El Ministerio Público, a través de la fiscal Lilian Ruiz, formuló imputación por presunta coacción grave y perturbación de la paz pública a otros cinco integrantes de la cúpula que controla a los camioneros que cierran rutas.
La determinación fiscal se dio luego de que hechos vandálicos se registraran durante una “manifestación” de transportistas que se desarrolló en la ciudad de Guayaibí, departamento de San Pedro, en la zona conocida como Cruce 6.000, ocasión en que también hubo daños a bienes privados.
En el último caso, el afectado deberá recurrir a una querella por acción penal privada para tratar de resarcir las pérdidas sufridas.
Los imputados fueron identificados como Carlos Raúl Velázquez, Carlos Antonio Cardozo González, Máximo Cañete Valdovinos, Francisco Bogado Zárate y Aurora Samaniego Bogado, todos de la ciudad de Guayaibí.
Estas personas lideraban la turba que comenzó a agredir a transeúntes, conductores que intentaban transitar por la zona y que no formaban parte de la manifestación.
“Realmente la manifestación se degeneró desde horas de la mañana cuando nos dimos cuenta de que lejos de ser una manifestación pacífica, empezaron a haber desmanes que desequilibraron a todos. Los camioneros comenzaron a realizar conductas que están tipificadas en nuestro Código Penal”, explicó Ruiz.
Asimismo, remarcó que durante la jornada del jueves último en el mencionado Cruce 6.000 se registraron, además de hechos de acción penal pública, muchos otros hechos de acción penal privada.
En ese sentido, Ruiz recordó que toda persona que impide el libre tránsito está violando la Constitución Nacional, pero no existe una tipificación penal que diga: “el que invadiere en este caso una ruta internacional comete tal hecho punible, tipificado en el Código Penal”, acotó.
Indicó que se está cometiendo coacción contra aquellos conductores que contra su voluntad se ven obligados a quedar parados en un punto de la ruta, impidiendo que llegue a destino.