En agosto pasado se daba inicio una ronda de diálogo sobre Vene­zuela que hasta hoy, y a los tumbos, se sigue desarro­llando en México. El arco opositor unido (aún con sus matices y eternas divisio­nes) y la representación de la dictadura cuenta con el diputado Nicolás Maduro Guerra, sí es el hijo del dicta­dor; Jorge Rodríguez, presi­dente de la Asamblea y Héc­tor Rodríguez, gobernador del céntrico estado Miranda. Como mediador está Noruega que cuenta con el acompa­ñamiento de Países Bajos y Rusia.

El diálogo viene como viene el propio pueblo venezolano luego de tantos años de dicta­dura, primero Chávez y luego Maduro: siempre al filo de morir de inanición. De hecho, duró apenas unos meses, está suspendido desde octubre, cuando la dictadura juntó sus implementos y se levantó de la mesa en rechazo a la extra­dición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Maduro y quien, según documentos judicia­les revelados, fue informante de la DEA en 2018. Es por eso que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea y otros 19 países urgieron el miércoles a retomar el diálogo. El Depar­tamento de Estado dijo que “los siguientes países par­ticiparon en esta reunión”: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Domi­nicana, Ecuador, España, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Portugal, Suecia y Reino Unido.

Sí, Paraguay está entre los fir­mantes. Y es coherente con la histórica posición que ha tenido nuestro país sobre el régimen que aplastó a la democracia venezolana y la dejó reducida a cenizas ape­nas Chávez se afianzó en el poder. En ese sentido, una de las líneas de acción más duras y que marcó un punto de no retorno fue el feroz hos­tigamiento y apriete que rea­lizó Chávez y luego profun­dizó Maduro a las empresas privadas. Miles de horas en espacios televisivos donde asignaban a gremios, gru­pos empresariales y empre­sas en particular la responsa­bilidad por la profunda crisis que sufrió y sufre el pueblo, como si fuese el sector pri­vado el que está en el ejerci­cio del poder, o en este caso, del abuso del mismo. Pero no conformes con esto, instaban a los ciudadanos a saquear las industrias, tomarlas por asalto, apretaban para que bajen sus precios o serían expropiadas a favor del régi­men. El hostigamiento llegó al punto de que informes hablan de al menos 5.500 empresas fueron expropiadas en los últimos veinte años. Lo paradójico es que ahora la rueda vuelve a girar y la dic­tadura está devolviendo esas empresas al sector privado, se las devuelve en quiebra, pero se las devuelve.

Valiéndose de la politique­ría y rabioso electoralismo, el Ejecutivo está haciendo con el Grupo Cartes en Para­guay lo mismo que critica a la dictadura en Venezuela. El abuso del poder repre­sivo del Estado para acosar y perseguir empresas bus­cando encubrir el desgobierno y la pésima gestión es injustificable. En Venezuela, pero también en Paraguay.

Valiéndose de la politiquería y rabioso electoralismo, el Ejecutivo está haciendo con el Grupo Cartes en Paraguay lo mismo que critica a la dictadura en Venezuela.