Si bien Mario Abdo Benítez se sigue jactando de su gestión durante los momentos más críticos de la pandemia del covid-19, la Contraloría General de la República expuso las terribles falencias y los escandalosos negociados cometidos por el Gobierno en su “gran comilona” con proveedores, mediante la estafa y sobrefacturación de los insumos médicos y medicamentos contra el coronavirus. Hoy los médicos lamentan que nada mejoró y que la situación de la salud pública va de mal en peor.

• PUBLICADO POR WWW.HOY.COM.PY

El programa “La caja negra” (Unicanal) publicó las falencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en su Memoria Anual 2021, donde la institución expuso el gran desafío que conllevó hacer frente a la pandemia del covid-19 en cuanto a la salud pública, en medio del mayor escándalo de corrupción que marcó la gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez.

El informe detalla los fatos que fueron realizados durante la cuarentena, cuando el Poder Ejecutivo dispuso que la población se quede en sus casas y el Legislativo aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de US$ 1.600 millones, mientras los funcionarios corruptos y los empresarios que tenían un afán desmedido de lucro, hacían sus grandes negocia­dos entre cuatro paredes, sin importarles el terrible esce­nario que se avecinaba.

Pliegos direccionados y sin aprobación de la máxima autoridad, falta de invitación a empresas interesadas en participar de las licitaciones y la conformación irregular de los comités de evaluación, for­man parte de las irregularida­des cometidas por el Ministe­rio de Salud, de acuerdo con la Contraloría.

En su escrito detalla la falta de una constancia de que la institución haya invitado a otras empresas interesadas en presentar mejores pro­puestas en su llamado licita­torio. Hay que recordar que, ante la presunción que se tenía sobre los direccionamientos en estas convocatorias, Salud Pública había alegado que sí llegó a cursar invitación a otros potenciales oferentes, pero que nadie se presentó. Sin embargo, la revelación de la Contraloría echa por tierra esa versión.

Otro punto importante men­cionado en el reporte es que el pliego de los requisitos no fue aprobado por la máxima autoridad del ministerio. Con ello se intuye que dichos pro­cesos fueron llevados adelante sobrepasando la figura del entonces ministro, Julio Maz­zoleni. Entonces, si el minis­tro de Salud no era el que apro­baba el pliego, entonces quién lo hacía. Es aquí que aparecen en el operativo de compras, según los antecedentes, hom­bres cercanos al presidente de la República, ajenos al Minis­terio de Salud, como el caso de Raúl Silva, un alto funciona­rio de Yacyretá salpicado en la cocinada de las fallidas com­pras de Salud al clan Ferreira.

En cuanto a la evaluación, la Contraloría resalta que la omisión de los criterios de evaluación y calificación en el pliego de bases no garan­tizó a los potenciales oferen­tes invitados al llamado, que sus ofertas serían evaluadas y calificadas con objetividad, en igualdad de condiciones y con la transparencia. Ade­más que los miembros del comité de evaluación fue­ron nombrados a través de Memorando de la Direc­ción Operativa de Contra­taciones, cuando debieron ser conformados mediante la resolución que aprueba el pliego.

Es de esta manera que un equipo externo era el que armaba y evaluaba los pliegos para favorecer a los amigos del Gobierno. En ese sentido es de público conocimiento el contubernio con el clan Ferreira, el cual mediante sus empresas Eurotec e Imedic proveyó por vía de la excep­ción los famosos insumos médicos chinos al Ministe­rio de Salud. La colusión y corrupción en estas compras fueron corroboradas y gene­raron un tremendo escán­dalo en la pandemia.

Esta fallida compra de insu­mos chinos revelada por “La caja negra” consagró el fra­caso en la gestión sanitaria del gobierno de Mario Abdo. Tuvo terribles consecuencias para el sistema de salud, dejando desprotegidos por meses al personal de blanco y admi­nistrativo de los hospitales, así como a los pacientes que concurrían a ellos.

Otro aspecto señalado por la Contraloría en su informe es la adquisición de equipos y accesorios de gases médi­cos para la contingencia del covid-19, cuando los hospi­tales quedaron al punto de desabastecimiento y miles de vidas corrieron peligro. Al igual que otras licitacio­nes, aquí el modus operandi se repitió: el pliego no fue aprobado por el ministro y tampoco invitaban a otros potenciales interesados.

Las rifas y las polladas fueron una constante en pandemia. Los familiares de los interna­dos se vieron en la necesidad de comprar Atracurio y Mida­zolán ante la falta de estos medicamentos en los hospita­les. Al respecto, la Contraloría concluyó que existió falta de planificación y gestión opor­tuna en la adquisición efectiva de los fármacos.

La escasez de los medicamen­tos para los pacientes con covid hizo lugar a las compras directas en Salud, con los pre­cios de referencias muy supe­riores a los del 2019, con un pliego de bases y condiciones no aprobado por la máxima autoridad ministerial y con especificaciones técnicas que restringían la participación de varias proveedoras, retra­sando así la reposición en los hospitales.

La misma situación ocurrió en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde la Contra­loría detectó varias falencias en las compras por vía de la excepción de los medicamen­tos e insumos médicos para el combate al covid-19, al incum­plirse las formalidades esta­blecidas para estos procesos.

La vacunación contra el covid-19 comenzó de forma tardía en Paraguay. Fuimos los últimos en acceder a los inmunizantes y, por un larguísimo período, dependimos de donaciones internacionales, que ayu­daron a paliar tanta desidia. Si las autoridades actuaban con eficiencia, las dosis anti­covid compradas iban a lle­gar a tiempo y se iban a evitar 10.000 muertes.

En un capítulo especial, la Contraloría aborda sobre el plan nacional implementado para la vacunación de la pobla­ción. En ese sentido revela que el Ministerio de Salud presentó informes inconsis­tentes en relación al registro y aplicación de las vacunas.

Los responsables de Salud presentaron informes de registros múltiples de vacu­nación sobre una misma persona, permitieron la uti­lización de cédulas de 119 personas que se encontra­ban fallecidas, vacunaron a 2.310 personas como perso­nal de blanco, pero sin acre­ditar sus vínculos laborales, e inocularon indebidamente a 28 funcionarios públicos y a otras 4.415 personas que no estaban dentro del crono­grama de vacunación.

Rossana González, secreta­ria del Sindicato Nacional de Médicos, expresó al pro­grama “La caja negra” que su sector creyó que algo se iba a mejorar durante la crisis de la pandemia, que se iba a apro­vechar esa situación como un motivo para dar visibilidad a la salud pública. “No teníamos nada, tanto que la pandemia nos toma prácticamente en una situación cero, se tuvie­ron que construir hospitales de contingencia, pero se des­cuidó a los pacientes cróni­cos”, expresó.

A su parecer, sin lugar a duda, existió una completa des­coordinación en la conduc­ción de las autoridades en el combate al virus. Las vacu­nas llegaron sumamente tarde y hubo miles de pérdi­das humanas. “Esa crisis iba a ser oportunidad para salir del problema, pero no fue así. De vuelta se comenzaron a apa­gar incendios, no se constru­yeron hospitales resolutivos, ni se contrató la cantidad de personal”, acotó.

La profesional indicó que hasta ahora no se cuenta con la nómina de los 13.000 incorpo­rados al sector salud durante la pandemia. Aseguró que de esa cantidad, solo 1.500 son médicos y 3.000 enfermeras. “¿El resto quiénes son? Fue­ron cupos políticos para llenar los lugares”, denunció.

Sobre los insumos médi­cos chinos, González dijo que la calidad no fue la ade­cuada y que el inconveniente con el clan Ferreira retrasó la bioseguridad en los hos­pitales. “Hasta ahora noso­tros seguimos comprando nuestros equipos de biose­guridad. Nada se mejoró. De vuelta se agudizó la situación”, lamentó.

Por su parte, el Dr. Lilio Irala, secretario del Sindicato Nacional de Médicos, cues­tionó que Salud Pública no dejó de ser un botín político y recordó que históricamente esta importante institución fue utilizada por los políticos de turno a su conveniencia y como un trampolín político para ir incorporando a sus operadores.

El entrevistado lamentó que el personal de salud acepta los cargos a sabiendas del humor político, por lo que vive preso de la angurria política y con el temor de ser removido ante el mínimo cambio de parecer del polí­tico que lo ubicó en el puesto.