La persecución a funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) a causa de las internas coloradas también está candente en el departamento de Misiones. Ello evidencia que el oficialismo apela al hostigamiento y amenazas para presionar el apoyo al precandidato presidencial de Fuerza Republicana, Hugo Velázquez.
En este caso puntual, funcionarios del IPS de San Juan Bautista se valieron de un comunicado para exteriorizar su indignación por el manejo político-partidario al cual están sometidos, poniendo en riesgo sus labores y la obligación de garantizar una atención eficiente a los asegurados. Los afectados condenan el mecanismo aplicado desde el Consejo de Administración del ente previsional, a cargo del doctor Vicente Bataglia, y denuncian que son “perseguidos por no estar alineados al oficialismo”. Muchos incluso ya perdieron sus puestos laborales.
“Los abajo firmantes expresamos nuestro repudio e indignación por la notoria persecución política que sufrimos al ser desvinculados sin causa justificada de nuestro lugar de trabajo”, menciona el manifiesto.
Las víctimas refieren: “Esta penosa situación nos afecta profundamente, pues tenemos nuestras familias que dependen de nuestros salarios y hoy nos sacan el pan de la boca y, por ende, a nuestros hijos”.
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Coronel Oviedo: mujer denuncia intento de desalojo
Feliciana Sosa Mendoza es una joven madre que hace 11 años reside en una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de la ciudad de Coronel Oviedo. La misma denuncia que desde hace ocho días sufre la intrusión en su vivienda de su exsuegra, quien ahora le exige que abandone la casa y presenta en su contra una denuncia por usurpación.
“Si bien la adjudicación de la casa salió a nombre de esta señora, la ocupante de la casa desde que se construyó soy yo, porque yo era pareja de su hijo y un tiempo después nosotros nos separamos y eventualmente la que quedó ocupando la casa siempre fui yo. La señora nunca ocupo la casa, hasta que el sábado pasado se presentó en mi casa en compañía de sus hijos y nietos invadiendo mi casa y me terminaron denunciando a mí como que ocupo a la fuerza el lugar”, relató Sosa en conversación con La Nación/Nación Media.
La misma dijo que hizo la denuncia formal ante la comisaría de la zona, pero finalmente hicieron lugar a la denuncia de su exsuegra; a pesar de esto también presentaron la causa ante un juzgado para que se determine quien debe ocupar la vivienda, atendiendo que si bien la adjudicación se dio a nombre de una persona, es otra la que ocupa el inmueble hace más de una década.
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“Como es un territorio social, la casa se había pagado todo en su momento al comienzo de los trámites, la adjudicación salió a nombre de la señora, pero yo le había entregado la suma de 4.200.00 para abonar por la vivienda; pero según me indicaron quienes manejan el tema de la administración de territorio social la vivienda es de quien la ocupa”, indicó la denunciante.
Sosa explicó que hasta el lunes, fecha para la cual está fijada la audiencia ante el juez, ella debe continuar en su vivienda la cual también está habitada ahora por su exsuegra y sus nietos quienes según denuncia constantemente la maltratan verbalmente y la amenazan con que lograrán el desalojo.
“Yo hace una semana no puedo ir a mi lugar de trabajo porque temo que si salgo de mi casa cuando vuelva ya no pueda ingresar; tengo una hija pequeña de cinco años quien padece de autismo y sufre mucho porque desde que estas personas ingresaron a mi vivienda se dedican a hacer fiestas y escuchar la música a todo volumen, hecho que hace sufrir muchísimo a mi hija porque es muy sensible a los ruidos y se pasa llorando”, contó la denunciante.
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En cuanto al motivo de que llevo a su exsuegra a reclamar el inmueble, Feliciana manifestó que realmente desconoce que la motivo a estar actuando así ahora, ya que la mujer cuenta con su casa propia y es de una familia que cuenta con recursos económicos, no obstante argumentó que es posible que la mujer quiera vender ahora el inmueble.
“Yo en medio de la desesperación inclusive le propuse a esta señora salir de la casa, pero con la condición de que ella me pague el dinero que yo ya invertí en el lugar, ya que luego de mudarme mande construir una muralla en todo el predio además de una cocina como extensión de la casa para que la misma sea más cómoda y tenga más lugar, de todos esos gastos yo tengo comprobantes, pero aun así su respuesta fue que para que realice reformas en un sitio que no me pertenece”, remarcó la denunciante.
Feliciana Sosa remarcó que lo único que desea es que esta persona entienda que no la puede desalojar de un espacio en el cual ella lleva 11 años viviendo y encargándose de todos los gastos, asegurado que continuara con los procesos legales debidos para que estas personas no continúen con la invasión.
Datos clave.
- Feliciana Sosa Mendoza es una joven madre quien hace 11 años reside en una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucia de la ciudad de Coronel Oviedo.
- Hace ocho días su exsuegra llego a la vivienda acusándola de que habría usurpado el inmueble de manera irregular y desde ese momento se encuentra en el lugar en compañía de sus nietos e hijos.
- Feliciana realizó la denuncia a las autoridades y debe aguardar la determinación de un juez para que las personas que están en su casa puedan desalojarla
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IPS aguarda ejecución de sentencia por deuda
Fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo realizaron ayer una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del Departamento Judicial del IPS, en “Dos en la ciudad” de canal GEN/Nación Media.Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló. Afirmó que hoy jueves los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso.
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IPS aguarda ejecución de sentencia para que consorcio hotelero salde millonaria deuda
Este jueves, fiscalizadores de la Dirección Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio del Trabajo realizaron una intervención de un consorcio hotelero en Asunción, para corroborar cuántos trabajadores no estaban inscritos al seguro obligatorio. Se espera sentencia para que salden millonaria deuda con la previsional.
La intervención se realizó a casi 10 años de haber iniciado el juicio contra el consorcio hotelero. “Tenemos un juicio activo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia contra el consorcio hotelero. En su momento se había suscrito una homologación judicial la cual el consorcio incumplió”, detalló Jorge Gustale, jefe del departamento Judicial del IPS, en “Dos en la Ciudad” de canal GEN/Nación Media.
Apuntó que incluso se llegaron a embargar varios inmuebles a favor de la previsional, todo siguiendo las instancias judiciales tras el incumplimiento de una de las sentencias por parte de los propietarios del consorcio. “El juicio en sí ya está durando unos 10 años”, refirió.
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Señaló que durante estos años los representantes de la empresa han presentado varios incidentes en el juicio y que a medida que se presentaban fueron ganados por el Instituto de Previsión Social. “Hemos ganado todas las instancias y estamos en proceso de ejecución de sentencia”, detalló.
Afirmó que hoy jueves, los abogados del consorcio presentaron una acción de inconstitucionalidad con la que buscan dilatar más el proceso. “Nos llevamos la sorpresa de la acción presentada y que es meramente dilatoria. La deuda total con la previsional asciende a G. 31.900 millones”, puntualizó.
El profesional indicó que han tenido conversaciones con los representantes de la empresa y que tenían las intenciones de poder saldar la deuda, pero no avanzaron. “Hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de ingreso al IPS, ni formalmente donde ellas han reconocido que tienen una deuda con el instituto”, refirió.
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Tres instituciones, abocadas a establecer política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de Justicia en nuestro país”, explicó.
El ministro detalló que el trabajo de las tres instituciones está vinculado, por lo cual se debe trabajar coordinadamente y poner sobre la mesa las cuestiones que atañen al mecanismo de trabajo de modo de armonizarlo. Martínez Simón señaló que el hecho de que la Corte tenga digitalizados los expedientes, hace necesario que el Ministerio Público y del Interior hagan lo mismo.
“Debemos coordinar para que esto funcione dentro del respeto de los roles propios, la Policía Nacional en su rol de investigadores de ciertos delitos y crímenes, la Fiscalía como acusador y los jueces como juzgadores imparciales, pero a efectos de que en el ámbito propio de estas tres instituciones se muevan armónicamente debemos tener estas reuniones de trabajo”, manifestó a la 1080 AM.
La conformación de esta mesa de trabajo nació a raíz de una conversación entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, en la que se abordó la necesidad de incorporar la Fiscalía General del Estado y establecer acciones en conjunto que permitan dar una respuesta rápida y eficiente tanto en la seguridad como en la investigación y persecución de los delitos y crímenes.