La Asociación Argentina de Fiscales publicó en su cuenta de redes sociales un mensaje de apoyo a la labor de la fiscala general del Estado de nuestro país, la doctora Sandra Quiñónez, tras la presentación del libelo acusatorio en su contra por parte de sectores de la oposición.
“Solidaridad y apoyo a la señora fiscala general de Estado de Paraguay, Dra. Sandra Quiñónez Astigarraga. El combate contra la corrupción y el narcotráfico expone a denuncias, agravios y todos los recursos posibles para destituirlos”, expresa la publicación del gremio fiscal del vecino país. Asociación Argentina de Fiscales apoya gestión de Sandra Quiñónez y repudia la posibilidad de un juicio político en su contra.
El pedido opositor no tiene sustento jurídico, según refirieron varios diputados que están en contra de la realización de dicha medida. Igualmente señala el documento de apoyo que “cuando un Ministerio Público combate la corrupción organizada al más alto nivel donde las redes del narcotráfico penetran en las estructuras del Estado, aparecen denuncias, pedidos de juicio político y campañas de difamación públicas en contra de los fiscales”.
Con relación a estas declaraciones del gremio de fiscales argentinos, en las últimas semanas, el operativo antinarcóticos y antilavado de dinero, denominado A Ultranza Py, y que fuera encabezado por la institución liderada por la doctora Quiñónez, ha asestado un duro golpe a la estructura de grupos de criminales organizados, incluso del crimen transnacional.
La sesión extraordinaria convocada por la presidencia de la Cámara Baja fue fijada para las 11:00 y tiene como único punto del día el tratamiento de la acusación contra la titular del Ministerio Público.
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Detienen al hermano de la presidenta de Perú por presunta corrupción
La policía de Perú detuvo este viernes al hermano y al abogado de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.
Un equipo especial de fiscales contra corrupción “detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”, indicó el Ministerio Público en la red social X.
Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima. La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, según precisó el poder judicial en un comunicado.
Los funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Desde sus cargos captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial. Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo a los periodistas.
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“Poder de facto”
Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín. En el marco de esas acciones fueron allanados “26 inmuebles”, dijo por su parte la Fiscalía.
Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes. Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del “poder de facto” que le otorgó su hermana para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
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Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de “operador legal” de la red de corrupción. La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano. Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.
En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo. La presidenta está bajo sospecha de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos”.
El jueves, el gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.
Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución. La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.
Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares. A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Fuente: AFP
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Destacan participación de Conmebol en foro continental de lucha contra lavado
Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacó la participación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyó la exposición de su directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay.
“En Conmebol transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó la directora de Ética.
La declaración fue realizada en Washington, en el marco de esta reunión de Gelavex, organismo de la OEA y principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América.
Combate
La participación de la Conmebol en este importante foro responde a la política de combate contra la corrupción y el lavado de dinero que la institución sudamericana lleva adelante en forma consecuente desde el 2016. En ese marco, hace apenas unas semanas se había presentado un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la confederación sudamericana, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.
En efecto, el Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la Conmebol, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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Tras días de incertidumbre, Pedro Sánchez dio su respuesta: continúa al frente en España
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que seguirá al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión y silencio por el acoso personal que dice sufrir de la oposición, que lo acusó de burlarse del país. “He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe”, dijo Sánchez en un mensaje al país desde el palacio de la Moncloa.
Concluía así la incertidumbre que se abrió el miércoles cuando Sánchez anunció que se daba unos días para meditar su renuncia, criticando el “acoso y derribo” de la derecha y la ultraderecha a su familia después de que se conociera la apertura de una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por presunta “corrupción”.
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Asiduo a los golpes de efecto políticos, Sánchez canceló su agenda pública hasta este lunes, anulando su aparición en mitines durante el primer fin de semana de campaña para las cruciales elecciones regionales del 12 de mayo en Cataluña, donde los socialistas buscan desalojar del poder a los independentistas.
“Mostraremos al mundo cómo se defiende a la democracia, pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo sereno y democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España”, continuó.
Por la noche, en una entrevista en la televisión pública, Sánchez explicó que su mujer le pidió no abandonar: “fue la primera que me dijo que que no dimitiera”, explicó.
Asimismo, reclamó “acabar con los insultos de la vida pública”, pero se mostró pesimista: el acoso “se va a redoblar”, estimó.
Cortina de humo
En su mensaje al mediodía, Sánchez dijo que las manifestaciones en Madrid y otros puntos de España este fin de semana habían “influido decisivamente” en su decisión de seguir. De haber dimitido Sánchez, España se hubiera encaminado a unas nuevas elecciones generales, un año después de las de julio pasado.
La decisión de Sánchez provocó expresiones de alivio entre los socialistas y críticas duras del resto de partidos.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular, calificó el anuncio de “bochorno” y “ridículo”, y acusó a Sánchez de burlarse de los españoles. “Le ha tomado el pelo a una nación de 48 millones de españoles”, sentenció.
“Hemos asistido a una comedia, a una cortina de humo (...) un acto electoral de cinco días”, dijo el presidente regional catalán Pere Aragonés, de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), un partido aliado de los socialistas en el Congreso español y enemigo en el ámbito regional.
El anuncio de Sánchez le permitirá salir de su retiro para incorporarse a la campaña electoral de Cataluña, un bastión de votos para él.
“Durante estos cinco días hemos asistido a un teatro burdo, indignante y victimista, que nos ha sumido colectivamente en un bochorno internacional”, lamentó el líder de la formación de extrema derecha Vox, Santiago Abascal.
Investigación
La investigación contra la esposa de Sánchez, bajo secreto de sumario, fue abierta por una denuncia de la asociación Manos Limpias, próxima a la extrema derecha. La Fiscalía pidió que se archivara la demanda y Manos Limpias admitió que se basó exclusivamente en informaciones de prensa.
Según el medio digital El Confidencial, el tribunal indaga los vínculos de Begoña Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19, que finalmente consiguió.
En su carta a la ciudadanía divulgada el miércoles, Sánchez, que gobierna con la extrema izquierda y el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, repudió las “denuncias tan escandalosas como falsas”, que a su juicio emanan de una campaña llevada a cabo por “intereses derechistas y ultraderechistas (...) que no aceptan el veredicto de las urnas”.
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Es una “estrategia de acoso y derribo”, prosiguió el mandatario, cuyas medidas, como una ley de amnistía para independentistas que participaron en el intento de secesión de Cataluña en 2017, han chocado con un rechazo frontal de la oposición de derecha.
Fuente: AFP