El fiscal adjunto de la Unidad Antidrogas Marco Alcaraz fue contundente al señalar en conferencia de prensa que la Seprelad no participó, ni informó, sobre los movimientos financieros de los imputados o de sus empresas en el megaoperativo A Ultranza Py. Alcaraz señaló que “las instituciones que trabajaron desde el 2019 en el presente caso fueron la Senad, Senabico y el Ministerio Público”.

Asimismo, el fiscal adjunto explicó que a partir de hoy jueves solicitarán informes a instituciones locales sobre registros en el sistema bancario, como ser transferencias, de los investigados. Además, se pedirá cooperación internacional que, a decir de Alcaraz, “requiere tiempo”.

En la presente investigación, el Ministerio Público solicitó la reserva de actuaciones, que le fue otorgada por la jueza del crimen organizado Rosarito Montanía. Esto implica que, durante un período de 10 días, no se podrá brindar datos sobre los procedimientos que realicen los agentes fiscales dentro del operativo A Ultranza Py.

Alcaraz relató que la investigación se inició en el 2019 y que tiene en la mira a una organización criminal con asociaciones que le permiten compartir responsabilidades y mercados, para así poder legitimar el dinero que tenían como ganancia. “Tenemos que señalar que la droga es de Bolivia e ingresaba vía aérea a nuestro país, se buscaba exportar la sustancia de manera lícita, simulando exportaciones de soja, trigo, carbón y otros”, indicó.

El fiscal puntualizó que los grandes cargamentos que se incautaron en Bélgica y Holanda salieron de nuestro país, simulando exportaciones y utilizando el comercio exterior para dicho fin.