La empresa Área Límite, que estaba con la habilitación vencida, importó sin autorización 250 pistolas 9 mm procedentes de Israel. Pese a las evidencias, el actual director de la Dimabel, Gral. Aldo Daniel Ozuna, estaría operando para favorecer a la firma Área Límite y blanquear la carga. Sugestivamente la autoridad competente en el tema no actuó y fue Aduanas la que alertó y denunció ante la Fiscalía de la irregularidad. A casi cinco meses del caso, las autoridades no avanzaron en la investigación que había sido iniciada por el extinto fiscal Marcelo Pecci.

En controles realizados por agentes de la Direc­ción Nacional de Adua­nas (DNA) con el escáner del aeropuerto Silvio Pettirossi el pasado 19 de febrero, fue detec­tado un cargamento de armas de uso civil, que había ingre­sado al país de manera irregu­lar, puesto que, la importación de armas requiere de una auto­rización previa de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Tras el procedimiento de rutina, la DNA informó del hecho a las autoridades de la Dimabel y del Ministerio Público, quienes se constitu­yeron en el sitio comprobando que la carga registrada a nom­bre de la firma Área Límite SA, que carecía de registro vigente y del permiso para la importación de armas, habría incurrido además en la falta aduanera de contrabando al intentar ingresar al país 250 pistolas fabricadas en Israel sin contar con los permisos correspondientes.

La báscula dio como resultado que el cargamento de armas pesaba 460 kilogramos por 25 cajas de pistolas, con 10 unida­des cada una, 2 cargadores y un kit de limpieza. Las pistolas son de la marca Bull Cherokee. Todo el material quedó bajo custodia de la Dimabel, cuyo titular, el Gral. Aldo Daniel Ozuna, tuvo una tibia reac­ción pese a todas las eviden­cias que fueron halladas y solo se limitó a abrir un sumario para deslindar responsabili­dades, pero que al final tendría como único objetivo el blan­queo de la operación para favo­recer a la empresa Área Límite SA, representada por Miguel Ángel Armando Vera y Cinthia Carolina Brítez Viana.

La Ley N° 4.036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afi­nes”, prevé la vigencia de los principios de legalidad, lo que implica que “todo mate­rial y actividad que no estén expresamente autorizados están prohibidos”, es decir, toda autorización para cual­quiera de las actividades regi­das por la ley debe ser otorgada previamente. Sin embargo, a sabiendas de la existencia de este marco normativo que rige a la Dimabel, que se trata de lo más básico y elemental de la materia de su competencia, cuando Aduanas le requiere informe el 1 de marzo, la Dima­bel ya estaba en conocimiento de la llegada de las 250 pistolas 9 mm sin su autorización, pero no hizo absolutamente nada.

Llegada la carga el 19 de febrero y retenida por Aduanas, a la empresa Área Límite SA se le empieza a complicar el pano­rama y realiza un desespe­rado intento por blanquear su carga, asumiendo incluso el riesgo de una confesión fir­mada ante la misma Dima­bel. Insólitamente presentó en mesa de entrada de la ins­titución, en fecha 22 de febrero a las 11:00, la nota dirigida al director, Gral. Aldo Ozuna, en la cual informa “la llegada al aeropuerto del cargamento de 250 unidades de armas” y adjunta toda la documenta­ción sin hacer alusión al único documento habilitante para la importación, que sería la auto­rización expedida por la Dima­bel por resolución firmada por su titular, con la que no contaba el importador.

Sin embargo, entre el 22 de febrero, fecha en que el direc­tor de Dimabel toma conoci­miento pleno y sin ninguna duda de la llegada de 250 pis­tolas 9 milímetros que no con­taban con su autorización pre­via requerida y el 3 de marzo en que responde escueta­mente a la autoridad adua­nera, el Gral. Ozuna no tomó ninguna medida tendiente a asegurar la retención de la carga, no comunicó a la auto­ridad aduanera, tampoco for­muló denuncia ante el Minis­terio Público, ni se constituyó a verificar la carga. Se desen­tendieron olímpicamente del tema, como si no fuera materia de su competencia.

En cambio, la Dirección Nacio­nal de Aduanas, a pesar del tibio informe de la Dimabel, comu­nicó al Ministerio Público, que a través de la agente fiscal de Luque Sonia Pereira tomó intervención y comunicó ade­más a la Unidad Nº 3 Espe­cializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Nº 6 Espe­cializada en la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financia­miento de Terrorismo (a cargo de Marcelo Pecci); y en esta última dependencia se proce­dió a la apertura inmediata de la causa Nº 2.711/2022 caratu­lada “Miguel Ángel Armando Vera y otros s/ H.P. Previstos en la Ley Nº 4.036/2010″; que pasó a manos del fiscal Federico Delfino por recusación de los representantes de la empresa.

En cuanto a la nota a la Dima­bel informándole la llegada de la carga al aeropuerto, unas 72 horas después del arribo de las armas, cabe calificarla como un intento más de la firma de darle apariencia de importa­ción legal a su carga traficada, contando tal vez con la espe­ranza –o certeza– de una mano amiga por parte de la Dimabel. De hecho, posterior a todo lo acontecido, en la Dimabel se sigue tramitando la cuestión como un sumario administra­tivo pasible de sanciones por meras faltas administrativas y no han realizado mayores aportes a la investigación del Ministerio Público.

La investigación de la Dimabel ha obviado investigar respecto a una elemental cuestión, de una circunstancia grave y notoria que confirma –una vez más– el hecho de tráfico ilícito de armas.

A cualquier aprendiz del nego­cio de importación de armas de fuego o funcionario de la Dimabel no le pasaría por alto que el documento indispen­sable para que cualquier país productor autorice la expor­tación (en este caso Israel), así como para obtener la autori­zación del tránsito de la carga (España), es la autorización de importación y el certificado de destino final expedidos por la autoridad del país importador, que en Paraguay es la Dima­bel. Estos mismos documentos son requeridos además para la tramitación en las aduanas de origen, de tránsito y de des­tino final.

Cuando Área Límite SA se presentó ante la Dimabel a soli­citar autorización de impor­tación de dichas armas, su carga se encontraba no sola­mente embarcada sino en tránsito con destino a nues­tro país. La única respuesta posible razonable es que Área Límite SA haya falsificado los documentos que debió proveer indefectiblemente para que la mercadería le sea consignada y embarcada con destino a nues­tro país, previa autorizaciones de exportación y tránsito expe­didas por las autoridades de Israel y España.

Increíblemente no se les ocu­rrió investigar dicha posibi­lidad al alcance de la mano, sabiendo que los fabricantes y países exportadores están obligados a responder a pedi­dos de informes de las autori­dades regulatorias en la mate­ria de los países de destino cuando le sean requeridos.

La firma Área Límite SA recusó al fiscal Marcelo Pecci antes de su asesinato y por tal razón pasó a manos del fiscal Federico Delfino. Sin embargo, sus representantes partici­pan de asiduas reuniones en la sede de la Dimabel, con su mismo director, el Gral. Aldo Ozuna, y su equipo de colabo­radores más cercanos, quie­nes ordenan a los funciona­rios la máxima colaboración con la empresa para que pue­dan solucionar sus problemas en la institución y señalando que en el Ministerio Público la cuestión está controlada por el Gral. Ozuna, quien se jacta de su amistad con el fis­cal Federico Delfino, forjada en el tiempo que coincidieron en el norte del país en la lucha contra el EPP.

En definitiva, el encubri­miento sistemático de un grave caso de tráfico de armas por parte del Gral. Aldo Ozuna, director de la Dimabel, cons­tituye una nueva arista a su nefasta actuación al frente de la institución.