El Ministerio Público logró ayer jueves uni­ficar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046.

El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.

De acuerdo al informe emi­tido por la institución fiscal, Rotela compurgaría inicial­mente 23 años de cárcel y 8 años como medida de segu­ridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumula­ría su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046.

Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciem­bre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo cri­minal en la penitenciaría.

Ante las diligencias realiza­das por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal de Ejecución Celia Bec­kelman, la jueza de Ejecu­ción Penal, Sandra Kirchho­fer, aplicó los alcances de la “pena unitaria”, sumando las sentencias definitivas por los hechos punibles atribuidos y acusados al líder crimi­nal Armando Javier Rotela Ayala.

La condena de 19 años de cárcel fue por posesión y trá­fico de drogas aplicada por un tribunal de sentencia en fecha 17 de marzo de 2020. En tanto, la condena de 8 años de cárcel por posesión y comercialización de dro­gas peligrosas y posesión de armas de fuego fue aplicada por un tribunal de Para­guarí, el 7 de enero de 2021.

El diputado Alejandro Aguilera presentó un proyecto que modifica parcialmente el artículo 173 de la ley n.° 1160/97 del Código Penal con la finalidad de establecer penas de 6 a 10 años de cárcel por la sustracción ilegal de energía eléctrica que tenga relación con la criptominería. La propuesta deberá ser girada a las comisiones asesoras de la Cámara Baja.

En la exposición de motivos, el parlamentario manifiesta que “la criptominería es un fenómeno mundial, que ha tenido altas repercusiones en nuestro país, debido a la privilegiada situación energética en la que nos encontramos, ya que poseemos grandes hidroeléctricas que abastecen nuestro territorio con energía renovable en gran cantidad y calidad”.

“Sin embargo esta situación de privilegio también se ve afectada lastimosamente por una cantidad importante de mineradoras con conexiones irregulares y uso indebido de electricidad que perjudican directamente a la Ande y a toda la comunidad, ya que la utilización ilegal de este servicio básico brindado por el Estado repercute en el costo final del mismo, que es asumido por los habitantes circundantes de las minas, causando así un grave perjuicio a terceros”, agrega.

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La iniciativa también estipula que serán objeto de comiso los bienes que forman parte de las instalaciones de las granjas, máquinas de criptomonedas, equipos eléctricos, transformadores y otros equipos tecnológicos, así como los inmuebles en los que operan y los objetos y/o bienes que fueron adquiridos por las ganancias producidas ilegalmente.

La propuesta del legislador indica que los bienes incautados serán administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La propiedad de la cosa decomisada pasará al Estado en el momento en que la sentencia quede firme.

El proyecto surge en medio de las constantes intervenciones realizadas por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), el Ministerio Público y la Policía Nacional a las granjas clandestinas de criptomonedas por el uso irregular de la energía eléctrica.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emi­tió un comunicado en apoyo a la declaración minis­terial emitida por el bloque de países, luego de última reu­nión de la Organización Mun­dial del Comercio (OMC) manifestándose en contra de las imposiciones unilate­rales de la Unión Europea que “ponen en riesgo el desarrollo de los países productores de alimentos”.

“Paraguay, Argentina, Ban­gladesh, Barbados, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Colom­bia, Ecuador, Egipto, Hondu­ras, Indonesia, Kazajistán, Panamá, Perú, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela, entre otros, solicitaron que la organización se exprese ante las imposiciones unilatera­les y proteccionistas como el reglamento 1115 de la Unión Europea”, explicaron.

Agregaron además que estas medidas socavan el sistema multilateral del comer­cio y repercute de manera negativa en el acceso de las exportaciones de los paí­ses en desarrollo a los mer­cados mundiales. “Desde la ARP seguiremos con el arduo trabajo de apoyar programas y proyectos que mejoren la competitividad del produc­tor paraguayo”, añadieron en la misiva.

El manifiesto fue emitido tras la última conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 29 de febrero donde varios países en conjunto manifestaron su preocupación por el aumento de medidas “unilaterales y pro­teccionistas” a las cuales cali­ficaron de contrarias al espí­ritu y las normas de la OMC.

Remarcaron la importancia del desarrollo sostenible como objetivo del sistema multila­teral del comercio y reafirma­ron los compromisos contraí­dos en el marco de acuerdos sobre el medioambiente.

En ese sentido, exhortaron a que todos los miembros se abs­tengan de imponer medidas ambientales relacionadas con el comercio que creen obstá­culos a la actividad comercial o discriminación arbitraria o injustificable entre los paí­ses y alentaron a una mayor transparencia en las medidas ambientales aplicadas por los países integrantes.

Cerro Porteño no se quedó de brazos cru­zados tras la deli­cada lesión de su jugador Rodrigo Melgarejo y pre­sentó una extensa nota al Tribunal Disciplinario de la APF, al que pide sancionar en forma severa al futbolista de Olimpia, Fernando Cardozo, a los árbitros del superclá­sico del domingo pasado, así como a los árbitros VAR de dicho juego.

“En concordancia con lo dis­puesto en el artículo 114.1 del Código Disciplinario de la APF, venimos a expresar nuestra preocupación e inter­poner una denuncia formal contra el jugador Fernando Cardozo (Olimpia) y de los árbitros Derlis Fabián López, Rodney Aquino, José Cuevas, Julio Quintana, Ulises Mere­les, Eduardo Britos”, mencio­nan en su escrito.

En otro párrafo de la nota añade que “los denunciados, por medio de su negligencia e irresponsabilidad, han sido responsables directos de que el futbolista Rodrigo Melga­rejo hoy presente una grave lesión que causa un severo perjuicio profesional a su persona, su familia y al club Cerro Porteño”.

Fernando Cardozo fue par­ticularmente señalado en varios párrafos de la nota, porque consideran que incluso debió ser expulsado mucho antes por otras fal­tas que consideraron ale­vosas, como una al arquero Jean Fernandes y otra con el lateral Santiago Arza­mendia. A los árbitros de campo y VAR los acusa de “negligentes”.

En ese sentido, el club azul­grana solicita al Tribunal que tanto Fernando Car­dozo como los jueces de dicho partido sean sancio­nados por el término de 9 meses de suspensión, que es el tiempo que deman­dará la recuperación del zaguero cerrista Rodrigo Melgarejo.

Daniel Rivas nuevamente ya se acopló a las tareas del Ciclón, por pedido de Diego Gavilán. “Es un jugador de la casa. Gavilán ha pedido que vuelva y la comisión directiva lo aceptó, así que ya forma parte nuevamente del plantel de Primera”, indicó Fernando Jubero, mánager deportivo del club. El lateral estuvo en la lista de prescindibles junto con otros cuatro jugadores del plantel que ya dejaron la institución (Juan Patiño, Alberto Espínola, Antonio Galeano, Braian Samudio), pero venía activando con el plantel de reserva. Otro que ya dejó la ins­titución es el brasileño Rafael Vieira, quien se venía desempeñando como scouting. “Él no continúa en el club, queremos que esté gente de mi confianza, necesito que estén en todo horario”, remarcó Jubero.