El contralor general de la República, Camilo Benítez, se mostró alarmado por los índices de corrupción del Paraguay y afirmó que el sistema de verificación de enriquecimiento de los funcionarios públicos está construido para que fracase. Por ello urgió cambiar de modelo de vigilancia, para lo que se requiere que la Contraloría acceda a datos claves manejados por Tributación y el Ministerio de Hacienda.
“Apostamos por el cambio porque los índices de corrupción en el Paraguay son demasiado altos y se mantienen hace demasiados años. Y hay que reducir esos índices de corrupción porque vamos a explotar en un día de estos si seguimos con el mismo manejo, con el mismo sistema”, afirmó en entrevista en Unicanal.
Explicó que desde este organismo contralor se busca implementar un proyecto de digitalización de la información a través de una fuerte inversión en tecnología y “que la computadora haga el trabajo del ser humano”.
Benítez aseguró que para impulsar el cambio se precisa de voluntad política. Aclaró que ello no implicará una nueva ley, sino simplemente se puede disponer la implementación del nuevo sistema a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Básicamente se quiere realizar un cruzamiento de datos con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda y con otras instituciones que manejan información del contribuyente.
VERIFICACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
“El sistema de la verificación del enriquecimiento de los funcionarios públicos está construido para que fracase. Porque tradicionalmente desde que se creó la Contraloría y que se le dio este mandato de hacer exámenes de correspondencia, el promedio anual de exámenes son de 15 al año”, explicó.
Sin embargo, para realizar el estudio solamente a los altos funcionarios del Estado se precisan realizar 1.200, todos los años.