La medida cautelar que emitió el Tribunal de Cuentas, segunda sala, a favor de la firma Patria de Seguros SA, que fue a las instancias judiciales tras una protesta rechazada en licitación del Banco Nacional de Fomento (BNF), resulta improcedente para Contra­taciones Públicas y arriesga unos US$ 420 millones de bienes de la banca estatal.

Mediante resolución sin pre­cedentes, el Tribunal com­puesto por Arsenio Coro­nel, Celeste Jara y Edward Vittone, había suspendido la licitación del BNF, pese a que el proceso ya está cerrado y ya se firmó acuerdo con tres empresas adjudicadas por valor total de G. 15.865 millones.

El director de Contratacio­nes Públicas, Pablo Seitz, sos­tuvo que habían rechazado por extemporánea una pro­testa que presentó Patria de Seguros SA contra un punto del Pliego de Bases y Condi­ciones.

La normativa dice que las protestas se presentan 10 días después de ser publicado el Pliego de Bases y Condi­ciones. La empresa Patria de Seguros protestó muy tarde, después del plazo esta­blecido, por eso se rechazó, explicó Seitz a nuestro medio y agregó que el Tribunal no miró el fondo de la situación, ya que acá no se cuestiona la definición de la resolución de Contrataciones Públicas, sino una demanda elevada a instancias judiciales sobre un reclamo que rebotó por realizarse fuera de tiempo.

“Acá no se trata de si corres­ponde la protesta o no, sino de respetar las normas de Con­trataciones Públicas, porque el reclamo que presentó el ofe­rente lo hizo fuera del plazo establecido”, subrayó Seitz.

Lo más grave es que las empresas adjudicadas ya emitieron sus pólizas, pero no se podrá pagar porque con la medida cautelar del Tribu­nal de Cuentas se paró todo el proceso licitatorio y no se pueden emitir los códigos de contratación. “Si ocurre un riesgo, un asalto, quién cubre”, cuestionó el director de Contrataciones.

Seitz indicó que se deja sin cobertura al BNF, expo­niendo además del riesgo a una multa a la institución por parte de la Superinten­dencia de Bancos ya que el seguro integral es obligato­rio para todas las entidades financieras.

Los abogados del BNF presentaron en estos días un pedido de revocatoria de la resolución judicial que dejó a la institución en una delicada situación de riesgo, mientras que la empresa demandante asume compromisos míni­mos. Ante daños y perjui­cios que deba asumir por el pedido de la medida caute­lar la garantía es de apenas G. 100 millones.