Tres proyectos de desafectaciones para la ciudad de Villa Elisa, bajo la administración de Ricardo Estigarribia, se encuentran en estudio en la Cámara de Diputados. Todos tienen dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda. Son inmuebles que servirán para obras de gran impacto para la comunidad, tales como un hospital oncológico, un polideportivo y un anfiteatro municipal, que serán encarados por el municipio local.
Uno de los proyectos es el que desafecta del dominio público de Villa Elisa el inmueble ubicado sobre San Blas casi San Andrés, barrio Mbocayaty. En este predio estará asentado el hospital oncológico.
El otro inmueble a ser desafectado del dominio municipal está situado sobre Nuestra Señora de la Asunción y Acahay, barrio Sol de América. La propiedad será destinada para la construcción del polideportivo municipal.
Por último, se prevé la desafectación del terreno que se encuentra sobre Líbano casi Egipto, barrio Centro. Esta propiedad será destinada para la construcción del Anfiteatro Municipal Rafael Rojas Doria.
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Dictamen favorable para el turismo
La Secretaría Nacional del Turismo (Senatur) informó que el Senado aprobó el proyecto de ley que prorroga la Ley n.° 6790/2024, que establece medidas temporales para la entrada al país de ciudadanos de 4 países, a fin de incentivar la reactivación turística y la apertura de Paraguay al mundo.
La vigencia será de tres años adicionales y suprime la exigencia de visas para ciudadanos de los EE. UU., Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esto siempre que ingresen al país con fines turísticos y cuya permanencia no sea superior a 90 días, comunicaron desde la institución. “La Senatur seguirá trabajando en la consideración de acciones conducentes al afianzamiento del turismo como uno de los pilares estratégicos y primordiales del desarrollo y crecimiento sostenible de nuestro país”, señaló la ministra de la Senatur, Angie Duarte.
El proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y de esta manera pasará a la Presidencia de la República para la promulgación correspondiente con el objetivo de seguir promoviendo la actividad turística. La Comisión de Relaciones Exteriores fue la que emitió un dictamen favorable sobre el documento.
Así también, se recomendó la aprobación del acuerdo en el marco del Mercosur para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de enseñanza superior, técnico, profesional, tecnológica, artística y de formación docente y en educación. Esto permitirá a los paraguayos ejercer sus profesiones en Brasil, Argentina y Uruguay mediante un proceso simplificado para la validación de títulos y también a los profesionales de estos países obtener la convalidación de sus títulos en Paraguay.
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Procuraduría sostiene que debe haber un control a las ONG
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, participó de la audiencia pública que abordó el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que se desarrolló este martes 30 en la Cámara de Diputados.
“Desde la Procuraduría tenemos la función y competencia de precautelar el patrimonio del Estado, cuando hay dinero público de por medio y como se establece en el proyecto de ley, nosotros entendemos que tiene que haber un control”, aseguró el procurador en conversación con los diversos medio de prensa.
Asimismo, indicó que en cuanto a los fondos privados que administran estas organizaciones, se contemplan diversas aristas y regulaciones, esto teniendo en cuenta a monitorear y detectar posibles hechos de lavado de dinero y otros ilícitos, dado que existen normativas ya vigentes para sancionar estas situaciones.
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“Todas esas situaciones son las que deben considerarse eventualmente al momento de determinar una nueva regulación y cada parte es libre de considerarla constitucional o no y recurrir por las vías que corresponda”, detalló González. Respecto a las sanciones previstas en la iniciativa, recordó que de todas formas, rige la ley de procedimientos administrativos donde se determinan agravantes y atenuantes.
El titular de la Procuraduría calificó como “sano” este tipo de espacios donde se puede debatir los alcances de la ley, exponer diferentes posturas y donde pueden surgir ajustes o consideraciones para aplicar al proyecto. La institución ya remitió su parecer sobre esta iniciativa y en la audiencia le fue requerida un nuevo dictamen, el cual deben presentar en un plazo de 15 días.
“Quiero ser preciso, a mi me toca hablar en los proyectos de ley cuando nacen del Ejecutivo donde yo participé y a mi me designan como vocero en este caso, no se trata de una iniciativa del Ejecutivo, yo no fui designado vocero y no tuve más participación que enviar algunos comentarios, entonces debo ser cauteloso al momento de emitir una opinión”, dejó en claro.
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Dictamen concluye que expulsión de Kattya González fue constitucional
La decisión de la Cámara de Senadores de aplicar la pérdida de investidura a la exparlamentaria Kattya González se ajustó a lo que establece la Constitución Nacional, según el dictamen del asesor jurídico Sergio Godoy, quien pide a la Corte expedirse sobre la constitucionalidad o no en el cambio de reglamento aplicado en diciembre pasado.
La conclusión de la asesoría jurídica del Senado respecto al actuar de la Cámara Alta en la expulsión de Kattya González señala que la Cámara obró correctamente y se basa en cuatro artículos de la Carta Magna: 3, 137, 256 y el 260.
El 3 sobre la independencia de poderes, el 137 sobre la primacía de la Constitución (carecen de validez todos los actos contrarios a ella), el 256, párrafo 2, donde establece que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución Nacional y el 260, respecto a la competencia de la Sala Constitucional para tratar y entender este tipo de cuestiones.
“En una breve y respetuosa nota decimos a la Corte Suprema de Justicia que realice el control de constitucionalidad de la resolución 429 del 2023, que analice si es o no constitucional”, explicó el abogado Godoy.
La resolución citada por Godoy es la que en la última sesión del 2023 aprobó la modificación del reglamento interno de la Cámara Alta, respecto a la elevación de la mayoría necesaria para la destitución de un legislador.
Para Godoy, aquella resolución es inconstitucional, pues fijar una mayoría absoluta como hizo la 429 va contra la Carta Magna que dice que, en caso de que la CN no establezca una mayoría, regirá la mayoría simple de votos.
La importancia de que la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no de aquel cambio de reglamento radica en que muchas referencias, como el dictamen fiscal y hasta la defensa de la propia Kattya González, se habla de la falta de apego a la resolución que establece el cambio del reglamento; sin embargo, no se estudia la constitucionalidad o no de esa disposición.
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Abed sobre caso González: “Pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes”
“La pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta, del Poder Legislativo”, dijo Rocío Abed, líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, en referencia al dictamen emitido por el Ministerio Público a favor de la controvertida dirigente del Partido Encuentro Nacional (PEN).
La Fiscalía recomienda al Senado restituir a González, quien perdió su investidura el pasado 14 de febrero. “Ratifico plenamente que la Cámara Alta lo hizo de manera legal y legítima. Es inviable siquiera pensar que otro poder del Estado se inmiscuya en cuestiones propias, internas y soberanas de cualquiera de las Cámaras del Poder Legislativo”, sostuvo Abed en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
“Esa errada pretensión pone en jaque el estado de derecho y la institucionalidad de la República, como asimismo la independencia con la que se deben manejar los tres poderes del Estado. Si bien sabemos que el Dictamen del Ministerio Público no es vinculante, es descabellada la pretensión, contenida en el mismo, respeto a que una decisión política de la Cámara Alta pueda anularse a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia”, agregó la legisladora.
Abed apuntó contra los sectores mediáticos y actores políticos que aplauden el dictamen fiscal que antes cuestionaban, teniendo en cuenta que años atrás, se posicionaban en contra de que el Congreso considere recomendaciones de otros poderes del Estado. “Más absurdo o descabellado es que algunos medios de comunicación o actores políticos hoy celebren una opinión que hace muy poco cuestionaban ¿Eso es terrorismo intelectual o tomadura de pelo?”, refirió a La Nación.
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La diputada recordó que, en ocasiones previas al caso de González, la máxima instancia judicial “ya había sido clara en sus fallos anteriores”. La legisladora citó el dictamen emitido. “La pérdida de investidura de un parlamentario (senador o diputado) es una sanción política, cuya potestad de determinación y aplicación, también debe desarrollarse en el ámbito político y compete con exclusividad, al colegiado donde se produjo el mal desempeño (cámara de diputados o cámara de senadores); dentro del periodo correspondiente al mandato”.
Agregó también que el citado fallo alegaba que “no es un juzgamiento jurisdiccional, por lo que no corresponde supeditarlo ni derivarlo al Poder Judicial. Es un juzgamiento entre pares; que se interpone, se sustancia y se resuelve entre pares. Obviamente respetando las garantías establecidas en el Art. 17 de la Constitución Nacional, previstas para todo proceso (administrativo, político y judicial) del cual derive pena o sanción. Lo cual no lo convierte necesariamente en un proceso judicial”.
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Datos claves
• El Ministerio Público emitió un dictamen recomendando a la CSJ restituir la banca a Kattya González.
• La diputada Rocío Abed afirma que se pone en jaque el Estado de derecho y la independencia de poderes.
• La diputada Rocío Abed sostiene que la pérdida de investidura de Kattya González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta.