­mentados van a tener mejor formación”, sentenció.