Mientras el vicepresidente de la República y pretendiente a la Presidencia, Hugo Velázquez, se viste con la toga de la moral para promover el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, consiguió que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendiera los efectos de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 6.763/2021 que permitían a la Controlaría General de la República auditar los gastos sociales de la entidad.
Gastos sociales que, es vox populi, son utilizados para encubrir el latrocinio, engordar la clientela política, satisfacer deleites caros y financiar campañas políticas –como ocurre ahora– mediante el desvío de recursos y la facturación de obras sobredimensionadas y hasta, quizás, trabajos que nunca se hicieron. Todas esas sospechas podrían ser develadas con esa acción de fiscalización que ahora quedó en suspenso. No es nada raro en este gobierno que se oculte al público el manejo de la cosa pública. Si no hay nada que esconder, tampoco hay nada para temer. Pero el director de la EBY no quiere que nadie entre en su cocina. Donde los platos están sucios, los restos diseminados por todos lados y las huellas de manos grasosas dejan groseros registros en las paredes.
No son, precisamente, la trasparencia ni la justicia los objetivos de esta campaña liderada por el vicepresidente Velázquez. Y aunque intenten presentarse ante la sociedad como “cruzados” de la moral, la realidad les escupe en el rostro como en este caso concreto de Yacyretá en que violentan los principios más elementales del acceso a la información pública. Por lo que nos reafirmamos en lo que venimos sosteniendo desde hace días: quieren la Fiscalía General del Estado para garantizar impunidad a los cómplices de este proyecto oficialista, especialmente para cuando el próximo gobierno abra las compuertas de las instituciones como Yacyretá, hoy blindadas para evitar rendir cuenta al pueblo paraguayo. Tenemos que terminar con la impunidad para que estos actos de corrupción, que le roban el pan a la gente más humilde, no vuelvan a reproducirse en el futuro. Y, por el otro lado, insistimos, quieren la Fiscalía para blandir como atemorizante garrote en contra de sus adversarios políticos. Y para ese cometido cuentan con la gustosa complicidad de los liberales “velazquistas” liderados por la diputada Celeste Amarilla y los pseudoopositores marioabdistas, como la senadora Desirée Masi.
Bastardean las instituciones copándolas de personas improvisadas, incompetentes, por la sola y exclusiva razón de responder al proyecto prohijado por el mismo jefe de Estado, Mario Abdo Benítez. Ahí tenemos al señor Carlos Jorge Afara Rojas –hermano del senador velazquista, Juan Afara– quien acaba de ser nombrado consejero de la Entidad Binacional Yacyretá. No se le conocen más méritos que los antecedentes mencionados. Son estos gestos concretos, y no las palabras altisonantes, los que definen las verdaderas intenciones de este proyecto político-partidario que participará de las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana el próximo 18 de diciembre. El sentido hueco de los discursos es rellenado con la evidencia irrebatible del manejo arbitrario y primitivo del Estado.
Para el abogado Ezequiel Santagada, especializado en acceso a la información pública, los miembros de la Sala Constitucional (Alberto Martínez, César Diesel y Víctor Ríos) “hicieron trizas el concepto republicano de gobierno y eso es grave. Va a tener consecuencias a largo plazo para el país. Eso es lo que erosiona a largo plazo la credibilidad del país”. Para el vicepresidente de la República, estas vyrésas no le impresionan. Él tiene la mirada clavada en la Fiscalía General del Estado. No importa que estos tres ministros de la Corte hayan suspendido los efectos de una ley sin fundamentar el porqué. Tampoco le vemos muy entusiasmado al vicepresidente Hugo Velázquez para que su aliado político Duarte Frutos proceda con trasparencia en la utilización de los recursos de Yacyretá. Recursos que son de todos los habitantes del Paraguay. Es cuando el discurso –repetimos– se divorcia de la realidad. Y la credibilidad alcanza su descalificación máxima de bajo cero.
Aguardamos un firme pronunciamiento del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez –”enemigo declarado de la mafia”–, sobre la necesidad de transparentar los gastos sociales de Itaipú y Yacyretá que se manejan con el secretismo del crimen organizado. Ese puede ser su único legado para la posteridad. Hasta hoy absolutamente nulo.
No son, precisamente, la trasparencia ni la justicia los objetivos de esta campaña liderada por el vicepresidente Velázquez.