Nadie que logre vivir dos días enteros en el Paraguay podría tragarse el discurso de “no enjuiciamos a la fiscala general del Estado (FGE) porque nos extorsionaron”. Cualquiera que asiste al preescolar de la política paraguaya sabe que no enjuiciaron a la FGE porque no consiguieron votos en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el mensaje de la funcionaria del Ministerio Público vino como anillo al dedo para ocultar una realidad: al menos ayer, las cifras no existían. Nadie sabe lo que sucederá después. El argumento del apriete como razón de la no presentación es de una torpeza digna de mejor ocasión; porque si tan solo fuera que los congresistas temen a la fiscala general por sus propios delitos cometidos, lo que en realidad tendría que ocurrir sería que, primero: todos tendríamos que proteger a una FGE tan enemiga del sector delincuente del Congreso. Y, segundo: el sector delincuente del Congreso, lejos de suspender una sesión para destituirla, tendría que precipitarla.
Necesitamos cierta seriedad que devuelva la confianza en la política. Por si no se dieron cuenta: hace dos días, todo el sector económico dijo que estaba harto de un país de delincuentes… y no hablaban entonces de los motochorros justamente.
