El ministro del Interior, Federico González, ratificó que el Estado fue objeto de extorsión por parte de cinco representan­tes del gremio de camione­ros y que si bien las pruebas no obran en su poder, están a disposición de las partes, a cargo del Ministerio Público.

“Esta es una denuncia que yo hice en mi carácter de fun­cionario público que estoy obligado a hacerlo. El Estado fue extorsionado a través de mi persona y entonces me vi obligado a hacer esta denun­cia y todas las pruebas que se tomaron en mi oficina, en mi despacho, fueron por autori­zación judicial con acompa­ñamiento directo del Minis­terio Público”, comentó.

El secretario de Estado ase­guró que los fiscales intervi­nientes estuvieron en la ofi­cina contigua a su despacho verificando todo el procedi­miento. “Ellos instalaron los equipos y así se llevó adelante la obtención de las pruebas”, reveló.

Agregó que las evidencias ser­virán para un juicio penal, no para “un juicio mediático ni público”.

“Es decir, el juicio va a ser público en su momento”, subrayó, al expresar que las pruebas serán presentadas en el estadio procesal correspon­diente, conforme lo establece el Código Procesal Penal.

“Entonces, esas pruebas si bien fueron tomadas conmigo, en mi presencia, yo fui protagonista al igual que los señores represen­tantes de gremios camioneros, yo no dispongo de esas pruebas. Todas ellas fueron obtenidas por el Ministerio Público, orde­nadas por el Juzgado y llevadas, y están en manos y en posesión de los fiscales”, ratificó el secre­tario de Estado.

El ministro insistió en que no puede mostrar las pruebas porque no obran en su poder, aunque garantizó que sí exis­ten y que de hecho lo tuvieron a él como protagonista.

“Eso está para las partes, comenzando con la defensa, así que la defensa sí tiene acceso a esas pruebas o tendrá en el momento apropiado. Y ellos tendrían que decir si publicar o no. Es una decisión que queda a criterio de sus defensores y de los que están siendo denuncia­dos. Yo no puedo intervenir en eso”, concluyó.