El asesinado fiscal Mar­celo Pecci llevaba ade­lante una férrea lucha contra el narcotráfico y el cri­men transnacional, a pesar de los importantes recortes pre­supuestarios que el Minis­terio Público sufrió desde el Senado.

Como parte de esa lucha con­tra grupos criminales orga­nizados, dos ministros del actual gobierno (Arnaldo Giuzzio y Joaquín Roa) fue­ron destituidos de sus respec­tivos cargos tras ser vincula­dos con presuntos traficantes de drogas.

El ex ministro del Interior, cuyas notorias conexiones con el presunto narco, uno de los más buscados en el Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, obliga­ron en febrero pasado al pre­sidente Mario Abdo Benítez a sacarlo del cargo en el cual se mantenía con el abierto apoyo del vicepresidente Hugo Velázquez y un sector de la oposición, pese a los recla­mos de la ciudadanía por la imparable ola delincuencial.

Pocos días después, Joaquín Roa, en ese entonces minis­tro de la Secretaría de Emer­gencia Nacional, seguía el mismo destino que Giuzzio, luego que se hicieran público a través del diario La Nación, sus presuntos vínculos con Alberto “Beto” Koube, seña­lado como miembro princi­pal de una organización cri­minal regional que mueve la mayor cantidad de cocaína hacia Europa.

Colombia, Paraguay y Esta­dos Unidos barajan las cone­xiones de los grupos cri­minales que operan en sus territorios, con tentáculos en otras dos naciones, y que podrían tener implicancia directa con el asesinato del fiscal paraguayo que ocurrió por la mañana del martes pasado, en una playa privada, cuando dos sicarios, que lle­garon en una moto acuática, lo atacaron a tiros.

Las autoridades de Para­guay creen que la orden para matarlo fue dada por orga­nizaciones delincuenciales afectadas por los procesos que llevaba a cabo el funcio­nario contra redes de narco­tráfico y crimen organizado, como el operativo A Ultranza Py, que seguía una conexión colombiana del ex diputado Juan Carlos Ozorio, actual­mente preso, y del pastor pró­fugo José Insfrán.

Tanto Ozorio como el pas­tor Insfrán se mostraban muy cercanos al vicepresi­dente Velázquez, según se muestra en varios videos y fotografías que Insfrán publicaba en las redes socia­les de la iglesia que dirigía.

En la línea de investigación que siguen las autoridades de los tres países, aparece un grupo terrorista inter­nacional, según expresiones del director de la Policía de Colombia, el general Jorge Vargas.

Vargas estima que el mortal ataque contra el fiscal para­guayo, fue a consecuencia de una investigación que pudo haber golpeado a la organi­zación terrorista libanesa, Hezbollah, coincidentemente considerado por varios países occidentales como organiza­ción terrorista internacional, por financiarse y activar fuera de la región del medio oriente, donde se originó, específica­mente en el Líbano.

El hilo conductor de la inves­tigación lleva hasta el libanés Nader Mohammad Farhat, extraditado a los Estados Uni­dos en el año 2019, como coro­lario a un minucioso trabajo realizado por el fiscal Marcelo Pecci.

En una fotografía captada hace algunos años en el Líbano, el entonces diputado Hugo Velázquez aparece sen­tado junto a un grupo de per­sonas entre quienes se encon­traba Walid Sweid, cuñado del libanés Farhat, extraditado en el 2019 y quien también fuera sindicado por investiga­ciones realizadas en los Esta­dos Unidos, como financista del grupo terrorista libanés. El fiscal Marcelo Pecci había allanado propiedades de estos ciudadanos libaneses, por considerar que formaba parte de un esquema de lavado de activos para financiamiento de actividades terroristas del Hezbollah.

El grupo terrorista interna­cional libanés opera desde hace años en la Triple Fron­tera, entre Brasil, Argentina y Paraguay, siendo acusados de varios crímenes transnacio­nales así como de los terribles atentados en Buenos Aires en la década del ‘90.