El coronel Justo Araújo, acérrimo defensor del acuerdo entreguista de la Dimabel a una empresa brasileña, quien es el brazo derecho del general Aldo Ozuna, director de la Dirección de Material Bélico, tiene a su esposa Cynthia Huespe, propietaria de la firma Star & Company, como proveedora de la Dimabel y de otras dependencias dentro del Ejército. En el portal de Contrataciones Públicas figura el nombre del coronel Araújo como el administrador de los contratos en la institución castrense y su pareja como proveedora de repuestos. El director de Contrataciones habla de una falta grave cometida por el funcionario y la esposa.

• Por Jorge Torres Romero

El coronel Araújo fue llevado de la Dimabel por el general Ozuna como director financiero. Es considerado en la insti­tución como el brazo dere­cho de la máxima autoridad de la Dirección de Material Bélico. Araújo es quien dio la cara en nombre de su jefe, en el programa “La caja negra”, cuando se abordó el cuestio­nado acuerdo entreguista que firmó el general Ozuna con la Compañía Brasileña de Cartuchos para la venta de municiones.

El director financiero de la Dimabel, cuyo nombre apa­rece en el portal de Contrata­ciones Públicas como admi­nistrador de contratos de la institución, tiene nada más y nada menos que a su esposa Cynthia Huespe, propieta­ria de la firma Star & Com­pany, como proveedora de la Dimabel.

La empresa perteneciente a la esposa del coronel Araújo también se alzó con varias licitaciones en el Ministerio de Defensa donde su marido figuraba en un cargo depen­diente dentro de la Unidad Operativa de Contratacio­nes. Esta es una muestra de cómo la claque militar se sigue haciendo millonaria y goza de beneficios tales como lujosas vacaciones en el exterior.

La empresa Star & Company se dedica a la venta de cubier­tas, baterías, filtros, lubrican­tes, servicio de alineación, balanceo, mecánica y lava­dero. Todo esto provee a las FFAA y en especial a la Dima­bel, donde incluso se benefi­cia con contrataciones direc­tas sin licitaciones.

De acuerdo con el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas, la empresa de Cynthia Huespe posee 43 adjudica­ciones del Estado, de las cua­les 31 están vinculadas a las unidades militares y las mis­mas superan los 3.100 millo­nes de guaraníes, únicamente en licitaciones del Comando del Ejército - Ministerio de Defensa Nacional. De la última cifra, se observa que 12 fueron por contrataciones directas.

Star & Company provee sus servicios al Ejército desde el 2018 y con el paso de los años fue incrementando sus adjudicaciones, dando su gran salto en el 2021 con 12 licitaciones a su favor. Este año, la firma lleva ganados cuatro procesos licitato­rios. El 6 de abril fue adju­dicada por la suma de G. 110.943.046 para la provi­sión de cubiertas y cámaras de aire. Luego, el pasado 3 de junio fue nuevamente benefi­ciada por G. 208.683.115 por el mismo ítem. El 7 de junio fue adjudicada por valor de G. 373.979.340 para proveer repuestos, y el 13 de junio para el servicio de mantenimiento de vehículos del Comando del Ejército, por la suma de G. 178.500.000.

Las casualidades que se dan en las filas militares son muy sospechosas; una empresa ligada a un alto funcionario de la Dimabel que se hace con casi todas las licitaciones del Ejército. De esta manera, con el correr de los años, la fami­lia Araújo-Huespe consiguió hacerse de millones y eso lo puede ostentar con viajes a varias partes del mundo, según se aprecia en las publi­caciones de las redes sociales.

Pablo Seitz, director de Con­trataciones Públicas, afirma que este caso del coronel Araújo y su esposa que es pro­veedora de la Dimabel cons­tituye un hecho grave. “Las sanciones en el ámbito de las contrataciones podrían ir desde apercibimiento hasta la inhabilitación. Estaríamos en una conducta de mala fe ya que se omite en las declaracio­nes juradas el vínculo exis­tente”, indicó.

Seitz agrega que se trata de una vinculación muy cercana, marido y mujer, por lo que se estaría incurriendo en irre­gularidades tanto en la Ley de Contrataciones Públicas como en la ley del funciona­rio público; es decir, una doble falta. “Claramente no pueden ser oferentes en una licitación aquellas empresas que ten­gan vínculos con funcionarios de la institución”, sostiene el director de Contrataciones.

Araújo podría ser denunciado por administración en pro­vecho propio y la esposa por declaración jurada falsa.