La presión generada por el sector de camioneros y otros trabajadores del volante a través de moviliza­ciones y cierre de rutas a nivel nacional en reclamo al incre­mento de precio de los com­bustibles hizo que el Gobierno primeramente presente un proyecto de ley para subsidiar el combustible mediante un nuevo endeudamiento, que no logró hasta el momento el acompañamiento de varias bancadas.

Ante esto y las marchas y el cierre de rutas que continua­ron, el Poder Ejecutivo, con la intención de calmar la cuestión decidió reducir los precios del gasoil común en hasta G. 1.000 y la nafta 93 octanos, G. 800 por litro, comercializados por la estatal Petropar, generando así una distorsión en el mer­cado nacional.

Al respecto, el economista y ex viceministro de Industria José Luis Rodríguez Tornaco advir­tió que Paraguay se encuentra en un estancamiento económico y que según las estimaciones manejadas el promedio de crecimiento económico de estos 4 años de gobierno será cercano al 0%. A esto se suma, dijo el economista, la tasa de inflación más alta de la década y que algunos legislado­res como Esperanza Martínez, que proponen una ley de alqui­leres; y Kattya González, que plantea el control de precios en sus cartas a Marito.

“Y ahora vamos por los sub­sidios a combustibles. Subsi­dios y controles de precios no son sostenibles, Argentina es una muestra”, alertó el espe­cialista.

Por su parte, el ex titular de Hacienda César Barreto expresó que lo grave de la forma en la que las autori­dades anunciaron que sería implementado el subsidio del combustible genera efec­tos colaterales muy negati­vos en el funcionamiento del mercado de combustibles en nuestro país.

“El Estado al subsidiar solo a través de Petropar introduce una distorsión artificial otor­gándole una ventaja en el mer­cado con relación a sus compe­tidores, los demás emblemas. Esto va directamente a interfe­rir en la igualdad de condiciones que debe primar en un mercado competitivo para que funcione correctamente”, agregó.

Manifestó además que la reducción significa un cambio en las reglas del juego para la inversión de los demás emble­mas quienes asignaron miles de millones de dólares en la construcción de sus estacio­nes de servicios y afectará a miles de trabajadores en estas empresas.

“Recordemos que Petropar tiene solo un poco más del 10% de todas las estaciones de servicios y esta distorsión generará largas colas, horas de espera y continuos desabaste­cimientos de los productos en los puntos de carga”, indicó.

Añadió que si va a haber un subsidio, temporal o perma­nente, debe estar a disposición de todas las empresas que ope­ran en el mercado para evitar mayores daños colaterales a corto y largo plazo.

El ex ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, acotó a su vez que estas segui­dillas de medidas tomadas por el Gobierno, de un endeuda­miento demasiado acelerado, con 0% de crecimiento eco­nómico y plantear un nuevo endeudamiento para temas que no tienen sentido, evi­dentemente acelera las posi­bilidades de que nos convirta­mos en una Argentina, o peor, en Venezuela.

El diputado y presidente del Par­tido Patria Querida, Sebastián Villarejo, destacó la actitud de los senadores de frenar el préstamo de US$ 100 millones con el que se pretendía crear un fondo de esta­bilización de combustibles como mecanismo de mitigación de la suba de precios ante el aumento del petróleo a nivel internacional.

Dijo que el proyecto legislativo que insinuaba el gobierno iba a afectar a la gente con más cargas impositivas. “No podemos car­garle a la gente con más impuestos”, dijo en referencia al prés­tamo. “Lo que se pretendía hacer demostró una vez más que las prioridades del Gobierno no son las prioridades de la ciudadanía”, dijo el parlamentario a La Nación/Nación Media.

Titular de la UGP sostiene que es el momento de buscar soluciones reales al problema.

La calma en las calles y rutas volvió de cierta manera tras las nuevas medidas del Gobierno anuncia­das el viernes frente a las movilizaciones por la suba del combustible de los últi­mos días. Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), dijo que es momento de buscar soluciones rea­les al problema que está enfrentando el país.

El cierre de rutas y las dife­rentes movilizaciones que se registraron en todo el país por parte de camioneros y otros choferes, ante la suba del combustible, llegaron a su objetivo: el anuncio de Petro­par de la nueva reducción de los precios del diésel tipo III y la nafta de 93 octanos. Cris­taldo asume que la decisión beneficia a un amplio sector.

Mencionó que el problema de la suba se experimenta desde noviembre del año anterior y nadie había previsto el caos que se generó esta semana. “Para un amplio sector, la nueva medida va a facili­tar muchas cosas, pero solo es una descompresión de la crispación social. Ahora es el momento de sentarse a corre­gir las causas del problema”, dijo Cristaldo.

Si bien la petrolera estatal asume todos los compromi­sos a fin de llegar a un acuerdo con los sectores movilizados, el presidente de la UGP dijo que espera que no se le vuelva a pedir plata extra a Petropar debido a que finalmente nadie paga los compromisos en el mercado.