Las crisis con soluciones precarias siempre devienen en nuevas crisis. Es una regla de cumplimiento infalible, pero que pocos quieren o pueden aprender. O, sencillamente, no se predispusieron a estudiar esta lección tan fundamental para el arte de gobernar. Entonces, los mismos escenarios se repiten con un aumento proporcional de la tensión social que puede resultar una amenaza para la estabilidad política de cualquier país.
La sabiduría oriental nos ha enseñando que la palabra crisis es un camino bifurcado entre el peligro y la oportunidad. Hoy, se presenta como peligro porque hemos perdido la oportunidad de resolver estructuralmente conflictos arrastrados y recosidos con los mismos delgados hilos de contenciones momentáneas. Costuras que se desprenden ante el mínimo espasmo de malestar. Ese breve período de tregua es el que debe ser aprovechado para que las cuestiones más sensibles para la ciudadanía tengan una corte de fondo. Pero no estamos acostumbrados a eso.
La crisis provocada por el incremento descontrolado –y acelerado– del precio de los combustibles no fue inesperada ni repentina. Estaba latente como una bomba de presión trabajando al máximo. En cualquier momento iba a reventar. Y el Gobierno solo apuró planteamientos alternativos cuando los diferentes gremios de camioneros y trabajadores independientes del volante empezaron a recurrir a las consabidas e irritantes medidas de efecto inmediato: el cierre de las principales rutas del país. No hubo una mesa de análisis para anticiparse a los acontecimientos que se avizoraban inminentes. Los diversos sectores y actores involucrados, directa o indirectamente, en este embretado trance consideran, y así lo expusieron, que las propuestas que parten de los organismos oficiales solo son remiendos para un problema mucho más profundo, cuyas consecuencias pueden ir deteriorando aún más nuestras frágiles instituciones del Estado.
El economista Santiago Peña, uno de los referentes intelectuales más sólidos del país y del movimiento Honor Colorado, precandidato a la Presidencia de la República, en diálogo con los medios de comunicación, fue concluyente sobre esta problemática puntual: “No podemos estar dando soluciones parche, tenemos que dar solución al paraguayo de a pie, que está pasando hambre. Si no, vamos a gastar 100 millones de dólares y vamos a seguir con la misma discusión. Esta ley te va a dar solución de 15 a 20 días”.
Peña se refería a los 100 millones de dólares que provendría de un préstamo que sería concedido al Gobierno por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para crear el fondo de estabilización de precios de los combustibles (Fondecpy) y cuyo proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Senadores, donde el Gobierno podría contar con una eventual mayoría atendiendo a la próxima elección de quien presidirá la Cámara Alta y, por tanto, el Congreso de la Nación en los próximos doce meses, a partir del 1 de julio de este año. Por de pronto, en la Cámara de Diputados, los líderes más importantes de los partidos que la componen ya anticiparon su posición en contra. El precandidato de Honor Colorado consideró, igualmente, que estos 100 millones de dólares serán como “una gota en el mar”, además de tratarse de un “subsidio general e indiscriminado”.
Todos estos antecedentes no quedan anulados por el comunicado oficial del viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Hass, en el cual se informa que a partir del lunes Petróleos Paraguayos (Petropar) reducirá 800 guaraníes el precio de la nafta 93 y otros 500 guaraníes (1.000 en total) el diésel común, lo que, en primeras instancias, aplacaría los reclamos de los camioneros, quienes ya declararon que no realizarán cortes de rutas este fin de semana. Eso sí, seguirán apostados al costado de las mismas hasta tanto la promesa del Poder Ejecutivo tenga rango de realidad.
La situación económica en nuestro país se tornó asfixiante, especialmente para la clase trabajadora y las familias que viven en condiciones de pobreza. El aumento de los precios de la canasta familiar hace prácticamente imposible el acceso a muchos de sus productos básicos. Aunque el monto que se abona por el combustible suele ser la madre incitadora de todas las batallas, la tensión social, repetimos, sigue latente. El Gobierno debe analizar soluciones estructurales para problemas históricos e, igualmente, estructurales. Es cuando la clase política debería aportar su mejor talento y su desprendido patriotismo. Pero, para qué, ciertos diputados y diputadas están tan obsesionados por el juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez, al punto de ponerlo por encima de estas “pequeñeces”. El pan puede esperar, lo importante es que el circo continúe. Las próximas elecciones tendrán final de fábula: Quien no te conozca, que te compre.