La grosera manipulación y la sectarización del Estado a favor de una fracción interna del Partido Colorado han quedado evidenciadas con la convocatoria que realizó el vicepresidente de la República y aspirante a la Presidencia, Hugo Velázquez, a varios altos funcionarios que tienen a su cargo el control del movimiento financiero en nuestro país. El tufo a rédito político lo huele hasta el más incauto de los ciudadanos. No solamente se vulneraron claras disposiciones constitucionales, arrogándose deberes y atribuciones que son ajenos al cargo, sino que tampoco ya disimulan las formas de una guerra sucia que dispara hacia todos lados para tratar de instalar una candidatura que, según todas las encuestas, no ha logrado prender en la preferencia del electorado republicano. Su “preocupación e interés” por el contrabando y el lavado de dinero se manifiestan cuatro años después de asumir el cargo y, casualmente, en plena campaña proselitista.
El vicepresidente de la República ha demostrado ser una persona poco apegada a la Constitución Nacional, especialmente en su artículo 226, donde se deja la incontrovertible constancia de que “el Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de la República”. En la fundamentación del mencionado artículo, el convencional Bernardino Cano Radil (ya fallecido) había explicado que “en este sistema, el Poder Ejecutivo lo ejerce única y exclusivamente el presidente de la República”, y que “los ministros (y por extensión, los demás funcionarios de alto rango) son secretarios del presidente de la República”, por tanto, “no son integrantes del Poder Ejecutivo”. Mientras que la función del vicepresidente (artículo 227) es la de sustituir al Presidente en los casos previstos en nuestra ley fundamental. Entre sus deberes y atribuciones (artículo 239) no existe la figura de “convocar” a ministros o presidentes de entes para pedir explicaciones. Esa es una facultad no delegada del jefe de Estado. A lo máximo puede “participar de las deliberaciones del Consejo de Ministros” y, eso sí, “coordinar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”. Ahora, es obvio que realizó tal convocatoria y su consecuente reunión, con anuencia del mandatario. Así se va ampliando el camino de la degradación, subordinación y manipulación –repetimos– de las instituciones a razón de intereses del movimiento Fuerza Republicana. Es el camino de la anarquía y del desgobierno.
La primera escena de esta montada trama electoral se inició el 3 de febrero de este año, cuando un nervioso y alterado ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, lanzaba manotazos de ciego ante la Comisión Permanente del Congreso tratando de justificar su incompetencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía y no responder a su desmesurado incremento patrimonial en los últimos años. Incremento que no es coherente con sus ingresos. Atacó a la “Bolsa de Valores como una bolsa de delincuentes”, lo que para muchos analistas fue un verdadero acto de “terrorismo financiero”.
El vicepresidente Velázquez pretendió politizar la crítica que realizan varios sectores de la sociedad hacia el ministro del Interior, declarando que el juicio político (que no prosperó) a Giuzzio “es una vendetta del cartismo”; es decir, su adversario para las internas del 18 de diciembre de este año. E inmediatamente calificó al secretario de Estado de “honesto, honorable, capaz y valiente”. Ahora, lentamente, van apareciendo que los organismos de seguridad bajo el mando de su ministro defendido están infiltrados por delincuentes del crimen organizado. Van cayendo las fichas.
El objetivo final en esta primera escena de todo el teatro montado por Velázquez es la Fiscalía General del Estado. Mientras se reunía con representantes de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), de la Bolsa de Valores y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) –el Banco Central del Paraguay ignoró la convocatoria del vicepresidente–, la propietaria del Partido Democrático Progresista (PDP) y principal aliada del gobierno de Mario Abdo Benítez, senadora Desirée Masi, anunciaba la preparación de un libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para un eventual juicio político. Y Giuzzio es un jugador original del PDP. Todo está muy claro. Y gira alrededor de las internas del Partido Colorado, tratando de potenciar, desesperadamente, la figura de Hugo Velázquez. Y de tener un fiscal general a la medida para perseguir a sus adversarios o tratar de garantizar impunidades en el futuro.
El vicepresidente de la República usurpó atribuciones que no son de su competencia al convocar a su despacho a varios funcionarios de alto rango para pedir explicaciones.
El Poder Ejecutivo lo ejerce única y exclusivamente el Presidente de la República (Artículo 226). No existe, por tanto, “el segundo del Ejecutivo”. Es uno solo.