Los enfrentamientos en la Cámara de Diputados parecen no tener fin y en los vaivenes de acusaciones la diputada Kattya González es señalada por sus colegas por extorsiones en los casos que no estén de acuerdo con su línea de pensamiento o postura. El diputado Édgar Ortiz hizo referencia a su colega y sostuvo que la misma constantemente extorsiona a sus compañeros.
Ortiz dijo esto tras la mediatización de un tuit de una funcionaria del Ministerio Público, de supuestos nuevos audios que estarían vinculando a otro ministro del Gobierno con el crimen organizado, refiriéndose también a un diputado del oficialismo que estaría ofreciendo “oro y moro” para aprobar el juicio político a la fiscala general del Estado (FGE), Sandra Quiñónez.
Ortiz mencionó que se siente coaccionado por su propia colega en la Cámara Baja. “Los que no tenemos nada que ver con esto vamos a dejarnos de la ‘macanada’, yo no me siento coaccionado por una grabación que salga, me siento coaccionado cuando me amenazan que voy a ser tapa y me llaman de mercenario”, mencionó el legislador liberal a la 1020 AM.
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Se suspendió juicio oral de exfiscala acusada por extorsión y otros delitos
Una vez más se suspendió el inicio del juicio oral y público para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros acusados por extorsión, persecución de inocentes y otros. La audiencia oral se pospuso debido a que la exrepresentante del Ministerio Público cambió de abogado.
El nuevo representante legal de la exfiscala, Álvaro Arias, pidió al tribunal de sentencia más tiempo para poder interiorizarse del caso para preparar la defensa de la acusada.
En febrero del año 2023 el entonces fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscal Ana Girala luego de haber recibido una denuncia de que tanto ella como otros miembros de la unidad habían solicitado la suma de G. 25 millones para beneficiar a un procesado por homicidio doloso con una salida alternativa al juicio oral y público al momento de la realización de la audiencia preliminar.
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El Ministerio Público indicó que cuenta con suficientes elementos probatorios para poder lograr una sentencia condenatoria durante el desarrollo de un juicio oral y público.
En su momento Girala estuvo privada de su libertad, pero luego fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Posteriormente presentó su renuncia al cargo de agente fiscal, renuncia que fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
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Empresario alemán urge imputación a Kattya por tráfico de influencias
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
A 4 años de haber denunciado a Kattya González por tráfico de influencias en sus tiempos de diputada nacional, el ingeniero alemán Rauand Rauf Latif reiteró hace unos meses al Ministerio Público el pedido de imputación.
“En consideración a todas las denuncias que he realizado en contra de la señora Kattya González Villanueva, y teniendo en cuenta que actualmente la misma ya no cuenta con fueros, ni investidura alguna, vengo a solicitar nuevamente a esta representación pública muy respetuosamente el análisis de la causa, ya que existen suficientes elementos de sospecha de la existencia del hecho punible denunciado en su contra por mi parte, imputando a la misma”, dice parte del escrito del ciudadano alemán que en el 2019 había denunciado a la entonces diputada y hoy senadora expulsada, por ser la propulsora del cierre de su arenera y un centro de entrenamiento nacional de tiro profesional en Villa Elisa.
Varias instituciones públicas de la era del gobierno de Mario Abdo Benítez se alinearon al propósito de la exparlamentaria de cerrar la arenera como el local de tiros, según evidencias incluidas por Latif en la carpeta fiscal. Las aparatosas intervenciones, ruidosas alocuciones de presión a las autoridades municipales de Villa Elisa y con la investidura que portaba González, tenía una ventaja abismal frente al grupo de empresarios extranjeros del que formaba parte el alemán.
“Hubo millonarias pérdidas y la mayoría quebró”, manifestó recientemente Latif durante una visita a nuestra redacción, ocasión en la que recalcó que le truncaron un proyecto de inversión que era el comienzo de otros más, por el solo hecho de molestar a la familia de González.
DE LA MANO
Entre las evidencias de la denuncia se encuentra, por ejemplo, cómo fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se constituyeron en lo que fuera su arenera, prácticamente de la mano de la mamá de González a quien se la ve vigilando atentamente las actuaciones de los funcionarios públicos.
Además de las presiones a concejales y demás autoridades de la Municipalidad de Villa Elisa, el arreo custodiado de funcionarios del Mades para levantar informes que finalmente terminaron por tumbar su proyecto arenero, Latif acercó un audio e imágenes de una visita que recibió de funcionarios de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) en la que le confirmaron a quién obedecen con su presencia para el cierre de sitio de práctica de tiro.
“Si podés cerrar, no te va a salir caro”, se le escucha decir al uniformado de la Dimabel a modo de alerta a Latif de que le conviene más cerrar su centro de entrenamiento nacional de tiro profesional.
En la conversación en la que se le escucha decir a Latif “disculpa, yo creo que esa decisión que se tomó es un poco rara”; en el acto se lo oye al emisario respondiendo: “la decisión se tomó, vamos a ser claros , después del problema que hubo que yo le llamé, de la diputada que no sé por qué, cual es el problema que… Kattya González, que le llama al comandante de las Fuerzas Militares, él llama al director de la Dimabel y ahí revisamos con el estudio de informe y sinceramente no se puede tener más área capital que no sea cerrado”.
Según los documentos que obran en la carpeta fiscal, la visita de los uniformados se dio el 8 de julio del 2021, sin embargo, no hacía un mes que la Dimabel habilitó el centro de entrenamiento de tiros por Resolución número 304/2021, previo dictamen número 367 de su asesoría jurídica. Toda una jurisdicción de las fuerzas de seguridad subordinada al “llamado” que se le hizo al comandante de las Fuerzas Militares, según el testimonio del subordinado.
Estas son algunas de las sobradas razones por las cuales los involucrados, como los concejales municipales deben ser citados a declarar, enfatiza Latif que, pese al tiempo transcurrido no pierde las esperanzas de que la justicia culmine la pesquisa y dicte su sentencia.
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Gobierno argentino arremete contra las organizaciones sociales
Allanamientos de casas de líderes vecinales y comedores populares “inexistentes” marcan los últimos capítulos de la contienda entre el Gobierno argentino, del ultraliberal Javier Milei, y las organizaciones sociales, cuyos dirigentes fueron acusados de extorsionar a sus miembros para que asistan a manifestaciones.
La investigación hecha a pedido del Ministerio de Seguridad señala que miembros de las organizaciones extorsionan a beneficiarios de la asistencia social para que concurran a protestas, paguen un monto de dinero para la entidad o que trabajen para la misma bajo amenaza de quitarles las ayudas.
En Argentina existe la asistencia social del Estado desde hace más de 150 años, pero los programas sociales, como se conocen actualmente, nacieron con el expresidente Raúl Alfonsín (1983-1989). Crecieron y mutaron durante décadas y son concebidos como una ayuda extra y no como un único ingreso, aunque a veces funcionen de esta última manera.
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El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aseguró este miércoles pasado al Senado que en las organizaciones sociales examinadas existe un “esquema de esclavitud moderno”. La pesquisa tuvo su génesis en los llamados realizados al 134, un número que el Gobierno de Milei habilitó en diciembre para denunciar ese tipo de irregularidades.
A raíz de esto, la justicia federal ordenó 27 allanamientos el lunes pasado de domicilios de integrantes y establecimientos de las organizaciones Movimiento Barrios de Pie, Frente Organizaciones en Lucha (FOL) y Polo Obrero, que niegan las acusaciones.
“Desmentimos toda esta barbaridad”, dijo a la AFP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Además, señaló que “los allanamientos fueron hechos cuando aún era de noche, cosa que está prohibida en Argentina” y que durante los procedimientos hubo “amenazas” y “actos intimidatorios”.
Potenciar Trabajo
El Gobierno asegura que busca terminar con los intermediarios de los programas sociales, a quienes Milei llama “gerentes de la pobreza”. Sin embargo, el sociólogo Santiago Poy explicó a la AFP que todas “las asignaciones se dan de manera directa a los beneficiarios”. No obstante, “en el caso de Programa Potenciar Trabajo, lo que estaba intermediado era la certificación de las contraprestaciones”, remarcó el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El plan Potenciar Trabajo, que tenía 1,6 millones de beneficiarios cuando fue eliminado en abril, otorgaba ayuda monetaria a cambio de que el beneficiario prestara un servicio a la comunidad o se formara en alguna actividad. Allí apuntan las denuncias del Gobierno. Las organizaciones sociales no pueden por sí mismas dar de baja o alta una asistencia social, pero podrían no corroborar asistencia a la contraprestación laboral que se exigía para el cobro del Potenciar Trabajo. “Yo en lo personal no escuché nunca estas prácticas de extorsión”, aseguró Poy.
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Comedores populares
El Gobierno argentino también realizó una auditoría sobre comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o estaban fuera de actividad. “Casi el 50 % de los comedores no existían”, dijo Posse. Argentina cuenta con una extensa red de comedores populares que cocinan de forma gratuita en barrios pobres del país. La mayor parte de la comida la proporciona el Estado y un pequeño porcentaje llega por donaciones privadas.
El número de “comedores fantasmas” ronda los 1.200, según consignaron medios locales, aunque el informe del organismo que lo realizó, el Ministerio de Capital Humano, aún no se hizo público. Si bien la cantidad de comedores populares en Argentina es incierta, Belliboni estimó que son 45.000 en todo el país: “Solo el Polo Obrero tiene alrededor de 3.000″.
La disputa entre gobiernos, comedores y organizaciones sociales viene desde diciembre cuando este Gobierno detuvo el envío de alimentos. Belliboni estimó que el Estado suministraba 5,5 millones de kilos de comida al mes a los depósitos de las organizaciones sociales, encargadas de distribuir el alimento a los comedores.
Fuente: AFP.
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Argentina: realizaron 27 allanamientos en comedores populares
La justicia argentina realizó 27 allanamientos mayoritariamente en comedores populares por denuncias de extorsión contra sus responsables, en momentos en que crecen los reclamos al gobierno de Javier Milei por la suspensión de la entrega de alimentos en miles de puntos de asistencia.
La causa busca determinar si existieron al menos 12 casos de extorsión por la entrega de ayudas a cambio de participación en manifestaciones contra al gobierno, basadas en denuncias anónimas y escuchas telefónicas. “Los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de ‘cooperativas’, desconociéndose el destino final de ese dinero”, indicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.
Organizaciones sociales sostienen que las denuncias buscan el descrédito y la persecución a sus dirigentes, la mayoría críticos al gobierno. Los allanamientos, sin arrestos, se realizaron el lunes y el martes de madrugada en distintos puntos de la capital argentina y su periferia.
Los allanamientos comprendieron casas particulares y sedes partidarias, como el local central del Partido Obrero (izquierda) de la capital argentina, según explicó su titular, Eduardo Belliboni, quien propuso “echar” de la organización a quien se compruebe que haya cometido una extorsión.
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La causa se abrió en momentos en que crece la conflictividad y los reclamos de más asistencia social, así como la reanudación de la entrega de alimentos a comedores populares a cargo de oenegés. Tras asumir el 10 de diciembre, el gobierno del ultraliberal Milei suspendió la entrega de alimentos a miles de comedores, mientras audita el destino de los recursos que recibían.
El Ministerio de Capital Humano, encargado de la ayuda social, denunció que la mitad de los comedores no pudieron auditarse porque no están registrados o no funcionan como tal. “Los planes contra la pobreza generan más pobreza”, escribió el martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni citando a Milei.
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Argentina atraviesa una fuerte crisis económica con desplome de la actividad industrial, miles de despidos en el Estado y en la actividad privada, derrumbe del consumo y una inflación interanual que roza el 300 %. La mitad de su población de 47 millones de personas afronta la pobreza.
Las marchas y manifestaciones son diarias de parte de sindicatos, universitarios, empresarios de pequeñas y medianas empresas, jubilados y otros sectores afectados por las políticas de ajuste de Milei. Un domicilio allanado en Escobar, al norte de Buenos Aires, es el de Carlos Fernández, dirigente del movimiento izquierdista Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), quien denunció violencia en el procedimiento.
Fuente: AFP.