El presidente de Tabacalera del Este SA (Tabesa) y de la Unión de Tabacaleras del Paraguay, José Ortiz, se refirió a las implicancias para el sector del proyecto de ley “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”, presentado por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Senado y remitido a consideración de Diputados.

“Este protocolo fue muy politizado. Quieren de forma perversa vincular a la industria del tabaco con el narcotráfico y no tiene nada que ver. Ojalá que en Diputados se rechace y nos inviten a las comisiones a explicar las controversias”, insistió.

Advirtió igualmente que el proyecto llevaría directamente a una competencia desleal porque posee una cláusula que dice que no se puede exportar en contenedores consolidados; es decir, que afecta a la logística.

“Entonces, viene una empresa tabacalera y puede decir que se apruebe en Brasil, total nosotros tenemos a Chile en donde no se aprueba y desde Chile tienen la ventaja competitiva contra Paraguay para la exportación de cigarrillos”, puntualizó.

Remarcó también que una fábrica clandestina no paga impuestos, ni está sujeta a normas fitosanitarias, no tiene sus empleados dentro del área formal, ni inscritos en IPS con las cargas sociales pertinentes.

“Ese protocolo tiene como 85 artículos, 50 están ya legislados en nuestro país, pero tiene otros absolutamente inaplicables. Hay artículos relacionados a la trazabilidad que pueden llevar a una gran inversión del Estado”, amplió.

“Y esto tiene consecuencias presupuestarias para el Estado y ningún legislador tiene condición de responder cuál es la tecnología para cumplir este protocolo, porque ningún país cumple. Hardware y software. Tienen que ser hardware de inmensas capacidades para reunir todas las estadísticas”, finalizó.