El Ministerio Público, a través de la fiscal Lilian Ruiz, formuló imputación por presunta coacción grave y perturba­ción de la paz pública a otros cinco integrantes de la cúpula que controla a los camioneros que cierran rutas.

La determinación fiscal se dio luego de que hechos vandá­licos se registraran durante una “manifestación” de transportistas que se desa­rrolló en la ciudad de Gua­yaibí, departamento de San Pedro, en la zona conocida como Cruce 6.000, ocasión en que también hubo daños a bienes privados.

En el último caso, el afec­tado deberá recurrir a una querella por acción penal privada para tratar de resar­cir las pérdidas sufridas.

Los imputados fueron iden­tificados como Carlos Raúl Velázquez, Carlos Anto­nio Cardozo González, Máximo Cañete Valdovinos, Francisco Bogado Zárate y Aurora Samaniego Bogado, todos de la ciudad de Gua­yaibí.

Estas personas lideraban la turba que comenzó a agre­dir a transeúntes, conducto­res que intentaban transitar por la zona y que no formaban parte de la manifestación.

“Realmente la manifestación se degeneró desde horas de la mañana cuando nos dimos cuenta de que lejos de ser una manifestación pacífica, empezaron a haber desmanes que desequilibraron a todos. Los camioneros comenza­ron a realizar conductas que están tipificadas en nuestro Código Penal”, explicó Ruiz.

Asimismo, remarcó que durante la jornada del jue­ves último en el mencionado Cruce 6.000 se registraron, además de hechos de acción penal pública, muchos otros hechos de acción penal pri­vada.

En ese sentido, Ruiz recordó que toda persona que impide el libre tránsito está violando la Constitución Nacional, pero no existe una tipifica­ción penal que diga: “el que invadiere en este caso una ruta internacional comete tal hecho punible, tipificado en el Código Penal”, acotó.

Indicó que se está come­tiendo coacción contra aque­llos conductores que contra su voluntad se ven obligados a quedar parados en un punto de la ruta, impidiendo que lle­gue a destino.

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